La ANT en la mira de Procuraduría y Contraloría, ¿qué pasó con las tierras de la reforma?
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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) desembolsó más de 14.300 millones de pesos en anticipos para comprar cuatro haciendas en Puerto Gaitán, Meta, pese a que estudios de la propia entidad advertían restricciones que impedían destinarlas a la reforma agraria. Hoy, esos negocios están bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Según reveló la revista Cambio este domingo, los predios son Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana, adquiridos entre noviembre y diciembre de 2023 por más de 36.000 millones de pesos. Los anticipos autorizados en enero de 2024 sumaron 14.339 millones.
Los predios son Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana. Foto: Colprensa.
El problema estaba identificado desde el inicio
Lo que hoy cuestionan los organismos de control no es un hallazgo posterior a la compra, sino que los expedientes ya advertían restricciones ambientales, territoriales y agronómicas que dificultaban el uso de esas tierras para la adjudicación a familias campesinas.
De acuerdo con documentos citados por Cambio, durante los estudios previos aparecieron superposiciones con resguardos indígenas, afectaciones relacionadas con el humedal Alto Vichada, limitaciones derivadas de la Unidad Agrícola Familiar y problemas de aptitud productiva.
La ANT desembolsó más de 14.300 millones de pesos en anticipos. Foto: Colprensa.
Pese a esas observaciones, la ANT siguió adelante con las negociaciones y autorizó los anticipos.
El resultado es que, según fuentes consultadas por la revista, ninguno de los cuatro predios ha podido incorporarse al Fondo de Tierras, precisamente porque las restricciones detectadas siguen sin resolverse.
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Qué pasó con las haciendas
La situación jurídica de los predios es diferente para cada uno. En los casos de La Porfía y La Juliana, las escrituras quedaron registradas a nombre de la ANT desde mayo de 2024. En cambio, para Visalia y El Paraíso, los pagos finales quedaron condicionados a la entrega definitiva de los terrenos.
Sin embargo, documentos internos de la entidad muestran que durante 2025 la propia ANT seguía buscando alternativas para definir el futuro de esas compras, incluyendo la posibilidad de destinarlas a comunidades étnicas o evaluar otros usos.
Incluso, algunos de los casos terminaron en procesos de conciliación extrajudicial con los vendedores.
La defensa de Felipe Harman
Harman aseguró que los negocios se firmaron antes de su llegada a la ANT. Foto: Colprensa.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, aseguró que los negocios fueron firmados antes de su llegada a la entidad. Los contratos se suscribieron en diciembre de 2023, mientras que Harman asumió la dirección en febrero de 2024 tras la salida de Gerardo Vega.
Según su versión, una revisión posterior concluyó que los cuatro predios tenían "graves limitaciones para el desarrollo de actividades agrícolas sostenibles", entre ellas problemas de fertilidad y acidez de los suelos.
Por esa razón, sostuvo, su administración frenó el avance de los procesos y creó un comité para revisar las adquisiciones consideradas críticas.
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El otro frente que enfrenta la ANT
Las compras de Puerto Gaitán se conocen mientras la Contraloría también revisa otra operación de gran tamaño.
Sede de la Contraloría General de la República. Foto: Colprensa.
El ente de control advirtió riesgos en la adquisición de 537 predios administrados por la SAE, por los que la ANT comprometió cerca de un billón de pesos cuando buena parte de los trámites registrales aún no estaban terminados.
Según la auditoría, al 22 de junio de 2026 solo tres inmuebles tenían escritura registrada a favor de la Nación. La Contraloría considera que se flexibilizaron condiciones contractuales que inicialmente exigían completar ciertos trámites antes de desembolsar los recursos.
Harman rechaza esa conclusión. Sostiene que los campesinos que ocupan esos predios tienen seguridad jurídica y que la mayoría de los procesos sigue avanzando hacia su saneamiento definitivo.
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Un expediente que llega al cambio de gobierno
La controversia aparece a menos de un mes de la posesión de Abelardo de la Espriella, cuando la política de tierras del gobierno Petro entra en etapa de cierre.
Abelardo de la Espriella, presidente electo que se posesiona el 7 de agosto. Foto: Colprensa.
Mientras el Ejecutivo saca pecho por la la formalización de millones de hectáreas y la ampliación del Fondo de Tierras, los organismos de control mantienen abiertas investigaciones sobre varias adquisiciones realizadas durante el cuatrienio.
Por ahora, la Procuraduría cuestiona posibles fallas en los procesos de compra y la Contraloría revisa si hubo riesgos para los recursos públicos. Entretanto, las haciendas de Puerto Gaitán siguen sin cumplir el propósito para el que fueron adquiridas.
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