La Corte Suprema ratificó la prisión preventiva para el ex juez federal de Mendoza Walter Bento Infobae
La Corte Suprema ratificó la prisión preventiva para el ex juez federal de Mendoza Walter Bento, al rechazar un planteo que presentó junto a su esposa por falta de sentencia definitiva. También dejó firme la revocación de su sobreseimiento por falsedad ideológica y los rechazos a las recusaciones presentadas contra jueces y fiscales.
En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza había condenado a Bento a 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a $540 millones, al considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios procesales en causas penales bajo su cargo.
Este jueves, el máximo tribunal del país desestimó el recurso presentado por Bento y su esposa “por falta de sentencia definitiva”, según el fallo. La resolución llevó las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, de los conjueces Rocío Alcalá, Jorge Morán y Juan Perozziello Vizier, mientras que el juez Horacio Rosatti se excusó de intervenir en la causa.
La decisión de la Corte
En uno de los planteos que analizó la Corte, dejó firme la orden de ejecución de prisión preventiva y detención inmediata del ex magistrado, al rechazar el recurso. Según la misma resolución, Bento está imputado por asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo en 15 hechos, prevaricato, retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos calificado, abuso de autoridad en 10 hechos y desobediencia.
En otra resolución dictada “con un 280”, sin analizar el fondo del planteo, la Corte ratificó el rechazo de la recusación planteada por Bento contra las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereyra y Eliana Ratta Rivas. Además, en una decisión separada, desestimó por incumplimiento de la acordada 4/2007 el recurso contra el rechazo de la recusación del fiscal Dante Vega y la fiscal María G. André.
La condena dictada en febrero
Por unanimidad, el Tribunal Oral 2 de Mendoza declaró en febrero al ex juez, de 63 años, responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda y en ejercicio de su función pública, falsedad ideológica en dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.
La defensa pidió que cumpliera la pena en prisión domiciliaria, pero el tribunal difirió ese planteo para resolverlo más adelante. Bento seguirá detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo.
Marta Boiza, esposa del ex magistrado, recibió una condena de seis años de prisión tras ser hallada culpable por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Uno de los hijos del matrimonio, Nahuel Agustín Bento Boiza, fue condenado a cinco años de prisión por lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda.
El fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza alcanzó a 17 imputados hallados responsables en la causa. Esa etapa del proceso definió el monto de las penas y la modalidad de cumplimiento para todos los condenados.
Qué se investigó en la causa
La causa investiga a Bento por presuntamente liderar una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de favores judiciales, según el expediente. Esas maniobras incluían imputaciones o detenciones y la exigencia de sobornos para desvincular total o parcialmente a personas sometidas a procesos penales.
El juicio oral se extendió por más de 130 audiencias, con cerca de 300 testigos y el análisis de prueba documental y digital ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza. Según se tuvo por acreditado en el veredicto, la organización habría movilizado al menos USD 1,7 millones en coimas, además de bienes muebles e inmuebles.
El debate comenzó en julio de 2023 y examinó el funcionamiento de una estructura que, según el veredicto, operó al menos desde 2007 en expedientes complejos, entre ellos causas por narcotráfico y contrabando tramitadas en el juzgado de Bento.
De acuerdo con lo que el tribunal tuvo por probado, el mecanismo consistía en cobrar sobornos para otorgar libertades, morigeraciones de prisiones preventivas, recalificaciones legales, faltas de mérito o sobreseimientos. El tribunal consideró acreditado que Bento definía las estrategias, autorizaba los beneficios procesales, fijaba los montos a cobrar y ordenaba el curso de las maniobras con apoyo de abogados, intermediarios y contactos en el ámbito policial.
