Australia pide 2.000 millones a la multinacional 3M por contaminación con químicos Infobae
Sídney (Australia), 28 may (EFE).- El Gobierno australiano demandará a la multinacional estadounidense 3M y a su filial local por valor de 2.000 millones de dólares australianos (1.200 millones de euros) por ocultar los riesgos ambientales de los químicos incluidos en la espuma extintora que contaminó decenas de bases militares con su uso.
La acción legal, anunciada hoy por el Gobierno australiano, pretende hacer frente a los daños y costes de descontaminación en las 28 instalaciones militares afectadas por este caso a lo largo de todo el país.
Según la fiscal general australiana, Michelle Rowland, se trata de la mayor reclamación judicial emprendida por el Estado y busca recuperar parte de los más de 1.000 millones de dólares australianos (590 millones de euros) ya gastados en investigaciones, mitigación y limpieza de la contaminación en las bases del Departamento de Defensa.
La demanda sostiene que 3M conocía desde hace décadas los posibles efectos nocivos de las espumas ignífugas o AFFF fabricadas con PFAS, conocidas como 'químicos eternos', pero no informó plenamente a las autoridades australianas y ofreció garantías "inconsistentes" con la información científica disponible en ese momento.
Las sustancias PFAS son compuestos químicos utilizados por su resistencia al agua, al calor y a las manchas en productos industriales y de consumo, como espumas contra incendios, utensilios antiadherentes y textiles impermeables.
Su apodo de 'químicos eternos' se debe a que apenas se degradan en el medioambiente y pueden acumularse en el organismo humano.
En respuesta, 3M afirmó que nunca fabricó PFAS en Australia y que dejó de vender las espumas cuestionadas hace aproximadamente dos décadas. La empresa aseguró además que "se defenderá de estas acusaciones a través del proceso judicial".
La decisión del Gobierno australiano se produce tras una investigación parlamentaria publicada a finales de 2025 que recomendó emprender acciones legales contra fabricantes de PFAS para financiar tareas de restauración ambiental y asistencia sanitaria a las poblaciones afectadas. EFE
