Violencias de Estado contra los movimientos sociales El Sur de Acapulco

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Los gobiernos caciquiles de Guerrero han desangrado la vida de un pueblo insumiso que con la movilización y las armas ha tumbado gobernadores. Las masacres de indígenas y campesinos son las cuentas pendientes que no han saldado los gobernantes represores por la impunidad que impera en el país y por los pactos de silencio que mantienen intocados las elites gobernantes. En las fiscalías del estado y la federación no hay expedientes abiertos contra los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.
Los exgobernadores como Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero gozan de un fuero transexenal porque ningún gobierno se atreve a tocarlos. Para ellos las leyes que nos rigen no se aplican. Por eso la barbarie en nuestro estado sigue siendo la ley que nos sojuzga porque el ciudadano de a pie no tiene poder económico ni protección política.
Guerrero es un estado sin ley. La Fiscalía del estado se reduce a abrir carpetas de investigación y normalmente no las judicializa. Encubre a los responsables de delitos de alto impacto y solo actúa por presión social o consigna política. El Poder Judicial, por decir lo menos, sigue actuando con opacidad y discrecionalidad. La corrupción ha socavado su frágil reputación y la mayoría de jueces se ha envilecido por el afán de lucrar con la justicia. Es conocido el modo de operar al interior de los juzgados y se sabe de sus vínculos mafiosos con litigantes a modo.
Nuestro rezago en la procuración y administración de justicia es abismal. Con los vicios que arrastran por décadas pasarán varias generaciones que no lograrán ver el amanecer de la justicia. Prevalecerá la ley del más fuerte y la justicia que tiene precio. Proliferarán los grupos de la delincuencia ante un sistema de justicia fallido, que trata como personas incómodas a las víctimas.
La violencia enturbia nuestro presente y oscurece nuestro futuro. Nos hundimos en el fango de la inseguridad y la calamidad. Los crímenes son el pan de cada día. En el mes de mayo se suscitaron las agresiones armadas y los desplazamientos forzados en las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán municipio de Chilapa; en Huitzapula municipio de Atlixtac y en Teticic; municipio de Olinalá. Son bombas de tiempo que causaron daños irreparables en las familias y que en otro momento volverán a estallar, porque los conflictos solo se administran y no se atienden de fondo.
En este inicio de mes fue el gobierno de la Ciudad de México el que arremetió contra los maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) que intentaron derribar las vallas metálicas para ingresar al Zócalo capitalino. La indignación fue mayor porque hubo maestros heridos y por la cerrazón de la presidenta Claudia Sheibaum, al negarse a dialogar con la dirigencia nacional.
En Guerrero, el viernes 5 fue asesinado en Cuajinicuilapa el joven abogado Sael Silva Cisneros, originario del nuevo municipio de San Nicolás. Fue un gran impulsor de los derechos del pueblo afromexicano. Con gran entusiasmo había promovido un seminario sobre disidencias afromexicanas en Guerrero: historia, justicia y derechos, como parte del trabajo que desempeñaba en el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El término de la segunda sesión fue privado de la vida por personas armadas que dispararon contra un establecimiento de venta de cerveza. Su familia solo ha recibido condolencias en las redes sociales por parte de los funcionarios de las instituciones donde Sael laboró y con creces demostró ser un gran defensor de los derechos del pueblo afro.
Este domingo 7 conmemoramos la masacre de El Charco perpetrada por el Ejército que ejecutó a 11 indígenas y a un estudiante de la UNAM. Después de 28 años el gobierno de la 4T ha respondido a la Comisión Interamericana que se trató de un enfrentamiento con grupo guerrillero y no ejecuciones extrajudiciales, encubriendo al Ejército de graves violaciones a los derechos humanos. El 7 de junio de 2015, en el marco de las elecciones para gobernador fue ejecutado el estudiante Antonio Vivar Díaz en la colonia Tepeyac de Tlapa, por parte de policías federales que se encontraban retenidos dentro de una capilla. Fue la reacción de la población por privar de la libertad a 8 personas, acusadas sin pruebas, de haber incendiado una camioneta del INE. El enojo de los colonos fue por su traslado en helicóptero al puerto de Acapulco con el fin de procesarlos y presentarlos como los autores materiales. A pesar de que existen recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las denuncias no han avanzado. La fiscalía ha archivado la investigación del joven Antonio y en el caso de El Charco, no existe ninguna denuncia contra los militares. Para las mujeres indígenas y estudiantes pobres de Guerrero el camino de la justicia está cancelado.
En el foro que organizamos en el auditorio de la sección 9 de la CNTE en la ciudad de México dieron su testimonio las compañeras de El Charco, se presentó el caso del asesinato de Antonio Vivar. También se tuvo la presencia de dos padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que recientemente se reunieron con la presidenta de la República sin tener avances sustantivos de la investigación. Su demanda de que regrese el GIEI no encuentra eco en la presidenta, solo vislumbró la posibilidad de que otros expertos internacionales pudieran apoyar en las investigaciones. Siguen insistiendo en las líneas de investigación relacionadas con la entrega de los 800 folios por parte del Ejército y de profundizar en la investigación de los 17 estudiantes que fueron sacados de la barandilla de Iguala. Del mismo modo reiteraron que se concretice la extradición de Tomás Zerón de Lucio y de Ulises Bernabé García.
Al final escuchamos el testimonio estremecedor de la maestra Blanca Yudith Martínez, sobrina del maestro Proceso Columbo González González que fue agredido con una bala de plástico en el ojo izquierdo y que se encuentra delicado de salud.
“No esperábamos que en esta marcha donde exigimos nuestros derechos como maestros, nos recibiera de esta manera un gobierno que dice que está dispuesto al diálogo. Nos recibió con la policía, con gas lacrimógeno, con balas.
Proceso estaba entre 50 y 100 metros de distancia de las vallas. Ahí le apuntaron y dispararon cerca del ojo con una bala hecha de un material muy duro. Su estado de salud es crítico. Cuando lo llevamos al hospital Jesús Médico no nos querían recibir, a pesar de que les pedía desesperada que nos ayudaran y mi tío se quejaba del dolor. Lo trasladaron al hospital del ISSSTE 1 de Octubre y en el camino iba temblando de frío. Su sufrimiento les fue indiferente a los policías que detuvieron la ambulancia para preguntarnos a quién llevábamos y a dónde íbamos. “¡Qué quieren!, les dije. Este es el resultado de sus compañeros que agredieron a mi tío”, les tuve que gritar para que nos dejaran continuar.
Al llegar al hospital, Proceso estaba sudando, estaba cada vez más frío. Veía su desesperación porque no veía nada y le dolía mucho la cabeza. En lugar de atenderlo de inmediato, el personal médico me pidió registrarlo, de lo contrario, nos sacarían. Me indigné y les respondí que si no atendían a mi tío llamaría a mis compañeros maestros para presionar. Lo atendieron hasta las 4 de la tarde, y querían que yo cortara su ropa para poder atenderlo, querían que yo hiciera su trabajo.
Lloré nerviosa pensando lo peor, estaba sola porque somos de Guerrero, pero nada de eso parecía importarles. No es justo que nos nieguen la atención médica. Mi tío Proceso estaba muy mal y lo único que me decían es que no podían operarlo porque los cirujanos no estaban disponibles.
Después de la cirugía me dijeron que mi tío iba a estar en el área de recuperación porque no había camas. Tuve que moverme para conseguir una. Estuve preguntando desde que ingresamos hasta las 6:30 de la mañana por el estado de salud de mi tío y no me dejaban pasar a verlo ni me decían cómo estaba.
Ahora está en recuperación. Mi tío recuerda todo lo sucedido, me pidió que su caso no quede impune. “No dejen que el gobierno se deslinde de esta situación, quiero y tengo fe en que voy a regresar a mi centro de trabajo, y que con el apoyo de mis compañeros, podamos seguir en la lucha. No quiero que me jubilen, quiero estar activo. Sé que encontraré la manera de seguir trabajando porque yo tengo un compromiso con mi trabajo, que es mejorar esa escuela y que lleguen más maestros a la comunidad de Cochoapa”.
En esa misma acción de protesta el maestro Octavio Romero fue herido con una bala de plástico. El maestro se dio cuenta cuando un policía le disparó y alcanzó a moverse, sin embargo, no pudo esquivar el fuerte golpe. Por el impacto su mejilla izquierda rasgó su piel que le ocasionó una fuerte hemorragia. Sus compañeros lo auxiliaron para que atendieran su herida. Su recuperación fue rápida y de inmediato se incorporó a sus tareas como tesorero de la CETEG.
También nos dio su testimonio: Nuestra huelga nacional va a pasar a la historia porque nuestra lucha plantea una demanda justa que busca mejorar nuestras pensiones. El primero de junio queríamos llegar a un lugar que se supone debería estar abierto, donde se han concentrado nuestras manifestaciones. Pero lo encontramos blindado, con grandes vallas protegiendo no sabemos qué.
Hoy decimos que nosotros no agredimos, no somos criminales. Fue una agresión directa porque las balas que nos aventaron de las vallas fueron disparadas por la policía. Yo fui agredido y vi cómo me dispararon y a mi compañero también. Tuve la oportunidad de reaccionar antes de dispararme, me hirieron y me dieron cinco puntadas en el rostro por el impacto. Fue una agresión derecha porque el policía que me disparó, me apuntó. No fue una bala que rebotó, fue un impacto directo. El gobierno creyó que nos íbamos a retirar, pero no nos vamos. Seguimos en pie de lucha.

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