Procuraduría facilita más de 800 investigaciones de paternidad para proteger los derechos de la niñez salvadoreña Infobae
La Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador ha gestionado más de 800 pruebas de paternidad mediante exámenes de ADN desde febrero de 2024, facilitando así el proceso de reconocimiento legal para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.
El mecanismo, implementado tras un convenio con la Corte Suprema de Justicia, permite a los padres resolver dudas sobre la filiación de sus hijos de manera más rápida y menos desgastante que en los procesos judiciales tradicionales.
De acuerdo con Kevin Escobar, coordinador del área de familia en la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, “la prueba de ADN es una herramienta, un análisis de carácter científico totalmente confiable que se realiza con la finalidad de establecer una relación de familia, ya enfocándolo en los procedimientos administrativos, con el objeto de establecer filiación”, informó el funcionario a través de un podcast.
Este mecanismo, subrayó Escobar en el pódcast institucional “Háblame Derecho”, ha permitido que 840 solicitudes sean tramitadas en la sede administrativa de la PGR desde la entrada en vigor del nuevo procedimiento.
De esas 840 pruebas gestionadas, 544 resultaron positivas, confirmando la paternidad y beneficiando, según Escobar, a “por lo menos 544” que ahora cuentan con respaldo legal para acceder a derechos como la cuota alimenticia, el cuidado personal, el régimen de comunicación y los derechos hereditarios.
Además, 91 pruebas resultaron negativas, descartando la paternidad en esos casos, mientras que 165 pruebas permanecen en trámite, a la espera de resultados. También hay “28 pruebas intentadas y no realizadas”, generalmente debido a la ausencia del padre citado, y “12 casos pendientes de notificar”, estos datos fueron recopilados durante los últimos dos años.
El proceso actual difiere del anterior, cuando solo los tribunales podían solicitar pruebas de este tipo. Ahora, las personas pueden acudir directamente a cualquiera de las 18 sedes de la Procuraduría General de la República para iniciar el trámite.
“Tenemos más facilidad en sede administrativa. Antes solo podían solicitarse en el marco de procesos judiciales, lo cual era complicado y desgastante para las personas”, explicó Escobar.
El procedimiento administrativo reduce los plazos, pues “desde el momento en que hay una solicitud de establecimiento de paternidad, tenemos un plazo de 18 días hábiles para programar una audiencia conciliatoria, lo que equivale prácticamente a un mes”.
Durante la audiencia, las partes pueden llegar a un acuerdo voluntario de reconocimiento. “Solo es en caso de dudas donde ya se le ofrece la alternativa de la prueba de ADN”, detalló el funcionario. Si el padre se niega a realizarse la prueba o a reconocer al hijo, la PGR puede promover una acción judicial para la declaratoria de paternidad, solicitar indemnizaciones por daño moral-material en favor de la madre y el hijo afectado.
El procedimiento es accesible y requiere pocos documentos: la certificación de la partida de nacimiento del menor así como datos de contacto del presunto padre. “No son mayores detalles, no es mayor documentación la que se solicita”, afirmó Escobar. Además, el proceso evita la “revictimización” y los trámites ante múltiples instancias.
La institución ha destacado que este servicio agiliza la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, permitiendo que las familias encuentren soluciones rápidas y con respaldo científico. “La Procuraduría les brinda la asistencia legal, les brinda el acompañamiento, las puertas están abiertas para que puedan acudir a cualquiera de nuestras dieciocho procuradurías auxiliares y promover establecimientos de paternidad con base a pruebas de ADN para que se tomen decisiones totalmente informadas”, concluyó Kevin Escobar.
