CNTE y Gobierno: ceder o resistir Periódico Correo

Las movilizaciones llevadas a cabo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocupando calles, carreteras y plazas públicas, no son un fenómeno aislado ni una protesta coyuntural, sino la expresión más reciente de un proceso histórico que se remonta a la construcción del Estado posterior a la Revolución Mexicana.

Al concluir el conflicto revolucionario, los gobiernos comprendieron que la educación sería una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía, fortalecimiento de la identidad nacional y la consolidación legitima del nuevo régimen. La creación de la SEP en 1921 convirtió a los maestros en agentes de transformación social, particularmente en las regiones rurales donde con frecuencia representaban la única presencia permanente del Estado y que fueron retratadas incluso en expresiones artísticas como la película “El Profe” donde “Cantinflas” interpreta a Sócrates García, abnegado maestro rural que lucha contra la ignorancia y la corrupción; funciones que otorgaron al magisterio una identidad profesional y política singular que favoreció su organización y consolidación sindical.

En 1943 se crea oficialmente el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), resultado de la integración de múltiples organizaciones magisteriales dispersas en el país, respondiendo a la lógica corporativa que caracterizó al régimen político mexicano durante gran parte del siglo XX, organizando sectores sociales en estructuras reconocidas por el Estado a cambio de estabilidad y gobernabilidad. Con el crecimiento del sistema educativo, el sindicato adquirió una enorme capacidad de negociación, convirtiéndose en el organismo sindical más grandes de América Latina. Sin embargo, su fortalecimiento también produjo críticas relacionadas con el centralismo, la concentración de poder y la escasa democracia interna. En un contexto internacional marcado por movimientos democráticos y demandas de participación social, surge en 1979 la CNTE como corriente disidente dentro del propio SNTE, siendo su objetivo original conformarse no como un sindicato paralelo, sino buscando democratizar al sindicato nacional así como recuperar el control de las bases sobre las decisiones gremiales.

Desde sus primeros años, la Coordinadora encontró sus principales bastiones en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, lo cual no fue coincidencia, al tratarse de entidades con elevados niveles de marginación, fuerte presencia indígena y una larga tradición de organización comunitaria, donde desarrollaría una identidad basada en la movilización permanente, asambleas, participación colectiva y defensa de la educación pública, privilegiando la presión política por medio de marchas, plantones y bloqueos, mientras el SNTE apostaría por la negociación y prebendas institucionales, posicionándolo como un actor con amplio nivel de maniobra política, permitiéndole negociar directamente con presidentes de la República, influir en procesos electorales, ocupar asientos en el Congreso y altos cargos en la administración pública federal en materia educativa, e incluso capacidad de veto.

Así, la Coordinadora evolucionó de una corriente sindical a un movimiento social con capacidad de articular organizaciones indígenas, grupos comunitarios y movimientos populares, ampliando su influencia más allá del ámbito educativo. Los acontecimientos de 2006, que culminaron con el violento desalojo al plantón en el zócalo oaxaqueño, derivó en una crisis política que evidenció la capacidad de la CNTE para encabezar movilizaciones de gran escala y la radicalización de sus formas de protesta, entendidas no necesariamente como un proceso ideológico extremo, sino como una creciente disposición a utilizar mecanismos de presión para los gobiernos, profundizando así su estrategia basada en la presión política mediante bloqueos, toma de casetas, ocupación de espacios públicos y paros prolongados, respondiendo estas acciones a la convicción de que muchas de sus conquistas históricas han sido producto de la movilización más que de la negociación institucional.

Las demandas actuales de la Coordinadora tienen su eje principal en la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, la cual, desde su perspectiva, modificó las condiciones de retiro de los trabajadores del Estado al introducir cuentas individuales y alterar el sistema tradicional de pensiones, junto a exigencias de mejoras salariales, condiciones laborales, cambios en los mecanismos de promoción docente, así como una mayor participación en las decisiones educativas. En este contexto, el gobierno de la presidenta Sheinbaum enfrenta un dilema complejo. Por un lado, la relación histórica de cercanía con sectores del magisterio disidente y una voluntad explícita de privilegiar el diálogo, por el otro, las restricciones presupuestales que hacen prácticamente imposible satisfacer, en el corto plazo, todas las demandas relacionadas con pensiones y jubilaciones, adquiriendo lo anterior una dimensión adicional por el inicio del Mundial de Futbol, donde nuestro país será observado por millones de personas, arrojando como consecuencia que cualquier protesta de gran escala adquiera una repercusión internacional inmediata, utilizando la CNTE precisamente el contexto mundialista como factor de presión política, mientras que el gobierno busca evitar que el conflicto proyecte una imagen de ingobernabilidad tanto en vísperas como durante el desarrollo de la justa mundialista.

Al cierre de esta columna, el conflicto se encuentra en un impasse -ninguna de las partes parece dispuesta a ceder completamente- entre la negociación y la confrontación, manteniendo la CNTE movilizaciones y exigiendo respuestas de fondo, mientras que el gobierno insiste en el diálogo, advirtiendo límites financieros. En este sentido, el escenario más probable sería una solución parcial que incluya mejoras salariales, ajustes administrativos y algunos beneficios complementarios en materia pensionaria, sin llegar a la derogación total de la reforma del ISSSTE, siendo la discusión de fondo no únicamente sindical, sino sobre el modelo de protección social que México puede ofrecer en el siglo XXI, así como la capacidad del Estado para construir acuerdos duraderos con actores que poseen una enorme capacidad de movilización frente a un contexto de visibilidad internacional.

La forma en que se resuelva este conflicto será una prueba relevante para las instituciones mexicanas y para la imagen que México proyectará al mundo durante el Mundial de 2026. Y usted ¿ya tiene su boleto? Seguiremos atentos.