El día después de la cárcel: Uruguay anunció plan para que presos trabajen seis meses antes de ser liberados Infobae
Las cárceles uruguayas tienen una importante rotación de personas. En 2025, fueron 10.691 los privados de libertad que egresaron, lo que equivale a un promedio de 31 liberados por día. Pero siempre son más los que ingresan y la cantidad de presos es cercana a 16.800. Para mucho de los que salen, la reinserción laboral es una de las principales dificultades.
Es por esto que el gobierno de Yamandú Orsi presentó este lunes una iniciativa pensada para “garantizar condiciones efectivas para la inclusión social de personas liberadas del sistema penitenciario con ayudas en materia laboral y de vivienda”, como informó la Presidencia uruguaya.
Se trata de una iniciativa piloto, destinada a 350 personas, con intención de incrementar los apoyos a la totalidad de las población carcelaria, con la asistencia de instituciones públicas y privadas. Estas últimas posibilitarán, a través de contratos de trabajo, insertarlas en la vida en sociedad, para que cuenten con un proyecto de vida, informó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
El plan, que lleva el nombre de Libertad Segura, comenzará en las próximas semanas cuando los primeros seleccionados actualicen o accedan a documentación básica como el documento de identidad y puedan tener acceso a los servicios sanitarios, a planes sociales, a cursos de formación, a la construcción de perfiles profesionales, a boletos para el transporte público y a un “empleo protegido” durante un año.
En una primera etapa, será la Intendencia de Montevideo la que incorporará persona en el marco de este proyecto.
“Si realmente queremos resolver el problema de convivencia y seguridad, si queremos romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito, este es uno de los instrumentos que tenemos que llevar adelante”, aseguró Sánchez en la presentación del programa.
El jerarca señaló que la población carcelaria crece en Uruguay desde hace 30 años y enfatizó que una de las prioridades del gobierno de Orsi es que haya “respuestas audaces” para este problema.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, dijo que el programa tiene dos objetivos: el primero es “evitar la reincidencia para mejorar la convivencia, debido a que tres de cada diez liberados vuelve a delinquir antes de los seis meses y dos terceras partes antes de los tres años”; en segundo lugar, afirmar “el derecho de las personas de construir un proyecto de vida en libertad”.
Arim enumeró riesgos a los que se enfrentan las personas cuando son liberadas del sistema carcelario: “ausencia” de espacios familiares de contención, falta de un lugar para vivir, ingresos “predecibles”, exposición a redes del crimen organizado, falta de acceso a tratamientos sanitarios y a salud mental y regreso a “circuitos que amenazan la equidad y cierra las oportunidades de una vida digna”.
El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo por su parte que ninguna política pública es posible si no es acompañada por un “reingreso social saludable”.
“Donde el Estado no acompaña esa transición aumenta la probabilidad de reincidencia, exclusión y reproducción de la violencia; por eso este programa apuesta a una lógica distinta, se trata de construir trayectorias integrales de reingreso que comiencen intramuros y continúen después de la liberación, con acompañamiento, acceso a servicios y oportunidades de reinserción laboral y social”, declaró Negro, según consignó la web de Presidencia.
Ana Juanche, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (el organismo que gestiona las cárceles), destacó que el programa prioriza la dimensión de género. Dijo que si bien la población femenina es solo un 10% del total de la población carcelaria, sus necesidades son más “específicas”. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó que el trabajo “no es solo un ingreso económico, organiza la vida cotidiana, organiza vínculos, genera autonomía y permite construir proyectos de vida”.
