¿Cuándo se combate la corrupción a los de arriba? Elarsenal.net
Por. Raúl Flores Martìnez
La lucha contra los actos de corrupción en México, siempre se realiza en los mandos medios y bajos, nunca en los altos mandos, nunca en las cabezas, ni mucho menos en quienes dan la cara en las dependencias o partidos políticos.
Recientemente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 39 servidores públicos adscritos a distintas dependencias federales, en un bloque de resoluciones que exhibe irregularidades que van desde presuntos daños millonarios al erario hasta negligencia médica, cobros indebidos, manejo irregular de recursos y faltas administrativas.
El caso de mayor impacto económico involucra a cuatro funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, señalados por la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que, de acuerdo con la dependencia, no eran necesarios para la prestación del servicio eléctrico. Por estos hechos, Roberto V., Alberto M. y José Q. fueron inhabilitados por 20 años, mientras que Francisco D. recibió una inhabilitación de 10 años.
Además, los cuatro servidores públicos fueron sancionados de manera solidaria con una multa de mil 192 millones 500 mil pesos, una cifra que coloca este expediente como el de mayor peso dentro del paquete de sanciones difundido este domingo.
El reporte oficial también incluyó casos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En Puebla, José R. fue inhabilitado por 10 años tras acreditarse que obtuvo un beneficio económico indebido por 152 mil pesos mediante la venta de guías de mensajería. En Celaya, Guanajuato, Guadalupe H. recibió una inhabilitación de un año por exigir y recibir ilegalmente 15 mil pesos.
En otro expediente, un funcionario del IMSS fue suspendido durante 10 días por brindar un tratamiento inadecuado a un paciente con diagnóstico terminal, hecho que fue considerado como falta no grave, aunque revela una zona sensible dentro del servicio público: la atención médica en condiciones de vulnerabilidad extrema.
La Secretaría también sancionó a Francisco O., servidor público del Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, quien fue inhabilitado por 10 años y recibió una sanción económica por cobrar simultáneamente una plaza de estructura y honorarios.
En el Banco del Bienestar, Esmeralda O., Verónica G. y Ana J. fueron castigadas con inhabilitaciones que van de siete a 10 años, además de multas, por irregularidades relacionadas con operaciones bancarias. El caso resulta relevante por tratarse de una institución clave en la dispersión de apoyos sociales y recursos públicos.
Otro expediente alcanzó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Carlos M. fue inhabilitado por ocho años y multado con 4.9 millones de pesos, luego de que se acreditarán depósitos a su cuenta personal y la omisión en la devolución de un vehículo oficial.
Dentro de las faltas graves también aparecen sanciones contra personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo. Saira H. fue inhabilitada por un año, mientras que Álvaro M. y Noel M. fueron suspendidos seis meses por autorizar el pago de una estimación pese al incumplimiento de un contrato.
El Servicio de Administración Tributaria también figura en la lista. Rubén D., Carlos G. y Patricia C. recibieron suspensiones de entre 30 y 90 días por distintas irregularidades administrativas.
En total, la dependencia federal acreditó faltas graves contra 17 servidores públicos. A ellos se suman 22 funcionarios sancionados por faltas no graves, adscritos al IMSS, Guardia Nacional, INDEP, Pemex, Secretaría de Cultura, Procuraduría Agraria, Tren Maya, Profeco, CNBV, Finabien, SAT y Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Sin embargo, ninguno de ellos son los peces gordos como decía ya un olvidado expresidente, no figura ningún gobernador o diputado de Morelos, mucho menos ningún enlistado por el gobierno de Estados Unidos.
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