El debilitado DOJ de Trump tiene a Sheinbaum entre la espada y la pared | Por Marcos Martínez Chacón Editorial Aristegui Noticias

Por Marcos Martínez Chacón*

Desde que regresó a la Casa Blanca, Donald Trump se ha dedicado a desmantelar áreas clave del gobierno federal estadounidense, y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) no ha sido la excepción. Por eso resulta irónico que una institución estadounidense debilitada como pocas veces antes por despidos, reestructuraciones y nombramientos controvertidos sea la que tiene al gobierno de Claudia Sheinbaum entre la espada y la pared del lado mexicano de la frontera.

Pero la ironía de la encrucijada en la que se encuentra la administración de Sheinbaum gracias a las acciones del cuestionado DOJ de Trump tiene raíces profundas, no sólo en la debilidad del sistema de justicia mexicano, sino también en su inoperancia generalizada para prevenir, investigar y castigar la corrupción política.

La colusión entre criminales y actores políticos mexicanos ha sido ampliamente documentada por organizaciones civiles, periodistas y, en algunos casos notables, por las propias autoridades de distintos niveles de gobierno.

También ha quedado demostrado que esa colusión explica, en buena medida, la inoperancia de las instituciones de procuración e impartición de justicia en México.

Es decir, para muchos sinaloenses habría sido risible la idea de que las indagatorias sobre la presunta colusión entre el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios acusados por el DOJ de supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa surgieran de la propia Fiscalía estatal.

Por eso es que, para muchos de quienes han sido testigos de la descomposición en Sinaloa, no era —ni lo es aún— una posibilidad que el desmantelamiento de la narcopolítica proviniera de las instituciones mexicanas.

Una de las evidencias de mayor impacto fue aportada por la defensa legal del mismísimo Ismael “El Mayo” Zambada poco después de su captura en julio de 2024.

En una carta, “El Mayo” narró que Rocha Moya era uno de los invitados a una reunión de mediación en Culiacán relacionada con conflictos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, encuentro que, según su versión, terminó siendo una emboscada para someterlo y trasladarlo por la fuerza a Estados Unidos.

La gravedad de la acusación de “El Mayo”, que Rocha Moya ha rechazado reiteradamente, radica en que sostuvo que al encuentro asistirían no sólo el gobernador, sino también Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el político local Héctor Melesio Cuén. En su carta, Zambada agregó que acudió acompañado por José Rosario Heras López, entonces comandante de la Policía Judicial del Estado.

Según la versión de Zambada, en ese mismo lugar fue asesinado Melesio Cuén, mientras que él fue sometido y atado de pies y manos por Guzmán López para posteriormente ser trasladado a un aeropuerto en Santa Teresa, Nuevo México, donde fue entregado a las autoridades estadounidenses. Tanto él como Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos tras aterrizar en territorio estadounidense.

¿Qué podrían esperar los sinaloenses de las instituciones de justicia si las acusaciones planteadas por Zambada en contra de Rocha Moya ni siquiera han sido esclarecidas de manera convincente por las fiscalías mexicanas?

Frente a todo esto, en lugar de admitir lo evidente y colaborar con lo que queda del DOJ, la presidenta Sheinbaum se ha envuelto en la bandera del discurso soberanista.

Por eso cabe preguntarse qué tanto sustento puede tener el reciente discurso pronunciado por Sheinbaum frente al Monumento a la Revolución si quienes gobiernan Sinaloa y otras entidades del país no han podido —o no han querido— desmantelar las redes criminales que sostienen la maquinaria del narcotráfico en México.

Así, la presidenta busca ofrecer dos alternativas a la opinión pública, sustentando su argumento en un falso dilema: o se defiende la soberanía nacional o se claudica ante los tentáculos del intervencionismo de Trump.

Pero la situación del país frente a la sangrienta narcopolítica no se reduce a esa dicotomía simplista. La crisis actual no consiste en optar entre blanco y negro, sino que está enraizada en la profunda corrupción que alimenta las redes de macrocriminalidad en México.

Por eso resulta irónico que sea precisamente el DOJ de Trump —un político acusado reiteradamente de anteponer sus intereses personales a los institucionales— el que se haya convertido en una de las mayores fuentes de presión para el gobierno mexicano en años recientes.

Ha sido Trump, quien indultó o conmutó las condenas de cientos de individuos que fueron investigados y procesados por el DOJ durante la administración de Joe Biden por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, quien ahora tiene contra las cuerdas a Sheinbaum, a su gobierno y a una cúpula de Morena cada vez más cuestionada.

Y ha sido el gobierno de Trump, el mismo que removió a fiscales con años de carrera sólo porque lo investigaron a él o a sus aliados durante la administración Biden para sustituirlos por personajes sin experiencia en la procuración de justicia, el que ha encendido una discusión del lado mexicano sobre qué tan profunda es la colusión entre Morena y el narco.

Por eso no está de más considerar que un DOJ debilitado por los propios impulsos y caprichos de Trump ha hecho más hasta ahora para exhibir los vínculos entre política y crimen organizado en México que el propio sistema de justicia mexicano en años recientes, pese al soberanismo ramplón del oficialismo.

*El autor es periodista especializado en derechos humanos. Cuenta con una maestría en Periodismo por la Universidad de California, Berkeley, y actualmente cursa la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.