España recibe al papa con un sistema para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales Infobae
Madrid, 2 jun (EFE).- El papa León XIV llegará a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, con un sistema mixto acordado entre el Gobierno, la propia Iglesia y el Defensor del Pueblo y reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente.
De hecho, una de las principales incógnitas de la agenda del viaje del pontífice durante su estancia, del 6 al 12 de junio, es si se verá con víctimas de abusos.
La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) ha pedido reunirse con él, pero el Vaticano no informa de este tipo de encuentros privados, que en todo caso se hacen públicos a posteriori por boca de los protagonistas.
Un encuentro que la Conferencia Episcopal Española (CEE) considera que "sería bueno", según dijo en abril su secretario general y portavoz, César García Magán, quien incidió en que la agenda del viaje "la hace el papa".
Hace cuatro años que las víctimas se reunieron con el entonces presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella. Desde entonces no ha vuelto a producirse un encuentro con la cúpula eclesiástica, más allá de que Luis Argüello saludase a un grupo de víctimas concentradas a las puertas de la CEE cuando fue elegido presidente, en marzo de 2024.
Con un "gran malestar" de las víctimas y una sensación de deuda no saldada, España ha abierto hace menos de dos meses un sistema inédito de reparación entre el Estado y la Iglesia para los casos en los que ya no es posible la vía judicial. En caso de discrepancia, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra a la hora de establecer la indemnización que pagará la Iglesia.
Aunque el pacto fue clave para encarrilar y anunciar la visita oficial del papa León XIV, la CEE siempre ha sostenido que este viaje nunca estuvo condicionado a aprobar el plan de reparación para las víctimas.
España es el primer país que recibe a un papa con un recién estrenado sistema de reparación de las víctimas de abusos de clérigos, un modelo híbrido diseñado para reconocer y compensar a quienes nunca obtendrán una sentencia judicial por haber prescrito sus casos, pero que aún despierta recelos entre asociaciones de afectados.
Según el protocolo firmado el 30 de marzo para materializar el acuerdo, este sistema estará vigente un año, prorrogable a un segundo, y podrán acudir a él todas las víctimas cuyos casos hayan prescrito.
Quienes ya han recurrido al sistema de reparación instituido por la Iglesia en 2024 (PRIVA) también podrán usarlo. Será a partir de ahora cuando las víctimas tengan que elegir si recurren al nuevo mecanismo o al eclesiástico.
Lo harán en la oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que desde que ha comenzado a funcionar ha recibido 377 solicitudes, muchas más que las presentadas en el plan PRIVA desde su creación, 89 en un año.
Esas solicitudes de reparación se remiten a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo -de esas 377 ya analiza 317-, formada por especialistas y profesionales independientes, que elaborará la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.
Si no hubiese acuerdo, una comisión mixta con participación de las asociaciones de víctimas, tratará de alcanzar una solución con consenso. Si no fuera posible, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra y la Iglesia responderá económicamente o con cualquier medida de reparación a la que dé lugar el proceso.
La Iglesia española ha pasado, en poco más de un decenio, de gestionar los abusos sexuales como casos aislados y de forma silenciosa a contar con una estructura estable de oficinas, datos y mecanismos de reparación propios, ahora integrada en el nuevo sistema mixto con el Estado.
Un estudio encargado por la CEE a un despacho de abogados recogió más de 1.300 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas, aunque no ofrecía un número de abusadores, según el informe publicado en diciembre de 2023.
A su vez, el Defensor del Pueblo presentó el mismo año los resultados de una encuesta a 8.013 personas: el 1,13 % de los españoles mayores de edad habrían sufrido abusos en el ámbito religioso, un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso.
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