El FMI asegura que hacer reformas estructurales es más útil para la economía que aplicar una política industrial Infobae
El Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó el auge de la política industrial a nivel global, pero planteó dudas sobre su efectividad a largo plazo. Además, aseguraron que ciertas medidas en ese sentido pueden perjudicar a la economía en su conjunto. En ese contexto, el organismo cree que las reformas estructurales son más beneficiosas.
En su blog, el Fondo remarcó que la política industrial —el uso de intervenciones gubernamentales para apoyar o desarrollar empresas e industrias específicas— se volvió más popular desde 2020, especialmente en respuesta a las crisis. Si bien la pandemia fue el disparador, muchas medidas permanecieron vigentes una vez superada la emergencia.
Datos del Observatorio de Nueva Política Industrial (ONPI), que abarcan más de 52.000 intervenciones en 75 países desde 2009, muestran que el total introducido el año pasado fue 2,5 veces el promedio prepandémico.
El ejemplo más reciente es la guerra en Medio Oriente, cuyo impacto en los precios de la energía y la agitación geopolítica impulsaron medidas de apoyo a toda la economía, como topes al precio de los combustibles y reducciones en aranceles.
“Al menos 305 medidas de política industrial atribuidas al conflicto fueron anunciadas en sus primeros dos meses. Entre ellas se incluyen prohibiciones a la exportación de energía y fertilizantes, subsidios para productos de energía verde y apoyo a exportadores”, precisó el organismo.
El análisis revela un cambio importante en las razones por las que los gobiernos intervienen. “El reciente auge de la política industrial está motivado cada vez más por preocupaciones de resiliencia y seguridad, que difícilmente disminuirán dadas las crecientes tensiones en Medio Oriente”, sostuvo el FMI.
Según el informe, después de 2008 las principales razones para respaldar políticas industriales estaban vinculadas al impulso de la competitividad y la respuesta al cambio climático. Desde 2020, esas motivaciones se han desplazado hacia la resiliencia de las cadenas de suministro, la seguridad nacional y cuestiones geopolíticas.
En esa línea, los gobiernos dejaron de centrarse únicamente en fortalecer y hacer más competitivas sus industrias, y ahora buscan reducir la dependencia de rivales geopolíticos y proteger sectores considerados estratégicos, lo que configura un tipo de política industrial cualitativamente diferente.
En ese escenario, el diagnóstico del Fondo sobre el éxito de la política industrial en términos globales es que depende del diseño y la elección del instrumento utilizado. Aunque tiende a mejorar la competitividad de los sectores objetivo, los efectos son de corta duración.
“Más importante aún, el impulso se observa principalmente en sectores que ya eran competitivos. Esto es una consideración importante para los gobiernos que esperan utilizar la política industrial para construir nuevas industrias desde cero”, aseguró el FMI.
Explicó también que los subsidios a empresas están asociados con aumentos sostenidos en la inversión de capital, pero que su impacto sobre la productividad y la producción se desvanecen rápidamente y pueden incluso revertirse tras algunos años.
No obstante, mencionó efectos positivos, vinculados a objetivos más recientes, como el clima y la resiliencia de las cadenas de valor.
“Al orientarse hacia sectores con altas distorsiones de mercado, como márgenes generosos y dependencia financiera externa, el efecto puede ser hasta cuatro veces mayor”, destacó el reporte.
Asimismo, mencionó que las políticas que apoyan la transición verde muestran mejoras más sólidas y duraderas en competitividad. Y las intervenciones dirigidas a componentes para productos finales —conocidas como la parte upstream de la cadena de suministro— “parecen más efectivas que las orientadas directamente a los productos finales”.
El FMI concluyó que la política industrial no es equivocada, dado que existen “sólidas razones económicas para ella en presencia de fallas de mercado”. Pero “es mucho más difícil alcanzar los objetivos previstos de lo que la actual popularidad política de estas acciones podría sugerir”.
“La evidencia no respalda la idea de ciclos de éxito que se refuerzan a sí mismos, donde el apoyo gubernamental fomenta la competitividad. En cambio, observamos principalmente ganancias modestas y temporales en sectores que ya eran fuertes”, señaló.
En otro orden, el reporte puso foco en los efectos secundarios: “Los gobiernos suelen pasar por alto los efectos más amplios a nivel nacional y global. La política industrial típicamente reasigna recursos hacia entidades objetivo, lo que puede perjudicar a la economía en su conjunto si se hace a expensas de actores más productivos. En suma, cuando un país subsidia un sector estratégico, otros lo siguen con frecuencia. El resultado puede ser una costosa e ineficiente carrera armamentista global de subsidios que deja a todos en peor situación”.
“Si bien es claro que la política industrial ha regresado, es más difícil decir si puede generar beneficios económicos sostenidos o a qué costo. Nuestro análisis sugiere que depende de cuán cuidadosamente se diseñen las políticas, cuán bien gobernadas estén las instituciones implementadoras, la solidez de los fundamentos de la política macroeconómica del país, y si el mundo puede coordinarse en lugar de tomar represalias“, añadió.
Como propuesta, el organismo indica que las reformas más amplias a nivel de toda la economía suelen generar mayores beneficios. En primer lugar, cree que las mejoras institucionales y regulatorias pueden aumentar la producción en industrias ineficientes hasta en un 10% en el mediano plazo. “Esto es cinco veces mayor que el impulso en la producción observado tras la implementación de políticas industriales”.
Por otra parte, dice el Fondo, las reformas financieras ayudan especialmente a las industrias con restricciones crediticias.
“En términos más generales, las reformas estructurales benefician a todos los sectores, evitan los riesgos de elegir ganadores y mejoran las perspectivas de éxito de la política industrial si se llega a utilizar”, argumentó.
Se trata de una visión que comparte el gobierno de Javier Milei. Además de numerosas desregulaciones, avanzó con la aprobación de la reforma laboral, que apunta a disminuir los costos de las empresas y flexibilizar las condiciones de contratación.
Como pendiente, el Fondo advirtió en su último staff report sobre la necesidad de avanzar con las reformas tributaria y previsional.
El análisis señala, por un lado, que el sistema tributario argentino “sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento y la competitividad”. Por otro, subraya que la fragmentación entre Nación y provincias genera superposiciones, baja recaudación y dificultades para controlar el cumplimiento fiscal, mientras la proliferación de regímenes especiales alimenta la inequidad. Para el organismo, la Argentina enfrenta la necesidad de revisar un entramado de más de 155 impuestos.
Al mismo tiempo, pidió que el Gobierno aplique una reforma previsional integral para “fortalecer los incentivos para aportar, mejorar la equidad entre los trabajadores y reforzar la sostenibilidad de largo plazo del sistema, incluso alineando mejor la tasa interna de retorno del sistema con su tasa natural de retorno”.
