Lo que hay que saber sobre la tasa de USD 100.000 que Trump impuso a las visas H-1B y la decisión judicial que la anuló Infobae
Un juez federal de Boston anuló la tarifa de USD 100.000 que el presidente Donald Trump había impuesto el año pasado para tramitar determinadas solicitudes de visas H-1B. El fallo sostuvo que la medida se adoptó sin autorización del Congreso y dejó sin efecto el cobro extraordinario.
La decisión, firmada por el juez federal Leo Sorokin en Massachusetts, concluyó que el cargo funcionaba como un impuesto no autorizado por el Congreso, con violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y a la Constitución de Estados Unidos.
Esta sentencia dictaminada logró reestablecer el esquema previo de tasas, que oscilaba entre USD 2.000 y USD 5.000 por solicitud.
La resolución llegó después de que 20 estados impugnaran la medida y en un contexto de recaudación limitada: hasta mediados de febrero, el gobierno había recibido 85 pagos, equivalentes a USD 8,5 millones, según una presentación judicial citada por AP.
Bernhard Mueller, copresidente del área de inmigración del estudio jurídico Ogletree Deakins, afirmó ante AP que “la tarifa de USD 100.000 no fue un éxito en términos de generación de ingresos”.
Qué son las visas H-1B y para qué se usan
Las visas H-1B son una categoría de no inmigrante creada por la Ley de Inmigración de 1990 para que empresas de Estados Unidos contraten personas con capacidades técnicas difíciles de encontrar en el país, según AP.
Están dirigidas a trabajadores con habilidades especializadas y título universitario o equivalente, tienen una vigencia de tres años y pueden extenderse por otros tres.
Stephen Brown, de Capital Economics, estimó el año pasado que en Estados Unidos había alrededor de 700.000 titulares de visas H-1B y otros 500.000 dependientes, según AP.
De acuerdo con el Pew Research Center, al menos 60% de las visas H-1B aprobadas desde 2012 correspondieron a empleos relacionados con computación.
A quién afecta la tarifa y cómo funcionaba el esquema de costos
Muchas empresas tecnológicas y universidades dependen del programa para cubrir puestos calificados, según AP. También solicitan estas visas hospitales, bancos y otros empleadores.
La Casa Blanca anunció la tarifa de USD 100.000 en septiembre del año pasado, cuando el costo para ingresar al sorteo era de USD 215, además de otros cargos de tramitación, según AP. El aumento comenzó a regir menos de 24 horas después del anuncio.
El cupo anual no cambió: 40.000 visas para profesionales que vienen del exterior y 25.000 adicionales para graudados avanzados. Aun así, se anticipó una reducción de beneficiarios y una concentración en posiciones de mayor nivel salarial.
Esas visas se asignan por sorteo, aunque algunos empleadores, como universidades y organizaciones sin fines de lucro, están exentos de esos topes.
En 2023, cerca de tres cuartas partes de las solicitudes aprobadas fueron para personas de India, según el Pew Research Center.
Qué dijo el juez y cuáles son los argumentos en disputa
Sorokin resolvió que la tarifa violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula cómo las agencias federales elaboran y emiten normas, según AP.
En su fallo, escribió: “El tribunal concluye que la política impone un impuesto sobre las peticiones H-1B sin la delegación requerida por el Congreso”.
La administración Trump sostuvo entonces que el programa permitía reemplazar a trabajadores estadounidenses por personal extranjero peor remunerado.
En la proclamación oficial citada por AP, la Casa Blanca afirmó: “Para aprovechar costos laborales artificialmente bajos incentivados por el programa, las empresas cierran sus divisiones de tecnología de la información, despiden a su personal estadounidense y subcontratan empleos de tecnología de la información a trabajadores extranjeros con salarios más bajos”.
El programa fue criticado desde hace años por sindicatos y otros sectores que sostienen que deprime salarios. Un informe de 2020 del Economic Policy Institute, identificado por AP como una organización de orientación progresista, concluyó que 60% de los puestos H-1B certificados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reciben salarios por debajo de la mediana de ese empleo.
Los defensores del sistema responden que los trabajadores con H-1B aumentan la productividad de las empresas y complementan el trabajo de los nacidos en Estados Unidos, según AP.
La tarifa elevada, además, no se aplicaba a extranjeros que ya estaban dentro de Estados Unidos con visa de estudiante y buscaban permanecer para trabajar.
Qué puede pasar ahora: fallos cruzados y otras demandas
El fallo de Sorokin contradijo una decisión federal anterior en otra impugnación judicial presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que había convalidado la tarifa y la mantenía vigente hasta su expiración prevista para septiembre, según AP.
Además, existe una tercera demanda en un tribunal federal de San Francisco presentada por grupos religiosos y organizaciones laborales, lo que abre la posibilidad de resoluciones divididas en tres circuitos federales de apelación.
En el caso resuelto en Boston, los estados demandantes argumentaron que la política dificultaba su capacidad para contratar docentes de educación primaria y secundaria y para cubrir puestos en universidades y colegios públicos, según AP.
También sostuvieron que esa restricción afectaría la investigación académica y provocaría una caída en la cantidad de trabajadores médicos.
