Urrá negó que la viceministra de Defensa haya intervenido en nombramientos o despidos recientes en la hidroeléctrica Infobae
La Empresa Urrá S.A. E.S.P. negó de forma categórica las acusaciones de intervención externa en sus decisiones administrativas y desvinculaciones recientes, en respuesta a las denuncias públicas y mediáticas que involucran a la viceministra de Defensa Angélica Verbel López y a miembros del Gobierno nacional.
Denuncias y versiones contrapuestas
De acuerdo con lo difundido por Revista Semana, Urrá, empresa estatal del sector energético, se encuentra en el centro de una controversia. Diversos contratistas y exempleados denunciaron públicamente presuntas presiones políticas y persecución laboral dentro de la organización.
La polémica se intensificó tras la salida de varios contratistas y del exsecretario general, Alejandro Padrón Pardo, en las semanas previas a la segunda vuelta presidencial en Colombia.
Según el medio citado, algunos de los afectados, como Eric Guerra Pereira, Andrés Felipe Angarita y Yury Márquez Osorio, aseguran que sus contratos fueron terminados anticipadamente por razones políticas y no por motivos jurídicos ni técnicos.
Guerra Pereira, por ejemplo, indicó en su queja disciplinaria que la decisión de su desvinculación fue comunicada como una orden política, asociada a su supuesta cercanía con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y con Padrón Pardo. Márquez Osorio reportó motivos similares, expresando que su salida obedecía a una “persecución laboral y política”.
El caso de Alejandro Padrón Pardo se volvió central en la discusión. El exsecretario general sostuvo que su retiro no tuvo justificación legal ni institucional y lo atribuyó exclusivamente a su amistad con De la Espriella.
Según sus declaraciones recogidas por Semana, la viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Angélica Verbel López, habría presionado por su desvinculación usando información de redes sociales y su cercanía personal con el candidato presidencial.
La respuesta de Urrá: rechazo y aclaraciones
En respuesta a estas afirmaciones, Urrá publicó un comunicado dirigido a la opinión pública en el que sostiene que las decisiones administrativas recientes, incluyendo la terminación de contratos de abogados externos, se tomaron únicamente con base en criterios objetivos y en informes de supervisión que evidenciaron inconsistencias contractuales. El documento remarca la existencia de soportes y conceptos emitidos por la Secretaría general y otras dependencias, en las que quedaron documentadas las anomalías detectadas.
La empresa afirmó que su presidente, Enrique Kerguelen Méndez, actúa con plena autonomía administrativa, amparado en la ley y los estatutos internos, y rechazó de manera enfática cualquier insinuación sobre la existencia de influencias externas o motivaciones políticas en las decisiones adoptadas.
“No existe ni ha existido instrucción, presión, recomendación o intervención de ninguna índole por parte de la señora Angélica Verbel López o de terceros en asuntos de carácter laboral, contractual o administrativo de la empresa”, indicó el comunicado oficial.
El pronunciamiento también subrayó que cualquier señalamiento en sentido contrario “carece de sustento fáctico” y que Urrá S.A. E.S.P. rechaza las afirmaciones que pretendan atribuir a la viceministra o a cualquier tercero participación en decisiones relacionadas con personal. La posición institucional, según el comunicado, es que la transparencia, la legalidad y el respeto por la autonomía han guiado las actuaciones de la administración.
Las versiones de los implicados
En declaraciones recogidas por Semana, la viceministra Angélica Verbel López negó tener cualquier tipo de injerencia en la empresa. “Desconozco la razón o el objeto de tales aseveraciones. No tengo ninguna injerencia en Urrá, tal como lo mencionan, y no trabajo y nunca he trabajado en dicha empresa”.
Añadió que no conoce a Padrón Pardo y rechazó cualquier afirmación que la vincule con decisiones sobre su situación laboral. “Si cualquiera de las personas que formula estas acusaciones considera tener pruebas que respalden sus afirmaciones, corresponde que las presenten ante las autoridades competentes”, remarcó la funcionaria.
Por su parte, Padrón Pardo insistió en que su destitución respondió a presiones externas y que la información utilizada en su contra fue obtenida de manera indebida y empleada para justificar su salida por motivos ajenos a su desempeño profesional. “La orden fue apartarme del cargo por una relación de amistad. Eso es persecución política. Eso es constreñimiento”.
Coyuntura política y repercusiones
La controversia se produce en medio de una coyuntura política marcada por la proximidad de la segunda vuelta presidencial y la disputa por el control de cargos en la región Caribe, donde la Hidroeléctrica Urrá es considerada un enclave estratégico.
En los últimos años, el control de la entidad ha estado vinculado a diferentes grupos políticos y ha enfrentado cuestionamientos sobre la adjudicación de contratos y la estabilidad laboral de sus funcionarios.
El comunicado de Urrá S.A. E.S.P. concluyó reiterando su respeto por la libertad de prensa y el debate público, aunque llamó a que la información divulgada “se fundamente en hechos verificables y contrastados” para evitar afectar la honra y reputación de servidores públicos e instituciones.
