Demanda de Telefónica en EE. UU. pone a tambalear las finanzas de Colombia por indemnización que debería pagar Infobae
La escalada del conflicto legal internacional entre Telefónica y Colombia registró un nuevo capítulo con la demanda presentada por la multinacional española en la Corte de Distrito de Columbia, en Estados Unidos. El objetivo central de la acción es obtener la ejecución forzosa de un laudo arbitral dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que obliga al Estado colombiano a pagar una millonaria indemnización.
De acuerdo con El País, Telefónica recurrió a la justicia estadounidense luego de que Colombia no pudo presentar la garantía bancaria internacional requerida para suspender el pago impuesto por el Ciadi. La disputa, originada en contratos de concesión firmados en 1994, alcanzó una etapa decisiva tanto en tribunales estadounidenses como ante organismos arbitrales europeos, y puede tener repercusiones económicas y políticas de gran alcance.
Ahora, con la demanda de Telefónica en Estados Unidos se busca ejecutar el laudo internacional emitido por el Ciadi, que exige a Colombia pagar una indemnización estimada entre USD450 y USD500 millones (más de $1.600 millones). El caso se activó cuando el Estado colombiano no presentó la garantía exigida para suspender la obligación de pago, lo que facultó a la empresa a proceder por vía judicial en Estados Unidos y reclamar los fondos reconocidos.
La suma final depende del proceso de liquidación, pues se contemplan tanto el capital original como los intereses acumulados. Los intereses se calculan sobre el pago de USD380 millones hecho por Telefónica en 2017 por mandato de un fallo nacional. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) confirmó que el presupuesto de 2026 no contempla los recursos para respaldar la garantía exigida, hecho que reactivó el cobro internacional del laudo.
Por su parte, el Estado colombiano argumenta que las restricciones fiscales impiden cumplir con la exigencia financiera. Al no presentar la garantía bancaria, finalizó la protección que lo amparaba ante una ejecución inmediata del laudo.
De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, citadas por el medio español, la acción legal fue presentada el 2 de junio de 2026 y abrió una nueva fase en el prolongado litigio entre ambas partes. Telefónica, representada por la firma White & Case, solicitó a la corte estadounidense que declare ejecutable el laudo y autorice el embargo de activos estatales colombianos en ese país si continúa el impago.
La Corte de Distrito de Columbia aún debe resolver si admite o no la solicitud de ejecución forzosa. Si la demanda es aceptada, Telefónica podría solicitar el embargo de cuentas y bienes de Colombia en territorio estadounidense para satisfacer la deuda. La vía legal forma parte de la estrategia para asegurar el cobro del laudo antes de que la empresa complete su salida del país.
El origen y antecedentes del conflicto contractual
El conflicto surge de la interpretación de la reversión de activos estipulada en los contratos de concesión de telefonía móvil de 1994 en Colombia. En 2017, un tribunal de arbitramento local dictaminó que Telefónica y Claro debían abonar sumas millonarias por la devolución de infraestructura de redes y antenas al Estado tras la expiración de la concesión.
En cumplimiento del fallo, Telefónica pagó cerca de USD380 millones al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Más adelante, la empresa inició un arbitraje internacional al sostener que dicho proceso vulneraba garantías contempladas en tratados de inversión entre España y Colombia.
Luego, en la demanda internacional, la compañía española afirmó que la cláusula de reversión impuesta por Colombia supuso un trato discriminatorio. Invocó Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmados por ambos países.
Estrategias legales y dimensión política en el arbitraje internacional
Ante el avance de la demanda en Estados Unidos, la defensa judicial colombiana reforzó su estrategia en Europa. Representantes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) participaron en audiencias el 3 y 4 de junio de 2026 en París (Francia) ante un comité ad hoc del Ciadi, con el objetivo de lograr la anulación total del fallo dictado en 2024.
El litigio adquirió un marcado perfil político durante el Gobierno de Gustavo Petro. El mandatario manifestó su rechazo al arbitraje internacional y respaldó a economistas que proponen la retirada de Colombia del Ciadi. Además, la administración Petro anunció su propósito de renegociar los tratados relacionados con la protección de inversiones extranjeras, con el argumento de que dichos acuerdos restringen la soberanía para resolver disputas estratégicas.
Mientras tanto, la defensa legal de Colombia sostiene que el laudo arbitral resulta contradictorio en comparación con decisiones anteriores, donde el Estado obtuvo fallos favorables en otros arbitrajes internacionales.
Consecuencias financieras y empresariales para Telefónica y Colombia
La ofensiva judicial en Estados Unidos coincide con el plan de Telefónica para abandonar el mercado colombiano. En febrero de 2026, la compañía notificó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) de España la venta de la participación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) al grupo luxemburgués Millicom, propietario de la marca Tigo, en una operación valorada en USD214 millones. Se espera que la transacción finalice en el primer semestre de ese año.
Analistas consideran que la acción judicial busca garantizar el cobro de la indemnización antes de la salida definitiva de la operadora del país. De forma paralela, los mercados interpretan la imposibilidad de Colombia para cubrir la garantía bancaria como un indicio de presión fiscal y posible deterioro de su calificación de riesgo país, en un contexto marcado por varios litigios internacionales activos.
El Estado colombiano enfrenta el reto de ajustar su presupuesto y proteger sus activos fuera del país, mientras que Telefónica avanza en su reestructuración global. La situación alimentó la preocupación de inversionistas y analistas del sector, que consideran el caso un referente para el entorno legal de negocios en la región.
