La primera verdadera prueba del Tribunal de Disciplina Judicial | Artículo de Miguel Bonilla

Por Miguel Bonilla López / Observatorio de la Justicia*

“Quis custodiet ipsos custodes?”
—¿Quién vigilará a los propios guardianes?
Juvenal

Hay instituciones que nacen con deuda: demostrar que merecen el poder que se les confía. El Tribunal de Disciplina Judicial es una de ellas. Creado por la reforma de septiembre de 2024, cumple una de las más delicadas funciones: vigilar y sancionar a quienes imparten justicia. Se le dotó de una legitimidad inédita —sus cinco integrantes fueron electos por voto popular (no discutiremos aquí la corrección de esas elecciones)— y de una potestad temible: puede destituir e inhabilitar a jueces y magistrados, y sus resoluciones son definitivas e inatacables. A menos de un año de su instalación, enfrenta ya la única prueba que importa: ¿puede confiarse en él?

La prueba llega en forma de denuncia. Leímos hace pocos días (El Universal, 3-VII-2026) que la Asociación Mexicana de Juzgadoras ha contabilizado más de 40 procedimientos, y 7 exjueces ya comparecen ante el Tribunal. Según la asociación, no responden a corrupción ni a faltas administrativas, sino a una represalia: haber admitido amparos y concedido suspensiones contra la reforma de 2024, o cuestionado la prisión preventiva oficiosa. El denunciante principal, aseguran, es la Secretaría de Gobernación: el Poder Ejecutivo.

Conviene medir la acusación. Si fuere cierta, sería gravísima: convertiría un órgano jurisdiccional en brazo político. Hay una frontera que ningún sistema judicial cruza inocentemente: la que separa disciplinar a un juez por su conducta —corrupción, negligencia, nepotismo— de castigarlo por el contenido de sus sentencias. Lo que un juez no puede es ser sancionado porque su criterio molestó al poderoso. Si resolver conforme a la Constitución se toma como falta disciplinaria, la justicia deja de ser un contrapeso y pasa a ser una correa de transmisión.

El gobierno tiene, es verdad, una defensa que vale exponer: habría conflicto de intereses en quienes juzgaron una reforma que los afectaba. No es frívolo, pero se vuelve contra quien lo esgrime. Si ese conflicto descalifica a quien juzga la reforma, ¿qué decir de quien la impulsó o la operó desde el Ejecutivo y hoy ocupa cargos clave en el nuevo andamiaje judicial? La defensa lo ha señalado con nombres: promotores de las querellas que hoy encabezan la Fiscalía o la administración del propio Poder Judicial.

Aquí viene a cuento Juvenal. Ningún poder es tan peligroso como el que no rinde cuentas. El Tribunal reúne las dos condiciones que deberían alarmar a la República: ejerce un poder máximo y sin control ulterior. Por eso la transparencia no es sólo virtud recomendable; es la única salvaguarda de la ciudadanía: suprimida la impugnación, la publicidad es el último tribunal. La Constitución les exige actuar con independencia, sin representar a quien los propuso. Ese mandato no se cumple declarándolo; se cumple mostrándolo, y más cuando pesa sobre ellos la cercanía documentada con el régimen.

El Tribunal no puede refugiarse en el silencio. Le corresponde hacer público de qué trata cada proceso: qué falta se imputa, con qué pruebas y, sobre todo, en qué se distingue del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional. Debe demostrar, caso por caso, que sanciona conductas y no criterios, y que los expedientes no nacieron al día siguiente de un fallo incómodo. Si tiene razón, la transparencia lo blindará; si no, no lo salvará ninguna opacidad, y menos ante la CIDH y la ONU, adonde los afectados anuncian que llevarán los casos.

La sospecha es ya una forma de daño. Un tribunal que actúa —o parece actuar— por consigna erosiona la confianza de la que depende el nuevo sistema judicial, cuyos propugnadores pidieron un acto de fe: que elegir jueces en las urnas los haría más independientes, no más dóciles. La legitimidad de las urnas se otorga en un día; la de la conducta hay que ganarla a diario. Por el bien del país, de la justicia y de una ciudadanía que tiene derecho a saber, el Tribunal debe informar, puntual y verificablemente, de qué se trata todo esto. No como concesión, sino como obligación constitucional. Los guardianes de la disciplina solo tienen una manera de responder a la vieja pregunta de Juvenal: dejándose ver.

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* Miguel Bonilla López forma parte del Observatorio de la Justicia, una iniciativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, con la participación de diversas instituciones. Aristegui Noticias, medio independiente multiplataforma, contribuye con la difusión de las actividades del Observatorio de la Justicia.