Captan a José Ramón López Beltrán y a la Familia de Rocha Moya en la Fórmula 1 bajo Sombra de la UIF Sol Yucatán
Redacción / La Opinión de México
MÉXICO — El discurso de austeridad y los principios de izquierda volvieron a quedar bajo el escrutinio público tras revelarse la presencia de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el exclusivo evento de la Fórmula 1. En esta ocasión, no estuvo solo; lo acompañaron Eneyda Rocha Ruiz —hija del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— y su esposo, Jorge Antonio Cano Félix.
Ante la ola de críticas por el elevado costo que representa asistir al Gran Premio, los involucrados argumentaron de inmediato que su acceso se debió estrictamente a «cortesías» de precio cero. Sin embargo, la justificación no ha frenado los cuestionamientos en redes sociales y círculos políticos, donde se critica el ostentoso estilo de vida de los descendientes de la autodenominada «Cuarta Transformación».
El trasfondo de esta reunión resulta aún más complejo a nivel legal. Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda aplicó una inmovilización preventiva a las cuentas bancarias de Eneyda Rocha Ruiz y su círculo familiar cercano.
Esta medida precautoria derivó directamente de los reportes del sistema financiero por las acusaciones e investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dichas indagatorias señalan presuntos vínculos económicos y de protección hacia organizaciones delictivas en Sinaloa.
El operativo financiero de la Secretaría de Hacienda de México incluye el bloqueo de activos no solo de los hijos del mandatario sinaloense, sino también del propio Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de alto rango de la entidad.
Mientras las autoridades de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York avanzan en expedientes sobre presunto narcotráfico, el grupo de la llamada «aristocracia guinda» se pasea por las zonas VIP del automovilismo internacional. Para la opinión pública, el argumento de las «cortesías» resulta insuficiente para justificar la convivencia pública con personajes cuyas finanzas se encuentran congeladas bajo sospechas de procedencia ilícita.
La contradicción entre la retórica oficial de la izquierda mexicana y el estándar económico que exhiben sus familias continúa alimentando el debate sobre el verdadero alcance de la transparencia y el combate a la corrupción en el país.
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