León XIV sacude el debate migratorio mientras la regularización entra en su recta final marcada por las “trabas administrativas, retrasos y deportaciones” Infobae

La inmigración se ha situado esta semana en el centro de la agenda social y política en España, un debate impulsado por la visita de León XIV, quien ha transmitido un mensaje firme contra la discriminación y en defensa de la dignidad de las personas migrantes. El papa ha reclamado “vías legales y seguras, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración” durante su recorrido por el país, que ha incluido paradas en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria y el centro de acogida Las Raíces en Tenerife, dos puntos simbólicos de la migración africana que llega al archipiélago arriesgando su vida en el mar. Las declaraciones del pontífice han tenido eco en todo el arco institucional y político, y han servido de impulso al Gobierno de Pedro Sánchez en medio de las críticas a su gestión migratoria y la situación nacional, presentando la visión humanista del Vaticano como un respaldo a su política en la materia.

Según la ministra y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, “los mensajes del papa han sido un espaldarazo desinteresado a la política migratoria del Gobierno de España”. También destacó que los discursos del pontífice en favor de los migrantes “chocan de manera clara y contundente con esa nefasta ‘prioridad nacional’ que pivota en los acuerdos de PP y Vox”, que establece que los ciudadanos españoles tengan preferencias sobre los extranjeros en el acceso a ayudas públicas. Aunque ni el partido de Alberto Núñez Feijóo ni el de Santiago Abascal se han dado por aludidos. El líder ‘popular’ afirmó que comparte el mensaje del papa “de la A a la Z”, mientras que el ultraderechista reclamó para España la política migratoria del Vaticano.

La defensa en estos últimos días de las personas migrantes, sin embargo, contrasta con la realidad administrativa del proceso de regularización extraordinaria que está en marcha en España desde mediados de abril, una medida que pretende otorgar el permiso de residencia y trabajo a más de medio millón de extranjeros que ya residían en el país, pero sin poder ejercer derechos básicos al no tener papeles.

Fallos burocráticos y “redadas racistas”

Organizaciones sociales colaboradoras de Extranjería, que están sosteniendo en buena medida el proceso —asesorando a los solicitantes y facilitándoles la obtención de los certificados de vulnerabilidad—, han denunciado las trabas administrativas y los fallos burocráticos que amenazan con dejar fuera del proceso a miles de personas vulnerables, además de los controles raciales y deportaciones exprés como la que sufrió recientemente Abdou, un joven senegalés. Las entidades sociales también critican las demoras en la admisión a trámite de expedientes y las “pocas resoluciones favorables”, cuando apenas quedan poco más de dos semanas para que termine el plazo del 30 de junio para acceder a la regularización.

Desde la organización Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la activista Edith Espínola explica a Infobae que, en muchos casos, los expedientes pueden tardar hasta mes y medio en ser admitidos a trámite, sin que exista claridad sobre el procedimiento que sigue Extranjería para su gestión. Esta situación afecta especialmente a familias con menores, “con la angustia e incertidumbre que implica” vivir en esas condiciones, añade. También denuncian la ausencia de recursos y personal suficiente en las oficinas de Extranjería para atender el volumen de solicitudes, “pese a la cantidad de personas desempleadas que podrían cubrir esas funciones”, sostiene Espínola, que asegura que “el racismo institucional y la violencia silenciosa afectan de manera desproporcionada” a los colectivos migrantes.

Extender el plazo del proceso más allá del 30 de junio

Por todo ello, desde el movimiento Regularización Ya, que aglutina a decenas de asociaciones de migrantes, han llevado este miércoles al Congreso una proposición no de ley (PNL) para pedir la prórroga del plazo. “A través de esta PNL, también señalamos con preocupación la falta de citas para huellas, la burocracia de las administraciones, la inoperancia de algunos consulados para legalizar certificados de antecedentes penales y las deportaciones racistas puestas en marcha desde la firma del primer acuerdo“, indica por su parte Victoria Columba, portavoz del movimiento. La activista también recuerda que incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado en un informe que se suspendan las deportaciones de quienes ya han iniciado el procedimiento, dado que muchas personas no logran completar la solicitud por obstáculos ajenos a su voluntad.

“El Gobierno tiene la obligación de garantizar que este proceso se realice con éxito. El plazo arbitrario del 30 de junio no haría justicia al esfuerzo que estamos haciendo las entidades sociales, sin presupuesto, ni al sacrificio de muchas personas que están pagando trámites consulares excesivos sin poder legalizarlos”, sostiene Columba.

La PNL presentada ante el Congreso propone una serie de medidas urgentes para corregir las deficiencias detectadas en la regularización, como facilitar, de manera prioritaria, los trámites de legalización de documentos en los consulados españoles y reforzar el sistema de citas para la toma de huellas dactilares. También plantea la suspensión temporal de las órdenes de expulsión mientras dure el proceso y pide garantizar la presunción de inocencia, evitando que antecedentes policiales sin condena judicial afecten negativamente los expedientes, al tiempo que solicita agilizar la apostilla de los certificados penales requeridos.

A pesar de las dificultades señaladas por las organizaciones sociales y el propio Defensor del Pueblo, la visita y el mensaje de León XIV han situado el foco en la necesidad de que la regularización no quede relegada a una mera declaración de intenciones. La defensa del pontífice a favor de los migrantes ha reforzado el debate sobre la obligación de garantizar derechos fundamentales y la importancia de convertir la acogida y la integración en realidades concretas para quienes han sido excluidos durante años.