Poder Judicial analizará omisión histórica del Ejército Mexicano en la entrega de archivos de la Guerra Sucia
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se prepara para abordar un asunto que podría marcar un antes y un después en el acceso a la verdad sobre la llamada “Guerra Sucia” en México.
La magistrada Sandra Janet Hernández Chávez presentará el proyecto de resolución del amparo en revisión 43/2025, el cual se centra en los archivos secretos que la Secretaría de la Defensa Nacional (antes conocida como la Sedena) conserva bajo resguardo. La decisión que se tome no solo impactará a Alicia de los Ríos Merino, quien reclama el derecho a conocer el destino de su madre desaparecida, sino que también será trascendental para miles de víctimas y familiares que llevan décadas exigiendo justicia y transparencia.
En febrero de 2019, el Diario Oficial de la Federación publicó una instrucción presidencial clara: todas las dependencias federales debían trasladar al Archivo General de la Nación los documentos históricos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos y persecuciones políticas. Dicha disposición, de carácter obligatorio, incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, que hasta hoy no ha entregado la documentación correspondiente, pese a los requerimientos y a la presión social acumulada durante años.
El contexto se agravó cuando, en el marco de las labores del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEVH), investigadores pudieron acceder de manera limitada a los archivos históricos en poder de la Sedena. Allí localizaron documentos inéditos que resultan esenciales para esclarecer violaciones a las garantías individuales y para la localización de personas desaparecidas. Sin embargo, el Ejército obstaculizó la consulta, alteró y ocultó expedientes antes señalados, y finalmente prohibió el acceso al resto del material. Esta situación quedó registrada en el informe público de la instancia de octubre de 2023, donde se denunció la obstrucción a la verdad por parte de la institución castrense.
Disputa judicial por el acceso a los archivos de la Defensa
Ante la publicación de ese documento y la negativa reiterada de la dependencia a cumplir con el decreto presidencial, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por el artículo 19 y el Centro Prodh, promovió un juicio de amparo en noviembre de 2023. El objetivo era frenar la posible manipulación o destrucción de los archivos militares referentes a la Guerra Sucia y garantizar su transferencia al Archivo General de la Nación.
En un primer momento, el Juzgado Primero de Distrito concedió la suspensión definitiva para evitar cualquier alteración o eliminación de los documentos. Sin embargo, la protección judicial fue revocada en una fase posterior, dejando la resolución final en manos del Tribunal Colegiado. Tras casi tres años de litigio, el expediente en revisión será discutido hoy y podría sentar un precedente sobre la forma en que se resguardan y transparentan los archivos históricos relacionados con violaciones a derechos humanos.
Un primer proyecto elaborado por el magistrado Alfredo Enrique Báez López fue sometido a discusión en febrero de 2026. El planteamiento negaba el amparo a la peticionaria bajo el argumento de que era necesario individualizar los documentos solicitados, lo cual resulta inviable, pues el contenido y existencia de esos archivos solo puede verificarse una vez que sean desclasificados. Las magistradas Ana María Ibarra Olguín y Sandra Janet Hernández Chávez objetaron este razonamiento, subrayando que el caso no es cuestión de información pública, sino de acceso a la verdad y cumplimiento de una obligación precisa establecida en el decreto de 2019.
Repercusiones sociales y el papel del Poder Judicial
El debate en el tribunal refleja el profundo reto que enfrenta el Poder Judicial en la nueva etapa posterior a la reforma judicial. Las organizaciones de defensa de derechos humanos insisten en que la decisión debe priorizar a las víctimas y su derecho a la verdad, así como al conjunto de la sociedad que demanda esclarecer los atropellos del pasado. El contexto actual ofrece al sistema la posibilidad de establecer un mecanismo de supervisión legal para identificar y transferir los archivos en cuestión.
La negativa histórica del sector a transparentar información sobre hechos de represión estatal ha prolongado la deuda con quienes buscan justicia desde hace medio siglo.
El amparo en revisión 43/2025 representa una oportunidad única para que las autoridades de la Federación asuma un rol activo en la protección de los derechos humanos y marque el inicio de una etapa de mayor apertura y escrutinio sobre el periodo de la Guerra Sucia.
Infobae
