Fujimori y Sánchez, de las antípodas en economía a aproximarse para ganar elección en Perú Infobae
Lima, 3 jun (EFE).- Los planes de gobierno de la derechista Keiko Fujimori y del izquierdista Roberto Sánchez, los dos candidatos que disputan este domingo 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, estaban originalmente en las antípodas en lo económico, pero en los últimos días la primera ha elevado sus promesas de gasto público y el segundo ha moderado sus posiciones en busca del voto de centro.
Tanto la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) como el exministro del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) han inundado sus campañas con multitud de promesas becas, pensiones, subsidios, bonos y obras públicas.
Sus mayores diferencias están en la manera de tratar las inversiones, la recaudación tributaria de las grandes empresas y el futuro de la petrolera estatal Petroperú.
Fujimori ha basado su campaña en reivindicar los éxitos de su padre, entre ellos los fundamentos económicos que permitieron dejar la hiperinflación y el aislamiento internacional tras un controvertido primer gobierno de Alan García Pérez (1985-1990), lo que sentó las bases del crecimiento del país en estas tres últimas décadas.
Así, la candidata ha prometido nombrar como ministro de Economía a Luis Carranza para tener un crecimiento sostenido que llegue al 6 % en 2031, basado en inversión privada y respeto a los contratos privados, respaldo a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y un déficit fiscal del 1 % del producto interior bruto (PIB).
Sin embargo, Sánchez ha criticado duramente el neoliberalismo y la “sacralización del mercado” y plantea una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo económico, con mayor soberanía sobre recursos naturales y revisión de acuerdos comerciales y contratos de inversión.
El equipo económico de Sánchez, donde está Pedro Francke, exministro de Castillo, ha intentado suavizar su mensaje en los últimos días de campaña y aseguró que respetarán la propiedad privada y los contratos que promuevan la responsabilidad social empresarial y el cuidado del medioambiente.
Otra controversia fue inicialmente la continuidad del presidente del Banco Central, Julio Velarde, considerado artífice de la exitosa política monetaria del país al haber permanecido en el cargo desde 2006, tiempo en el que ha visto pasar a diez presidentes manteniendo uno de los índices inflacionarios más bajos de Latinoamérica.
Mientras Fujimori respaldó abiertamente a Velarde, Sánchez afirmó inicialmente que no lo mantendría en el cargo porque nadie es imprescindible, lo cual le causó el rechazo de los sectores más conservadores y lo forzó a cambiar de opinión en el debate con Fujimori, donde cambió totalmente su opinión y prometió ratificarlo en el cargo.
No obstante, el candidato siempre ha asegurado que respetará la autonomía del Banco Central.
El izquierdista también ha anticipado su intención de subir el salario mínimo de 1.130 soles (332 dólares) a 1.500 soles (441 dólares) y una reforma tributaria para las grandes empresas, al achacar a Fujimori la prórroga de una serie de exoneraciones tributarias a empresas agroexportadoras que impidió recaudar, según el candidato, hasta 20.000 millones de soles (unos 5.800 millones de dólares) por año.
En cambio, Fujimori defiende el tratamiento tributario a las grandes empresas agroexportadoras, cuyo crecimiento ha llevado a que Perú sea líder mundial en la exportación de distintos frutos como espárragos, arándanos y uva, en un sector que emplea a unas 430.000 personas.
Fujimori también plantea la construcción de cuatro líneas de Metro en Lima y tres en Arequipa, Trujillo y Piura, modernizar el 70 % de los puertos estratégicos y conectar al menos 80 % de los principales proyectos mineros a corredores logísticos terrestres o portuarios.
A su vez, Sánchez propone establecer un mecanismo para su reajuste anual, así como reducir el precio de los combustibles mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que puede significar un alto costo para las finanzas públicas. EFE
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