Empieza la aplicación obligatoria del pacto que endurece la política migratoria de la UE Infobae
Bruselas, 12 jun (EFE).- El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea comienza a aplicarse de forma obligatoria en todo el territorio europeo este viernes, con una serie de reglamentos que confirman el endurecimiento de la política migratoria de los Veintisiete.
El blindaje de las fronteras externas con controles obligatorios, la agilización de procedimientos como las expulsiones y el polémico sistema de solidaridad son los puntos cardinales de este nuevo marco legal, y su implementación llega tras una fase de transición de dos años desde su entrada formal en vigor, para dar tiempo a los Estados miembros a adaptarse.
Además, contempla una serie de medidas a las que se sumó el acuerdo político alcanzado entre instituciones europeas la pasada semana para la creación de centros de retorno para migrantes en terceros países a la que se opuso España desde su concepción.
Una solidaridad obligatoria de impacto incierto
Uno de los ejes que afecta especialmente a España es el denominado "sistema de solidaridad" que obliga a los Estados miembros a apoyar en la gestión migratoria a los países más afectados por la presión migratoria.
Italia, Chipre, Grecia y la propia España se verán beneficiadas a través de reubicaciones de migrantes y apoyo financiero u operativo a las que se opusieron durante la concepción del Pacto países como Hungría -bajo el mandato de Viktor Orbán- y Polonia, este último aún condicionado por la recepción de entorno a un millón de refugiados ucranianos desde 2022.
Para este primer ciclo de aplicación -los primeros seis meses-, España se decantará por el apoyo financiero, que será destinado en gran parte a medidas como la formación de jueces que gestionarán el procedimiento exprés que resolverá el asilo de los migrantes en un plazo de hasta 12 semanas.
Cuando se adoptó la decisión sobre el contingente de solidaridad a principios de este año, España emitió una declaración explicando que se había abstenido porque consideró que el primer ejercicio constituye un desvío "extraordinario" con respecto a las cantidades inicialmente previstas.
Y es que, frente a las 30.000 reubicaciones ó 600 millones de euros identificados originariamente por la Comisión Europea y las 21.000 reubicaciones ó 420 millones finalmente acordados por los Estados miembros, al final, con la aplicación de exenciones y deducciones, la solidaridad real del primer ejercicio -hasta final de 2026- se va a traducir en 962 reubicaciones y 74,66 millones de euros.
Por ello, España consideró que la decisión no garantiza una solidaridad efectiva que responda a las necesidades de los Estados bajo presión migratoria ni el cumplimiento de las obligaciones de contribuir de todos los países, y mostró su preocupación por que la decisión siente un precedente negativo.
La Comisión Europea se ha esforzado en explicar que el fin de este periodo transitorio "es solo el comienzo" de la aplicación del Pacto, del que fuentes comunitarias desconocen el nivel de puesta en marcha en todo su esplendor en los diversos países.
Hay Estados miembros, como Bulgaria, muy avanzados en la aplicación técnica, y otros como Grecia a los que el Ejecutivo comunitario ha instado a avanzar en la implantación de medidas.
En el caso de España, "existen algunos flecos por pulir en comparación con el Plan Nacional de Implementación que se adoptó en 2024", aunque tienen "confianza de que se pueda aplicar plenamente", según reconocieron a EFE fuentes diplomáticas españolas, que no especificaron cuándo estará listo por completo.
El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, recordó en una entrevista grupal en la que participó EFE que la UE "asumió una gran responsabilidad, pero sin ningunas leyes" hace once años, cuando tuvo lugar la última gran crisis migratoria.
"No teníamos un sistema, y por eso lo hicimos. No teníamos control sobre lo que estaba pasando en ese ámbito. Por eso este Pacto es tan importante", añadió. EFE
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