Dejan corona fúnebre en casa de la diputada Paola Gárate en Culiacán: PRI exige investigación y protección Infobae
Una corona fúnebre fue colocada la noche del miércoles 10 de junio en la entrada del domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, en la colonia Emiliano Zapata de Culiacán, lo que desató una movilización de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno y generó una cadena de condenas del partido tricolor, que exige protección federal para la legisladora y una investigación inmediata de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
El arreglo floral, de gran tamaño y montado sobre un caballete de madera, llevaba un listón con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela”. La legisladora se encontraba en su domicilio cuando descubrió la corona y de inmediato reportó el hallazgo a las líneas de emergencia. El reporte se registró minutos después de las 19:00 horas.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano acordonaron el perímetro con cinta amarilla. Peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron el levantamiento de evidencias y la toma de testimonios. Hasta la noche del miércoles no había personas detenidas.
Según medios locales, la diputada declaró que no había recibido amenazas directas previas al incidente y que desconoce la identidad de los responsables. Añadió que en distintas ocasiones ha solicitado protección a autoridades federales sin obtener respuesta.
El PRI responsabiliza a Morena por la omisión y advierte consecuencias
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue el primero en pronunciarse. A través de su cuenta de X escribió: “Condeno con toda fuerza la amenaza contra nuestra diputada Paola Gárate en Culiacán. Enviarle una corona fúnebre a su casa es un mensaje criminal, es intimidación directa y es consecuencia de haber denunciado a los narcopolíticos de Morena que se sienten protegidos en Sinaloa”.
Moreno advirtió que el partido solicitó seguridad federal para Gárate antes de que el incidente ocurriera y que no obtuvo respuesta: “Ha pasado el tiempo y sigue sin respuesta. Lo hicimos porque conocemos el riesgo y porque no vamos a esperar a que haya una tragedia para reaccionar. La omisión del narcogobierno de Morena es grave”.
El dirigente nacional fue explícito sobre las consecuencias políticas: “Vamos a responsabilizar a quien tenga que responder si algo le ocurre”. Señaló que, de presentarse una agresión, la responsabilidad recaería sobre “los narcopolíticos de Morena y los gobiernos federal y estatal”.
Al pronunciamiento se sumaron la senadora Paloma Sánchez; el presidente del Comité Municipal del PRI en Culiacán, Noé Heredia Ayón; y la coordinadora del grupo parlamentario priista en el Congreso de Sinaloa, Irma Moreno Ovalles, compañera de bancada de Gárate. El Comité Municipal también hizo un llamado directo a Geraldine Bonilla y a la alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos, para que actuaran con prontitud.
El Comité Directivo Estatal del PRI Sinaloa emitió un comunicado formal en el que calificó los hechos como “una agresión inaceptable que contribuye a enrarecer el clima social y político que vive nuestro estado” y exigió “una investigación seria, profesional y transparente”. El documento advierte: “La democracia se fortalece con diálogo, tolerancia y respeto; se debilita cuando aparecen la intimidación, el miedo y la violencia”.
Hasta la noche del miércoles, ni el Congreso del Estado ni las autoridades de seguridad habían emitido un comunicado oficial al respecto.
Una voz de oposición que ha denunciado violencia, desapariciones y secuestros
Paola Gárate no es una figura ajena a la confrontación política en Sinaloa. Como expresidenta del Comité Estatal del PRI y legisladora en funciones, ha denunciado desde la tribuna del Congreso el clima de inseguridad en la entidad, ha reclamado a las autoridades por su pasividad frente al problema de personas desaparecidas y ha señalado públicamente que las autoridades de Sinaloa no reconocen los secuestros de empresarios en el estado.
La diputada también ha relatado públicamente que durante el proceso electoral de 2021 fue víctima de una privación ilegal de la libertad por parte de grupos armados, junto a otros operadores de su partido. Ese episodio forma parte de su historial como política de oposición en un estado donde la violencia ha marcado la vida pública durante años.
En sus intervenciones recientes, Gárate ha evitado pronunciarse sobre las solicitudes de detención emitidas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez, y ocho personas más, entre ellas un senador y exfuncionarios.
Apenas el miércoles, horas antes del incidente, declaró en la sala de prensa del Congreso de Sinaloa: “Pero, de pronto me dicen, Paola, ¿no te da miedo? Le digo, oigan, pues qué creen, ¿no? Sangre, y no estoy blindada, ni como balas, ¿no? Pero me da más miedo que nos resignemos a vivir así”.
