Fiscalía de Perú pide prisión preventiva a ocho militares tras asesinato de cinco civiles Infobae
Lima, 8 jun (EFE).- La Fiscalía de Perú pidió 18 meses de prisión preventiva para ocho militares que son investigados por la muerte de cinco civiles, entre ellos un ciudadano colombiano, durante un operativo realizado el pasado 25 de abril en una zona rural de la región de Huancavelica, en el sur del país, informaron este lunes fuentes oficiales.
El Ministerio Público señaló que la petición fue hecha por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de la región centroandina de Junín, a cargo de este caso.
Los militares son investigados por la presunta comisión del delito de homicidio calificado y por tentativa de homicidio calificado en agravio de otros tres ciudadanos que sobrevivieron al operativo.
"Los imputados, miembros del Ejército del Perú, habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante un operativo en la zona", sostuvo el Ministerio Público antes de señalar que las pericias se desarrollan "en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos".
Los hechos ocurrieron el 25 de abril pasado en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la jurisdicción de la provincia andina de Tayacaja, cuando una camioneta en la que viajaban al menos siete personas fue acribillada por militares durante un operativo antidrogas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Como parte de la investigación abierta por la Fiscalía, los ocho militares involucrados fueron detenidos en un primer momento y luego puestos en libertad con órdenes de comparecencia.
Según la versión de los militares, ellos dispararon al vehículo cuando este siguió la marcha a pesar de que se le ordenó detenerse y, en cambio, sus pasajeros comenzaron a dispararles, aunque las diligencias preliminares no hallaron armas ni drogas en el vehículo acribillado por los miembros del Ejército.
Tras conocerse este caso, la organización Amnistía Internacional (AI) expresó su profunda preocupación y pidió que se investigue si hubo uso un arbitrario o excesivo de la fuerza.
Amnistía recordó que el derecho internacional exige que toda intervención se rija por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y remarcó que "la estigmatización de las víctimas sin investigación ni determinación judicial vulnera la presunción de inocencia y afecta el acceso a la verdad y la justicia".
A su turno, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) exigió una investigación inmediata, independiente y con debida diligencia sobre lo ocurrido y que se apliquen sanciones efectivas a todos los responsables.
Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que entre las víctimas había un colombiano, que había ingresado al país de manera irregular y clandestina y contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas.
El Vraem es una extensa zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones del centro y sur del país, donde se produce más de la mitad de la cocaína que exporta Perú, el segundo mayor productor mundial de esa droga, y en la que operan organizaciones del narcotráfico junto al último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso. EFE
