Cinco meses del interinato: informe sostiene que el poder se recompone en Venezuela sin abrir paso a la democracia Infobae

Venezuela parece hoy más cerca de una “recomposición autoritaria y reconfiguración interna del poder” que del inicio comprobable de una transición democrática. Esa es la conclusión central del informe extraordinario “Cinco meses del interinato: Reconfiguración sin transición”, publicado por Laboratorio de Paz (LabPaz), que examina los primeros cinco meses del gobierno de Delcy Rodríguez desde la óptica de los derechos humanos, el espacio cívico y la institucionalidad democrática.

El documento, dado a conocer este 4 de junio, advierte que el país atraviesa una situación de “incertidumbre constitucional”, derivada del ejercicio de la Presidencia bajo la figura de “ausencia forzosa” que no está expresamente contemplada en la Constitución. Para la organización, este punto no es menor: cualquier transición sostenible, señala, requiere reglas claras, garantías institucionales y una salida presidencial ajustada a los mecanismos previstos en la Carta Magna.

Para el centro venezolano de investigación y pensamiento estratégico LabPaz que trabaja en la resolución de conflictos mediante enfoques de democracia, no violencia y derechos humanos, aun cuando Estados Unidos anunció para Venezuela el plan de tres fases simultáneas (Recuperación, Estabilización y Transición), en estos cinco meses posteriores al 3E “no muestran decisiones verificables orientadas al inicio de una transición democrática”.

Reacomodo sin ruptura

Más que una alternancia o una apertura real, LabPaz describe una reorganización del aparato estatal impulsada por el entorno político de los hermanos Rodríguez. El informe sostiene que varios cuadros cercanos a Nicolás Maduro fueron sustituidos por funcionarios alineados con la nueva jefatura, en un proceso que luce más orientado a redefinir equilibrios internos que a desmontar las estructuras de poder heredadas.

Uno de los focos más controvertidos del período ha sido la permanencia, ratificación o designación en cargos de alto nivel de funcionarios señalados por organismos internacionales por su presunta responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos.

Uno de los aspectos más controvertidos de los primeros cinco meses de gobierno ha sido la designación, ratificación o permanencia en altos cargos públicos de funcionarios señalados por organismos internacionales por su presunta responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, como en el caso del general Gustavo González López e incluso del general Vladimir Padrino cuya continuidad de dentro del alto gobierno es interpretada “como una señal de preservación de equilibrios con el sector castrense”.

En la misma línea, LabPaz considera especialmente relevante que Diosdado Cabello continúe al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, pese a los señalamientos internacionales en su contra por su presunto papel dentro de estructuras asociadas a represión, persecución y restricciones al espacio cívico, siendo “un importante vocero en la campaña de criminalización contra líderes políticos y sociales”.

Sin reformas y con presos políticos

LabPaz subraya que, pese al anuncio de Estados Unidos sobre un plan de tres fases simultáneas para Venezuela, Recuperación, Estabilización y Transición, no hay decisiones verificables orientadas al inicio de una transición democrática. Entre las principales ausencias, enumera la falta de un cronograma electoral, la no renovación del Consejo Nacional Electoral, la inexistencia de medidas para garantizar independencia judicial, la ausencia de mecanismos de verdad y reparación para las víctimas, y la continuidad del entramado normativo que restringe libertades públicas.

El informe también pone el foco en la persistencia de personas detenidas por motivos políticos. Como ejemplo, analiza el caso de Carmen Teresa Navas, quien durante más de un año buscó a su hijo en centros de detención mientras las autoridades guardaban silencio, pese a que ya había fallecido. A partir de ese episodio, el documento plantea una pregunta de fondo: por qué siguen existiendo presos políticos en Venezuela si el discurso oficial busca presentar una nueva etapa política.

Estrategia debilitada

Para LabPaz, la profunda crisis de legitimidad que rodea a Delcy Rodríguez y al actual esquema de poder es uno de los principales obstáculos para una transición democrática creíble. Aunque el gobierno ha intentado proyectar una imagen de estabilidad, recuperación económica y capacidad de negociación internacional, el informe sostiene que esos esfuerzos no han logrado revertir el rechazo acumulado entre la población.

En el campo opositor, el documento indica que María Corina Machado sigue siendo la principal referencia política adversa al oficialismo, aunque registra una disminución gradual en sus niveles de apoyo respecto al período posterior al 28J y al 3E.

En paralelo, trabajadores, sindicalistas y estudiantes han comenzado a incorporar de forma más visible la exigencia de elecciones dentro de sus reclamos. Según el informe, un 64 % de las personas consultadas por la firma Poder y Estrategia considera que deben realizarse comicios este mismo año.

LabPaz destaca que la relación bilateral entre Estados Unidos y la administración provisional de Delcy Rodríguez se convirtió en el principal eje ordenador de la coyuntura venezolana, desplazando progresivamente a actores nacionales y mecanismos multilaterales que anteriormente ocupaban posiciones centrales en la negociación política.

Comprometida la institucionalidad

Para Laboratorio de Paz “no hay un proceso de pluralización institucional”. Los hermanos Rodríguez impulsaron una reorganización del aparato estatal sustituyendo cuadros cercanos a Nicolás Maduro por funcionarios identificados con su propio entorno político.

Salvo el nombramiento de Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo, la mayoría de las nuevas designaciones es de personas conocidas por su militancia y lealtad al proyecto bolivariano. Más que una alternancia o apertura institucional, el proceso parece reflejar una redistribución interna del poder, en la búsqueda de un nuevo punto de equilibrio tras la salida de Nicolás Maduro de la coalición dominante, dice el Informe.

Reconoce señales parciales de apertura, como menor intensidad represiva, retorno limitado de liderazgos al espacio público, ampliación restringida del debate y reaparición de la agenda electoral, pero esas medidas conviven con la continuidad de prácticas, actores y estructuras heredadas del período anterior.

Mencionan como indicador adicional la designación de Héctor Rodríguez como Comisionado Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, lo que sugiere “que el objetivo principal no es desmontar las estructuras de poder heredadas, sino adaptarlas a las nuevas condiciones políticas, económicas e internacionales”.

Más que una transición hacia un nuevo régimen político, la reingeniería impulsada por Rodríguez parece orientada a preservar la gobernabilidad del sistema mediante su reorganización interna.

El informe sostiene que ninguna transición democrática sostenible puede construirse sobre la suspensión práctica o reinterpretación permanente de la Constitución, por lo que advierten que sin garantías institucionales sólidas, cronogramas verificables de cumplimiento, cronograma electoral y mecanismos reales de supervisión nacional e internacional, los procesos de negociación y acuerdos pueden derivar en que “el tiempo funcione como herramienta de recomposición del poder antes que de democratización efectiva”.

El documento interpreta la necesidad de resolver la situación presidencial “conforme a los mecanismos previstos en la Carta Magna”, determinar de manera definitiva la naturaleza de la “ausencia presidencial” y, de configurarse una falta absoluta activar el artículo 233, “convocatoria de elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables dentro de un cronograma acordado y supervisado”.

Nombramientos y decisiones

El informe concluye que los primeros meses del interinato han estado marcados por una inclinación hacia “soluciones extraordinarias” que debilitan los controles constitucionales, administrativos y parlamentarios.

Entre los hechos señalados figuran la designación de Delcy Rodríguez como presidenta “interina” mediante una figura no prevista en la Constitución; reformas legales cuestionadas, como las referidas a hidrocarburos y minería; la continuidad del Decreto de Estado de Conmoción Exterior sin renovación parlamentaria expresa; y decisiones sensibles en materia militar y de amnistía sin los procedimientos legislativos correspondientes.

Suman lo ocurrido el 23 de mayo con el ejercicio de aeronaves militares estadounidenses sin cumplir con la Constitución, “que atribuye a la Asamblea Nacional la autorización del empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

Otro elemento es la declaración pública de Delcy Rodríguez, el 23 de abril 2026, dando por concluida la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, sin los procedimientos legislativos correspondientes.

Las designaciones del Fiscal General y de la Defensoría del Pueblo que se apartan de las normativas internas de esas instituciones.

También, la continuidad del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, “sin renovación parlamentaria ni derogatoria expresa, mantiene cuestionamientos sobre su validez jurídica”.

En ese marco, LabPaz advierte que el tiempo puede terminar funcionando como una herramienta de recomposición del poder antes que como un vehículo de democratización efectiva. Por eso insiste en que la salida a la crisis presidencial debe resolverse conforme a la Constitución, con definición clara de la naturaleza de la ausencia presidencial y, de configurarse una falta absoluta, con la activación del artículo 233 para convocar elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables dentro de un cronograma acordado y supervisado.