Cuando los subsidios financian privilegios Infobae

Seamos claros: si el Estado no distingue, en la idea de subsidiarlo, entre un hogar que no puede pagar la calefacción y otro que puede afrontar la tarifa, no está ayudando, está despilfarrando. Y en la Argentina, como en cualquier hogar, despilfarrar tiene un costo muy concreto, porque cada peso que se destina a un subsidio sale de algún lado: de impuestos, de deuda, de emisión o de recargos que pagan otros usuarios, incluso los que se tienen que calefaccionar con leña. Ellos también contribuyen a generar fondos del Estado nacional con sus impuestos.

Por eso, la discusión sobre el régimen de Zona Fría ampliada debería ordenarse desde una premisa simple. No se trata de negar que en muchas provincias hace frío, ni de abandonar a quienes necesitan ayuda para soportar el invierno. Se trata de decidir si el Estado debe subsidiar automáticamente a todos los hogares de una zona o si debe concentrar la ayuda en quienes verdaderamente la necesitan. Ayudar, sí. Pero ayudar bien.

El régimen original tenía una lógica atendible: reconocer situaciones de frío extremo, donde calefaccionarse implica un costo extraordinario. Patagonia, Malargüe y la Puna justificaban un tratamiento diferencial. El problema apareció cuando esa excepción empezó a ampliarse hasta convertirse en un beneficio territorial mucho más extenso, menos preciso y más difícil de justificar.

La ampliación de 2021 cambió la lógica del sistema. Millones de usuarios pasaron a recibir descuentos por el solo hecho de vivir dentro de un determinado mapa, sin que el criterio principal fuera la necesidad económica. Así, en una misma zona, el Estado terminó tratando igual a hogares humildes y a mansiones de country. Cuando la política pública deja de mirar personas y empieza a subsidiar mapas, uno puede olfatear objetivos electorales.

El problema no es teórico. En las zonas alcanzadas por el régimen ampliado conviven familias que necesitan asistencia con hogares que tienen capacidad de pagar la tarifa plena. Si ambos reciben el mismo beneficio, el subsidio deja de ser una herramienta de ayuda y se transforma en una transferencia mal asignada. No es lo mismo subsidiar a un jubilado que necesita calefaccionarse que subsidiar consumos de hogares que no requieren asistencia estatal.

Hay, además, una pregunta que muchas veces se evita: ¿quién paga esos subsidios? Porque no los paga “el Estado”, como si tuviera una billetera separada de la sociedad. Los pagan los argentinos. Los pagan otros usuarios mediante recargos, los pagan los contribuyentes con impuestos, los pagamos todos con inflación o los pagan nuestros hijos con deuda. En definitiva, los paga la gente.

Por eso no alcanza con decir que un subsidio beneficia a alguien. También hay que explicar quién lo financia. Un beneficio mal asignado puede parecer sensible desde el discurso, pero terminar siendo injusto en la práctica. La crítica a los subsidios mal focalizados ni siquiera nació con este gobierno. En 2021, Martín Guzmán, ministro de Economía K, reconoció que la Argentina tenía un sistema de subsidios energéticos “pro-ricos”.

Córdoba muestra con claridad el problema de los criterios puramente territoriales. Hay usuarios que reciben el beneficio por estar en una zona coloreada y otros que quedan afuera pese a atravesar situaciones económicas más difíciles o no contar siquiera con gas natural por red. Esa comparación obliga a hacer una pregunta incómoda: ¿el subsidio debe seguir atado al domicilio, o a la realidad de cada hogar?

La reforma que se discute en el Congreso debe entenderse en ese marco. No se trata de eliminar toda asistencia ni de desconocer las necesidades de calefacción. Se trata de ordenar un sistema que se volvió demasiado amplio, demasiado automático y demasiado injusto. Las zonas de frío extremo deben conservar un tratamiento diferencial. Y en el resto del país, la ayuda debe concentrarse en quienes realmente no pueden afrontar el costo.

Focalizar no es abandonar. Focalizar es poner orden. Es dejar de tratar igual situaciones que son distintas. Es cuidar los recursos de todos. Argentina necesita dejar atrás la lógica de los subsidios diseñados para quedar bien con todos, y pagados por todos. La energía tiene un costo, y cuando ese costo se oculta o se reparte mal, alguien termina pagando la diferencia.

Un Estado responsable no puede seguir subsidiando mapas: tiene que ayudar a personas. Y esa es la diferencia entre una política pública justa y un privilegio sostenido con recursos ajenos.