El Consejo de la Magistratura aprobó las ternas para cubrir las vacantes de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal Infobae
El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles, por 15 votos contra 5, las ternas correspondientes al Concurso N° 461, destinado a cubrir dos vocalías de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, actualmente ocupadas por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La propuesta que reunió la mayoría de los apoyos fue impulsada por el consejero juez Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y constituye un nuevo avance en el proceso iniciado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó cubrir de manera definitiva los cargos ocupados por magistrados trasladados.
Para la primera vocalía, el organismo resolvió elevar al Poder Ejecutivo una terna integrada por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. Para la segunda, los postulantes seleccionados fueron Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Pablo Bertuzzi, actual integrante del tribunal.
Como lista complementaria fueron incluidos Gonzalo Ezequiel Demian Vigna, Javier López Biscayart, Gonzalo Segundo Rúa y Laura Elena Mazzaferri.
El dictamen reunió el respaldo de Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura y titular de la Corte Suprema de Justicia, junto a Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Hugo Galderisi, Álvaro González, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Santiago Viola y Eduardo Vischi.
Los senadores del bloque Justicialista Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, los diputados de Unión por la Patria Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, y el consejero abogado César Grau rechazaron la propuesta mayoritaria y respaldaron un dictamen alternativo. Según sostuvieron durante el debate, esa alternativa respetaba estrictamente el orden de mérito surgido de la evaluación de antecedentes y de la prueba de oposición. Una de las principales diferencias entre ambas propuestas radicó, en rigor, en la inclusión de Bertuzzi dentro de una de las ternas elevadas al Poder Ejecutivo.
Las posiciones en juego corresponden a uno de los tribunales más relevantes del sistema judicial federal. La Sala I de la Cámara Federal porteña revisa las decisiones adoptadas por los jueces de Comodoro Py en causas por corrupción, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros delitos complejos. Su intervención resulta determinante en apelaciones contra procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba y otras resoluciones que suelen marcar el rumbo de investigaciones de alto impacto político e institucional.
El origen de este proceso se remonta a la controversia generada por los traslados de magistrados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde el Tribunal Oral Federal N° 4 a la Cámara Federal porteña, mientras que Germán Castelli pasó desde el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín al Tribunal Oral Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires.
La situación derivó en una disputa institucional que llegó hasta la Corte Suprema. En noviembre de 2020, el máximo tribunal concluyó que esos traslados tenían carácter excepcional y no podían equipararse a una designación definitiva cuando implicaban cambios de jurisdicción o competencia. Al mismo tiempo, dispuso que los tres magistrados permanecieran en sus cargos hasta que las vacantes fueran cubiertas mediante el procedimiento constitucional previsto para la designación de jueces.
A partir de esa decisión, el Consejo de la Magistratura impulsó distintos procesos de selección para regularizar la situación de los cargos involucrados. El Concurso N° 461 quedó destinado a las dos vocalías de la Sala I que hoy ocupan Bruglia y Bertuzzi.
La definición se produjo pese a los recientes cuestionamientos formulados por Bruglia tanto ante el propio Consejo como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El camarista solicitó la suspensión del proceso y reclamó una medida cautelar para impedir que avanzara el trámite.
En sus presentaciones, sostuvo que existe una aplicación desigual del fallo de la Corte porque se promovieron concursos vinculados a su situación, la de Bertuzzi y la de Castelli, mientras otros magistrados trasladados continúan ejerciendo funciones sin que se hayan impulsado procedimientos equivalentes.
Como ejemplo, mencionó los casos de Carlos Mahiques, actual integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Javier Basílico, quienes también accedieron a sus actuales cargos mediante traslados. Según indicó Bruglia, el Consejo nunca convocó concursos para cubrir las vacantes vinculadas a esos movimientos, circunstancia que presentó como una muestra del trato desigual que denuncia.
El camarista también invocó la reciente decisión del Senado de prestar acuerdo para que Mahiques continúe cinco años más en su cargo luego de cumplir 75 años. A su criterio, esa situación refuerza la necesidad de aplicar un criterio uniforme respecto de todos los jueces alcanzados por el fallo de la Corte sobre los traslados.
Bruglia también cuestionó el avance del expediente mientras continúa en trámite una petición presentada ante el sistema interamericano de derechos humanos, donde él, Bertuzzi y Castelli denuncian presuntas afectaciones a la independencia judicial y a la garantía de inamovilidad de los magistrados.
Ninguno de esos planteos logró detener el avance del expediente. Durante las últimas semanas, el trámite pasó de la Comisión de Selección al plenario del organismo, que finalmente convalidó la propuesta impulsada por Barroetaveña.
La reacción de Bruglia
Consultado por Infobae tras la votación, el juez Leopoldo Bruglia cuestionó duramente la decisión adoptada por el Consejo y sostuvo que el resultado constituye un nuevo episodio de discriminación respecto de otros jueces trasladados.
“Se concretó un gravísimo caso de discriminación”, afirmó el camarista.
“Conociendo cuestiones internas y con 50 años de experiencia en el Poder Judicial, 33 años como juez de Cámara, la confianza que tenía depositada en el sistema judicial la he perdido, dejando a salvo a un sector importante de gente honesta”, agregó.
Pese a las críticas, aseguró que continuará desempeñando sus funciones de manera habitual. “Seguiré trabajando por una Justicia independiente de la política“, concluyó.
Con la votación de este miércoles, el procedimiento ingresará ahora en una nueva etapa. El Poder Ejecutivo deberá elegir un candidato para cada una de las vocalías y remitir los respectivos pliegos al Senado de la Nación, que tendrá a su cargo el tratamiento de los acuerdos antes de una eventual designación definitiva.
