Ve Juan Carlos Barragán mano del gobierno estatal detrás de su inhabilitación por dos décadas
Dice que la determinación carece de sustento y responde a intereses políticos
El diputado local guinda Juan Carlos Barragán Vélez responsabilizó al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Contraloría de promover el procedimiento administrativo que derivó en una sanción de 20 años de inhabilitación, luego de que se le atribuyera un presunto desvío de recursos por 5.6 millones de pesos.
El legislador de Morena anunció que recurrirá a la vía de apelación para combatir la resolución, al considerar que la determinación carece de sustento y responde a intereses políticos.
“Estoy muy tranquilo. La resolución será impugnada por improcedente y porque me asiste la verdad. Las cuentas están claras y las diferentes observaciones fueron debidamente atendidas en tiempo y forma hace más de seis años”, manifestó.
La resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán deriva del periodo en que Barragán Vélez encabezó la Secretaría de Desarrollo Social y Humano durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, actualmente prófugo de la justicia.
La autoridad determinó imponer una inhabilitación por 20 años para ocupar cargos públicos y fijó un pago de 5 millones 636 mil 600 pesos por concepto de daño a la hacienda pública, después de acreditar irregularidades relacionadas con la dispersión de recursos del programa Beca Futuro 2018.
De acuerdo con la investigación, los recursos fueron entregados a 2 mil 24 personas que no contaban con autorización del comité correspondiente, además de existir incertidumbre respecto al reintegro de dichos fondos al patrimonio estatal.
Barragán Vélez aseguró que la sanción obedece a una estrategia orientada a sacarlo de la contienda política rumbo a 2027 y señaló directamente al Ejecutivo estatal.
“No es casualidad que esto ocurra cuando encabezamos las encuestas, cuando estamos fuertes en territorio, cuando ven que somos una opción real de la transformación de Morelia. La acusación fue causada por la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán, una dependencia subordinada al Poder Ejecutivo estatal, y fue emitida por una magistrada del Tribunal Anticorrupción con un evidente conflicto de interés que afecta su imparcialidad”, señaló.
El morenista sostuvo que existe una consigna política en su contra y consideró que el objetivo de la resolución es apartarlo de la carrera electoral en la capital michoacana.
La resolución fue emitida el 17 de junio de 2026 y notificada al órgano interno de control el 19 de junio, constituyéndose, según el Tribunal Anticorrupción y Administrativa de Michoacán, en la primera resolución administrativa en contra del exfuncionario y de otros involucrados.
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