La nueva geopolítica del agua en México El Financiero

Este es uno de esos años para el agua en México. Las presas del Sistema Cutzamala llegaron al 70% de almacenamiento en mayo de 2026, el nivel más alto en siete años. En mayo de 2024 estaban al 27%. Para los 22 millones de personas que dependen de ese sistema en el Valle de México, la recuperación es real y bienvenida. Pero la historia del agua en 2026 no cabe en esa cifra. Cabe en la tensión entre una recuperación parcial y una crisis estructural que no ha cedido, entre un marco regulatorio nuevo y una realidad territorial que lo pone a prueba desde el primer día.

Mientras el centro recupera sus presas, el norte del país atraviesa su séptimo año consecutivo de sequía intensa. Hasta principios de abril de 2026, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se mantienen en sequía extrema. Hay además sequía severa en el norte de Sonora, el centro de Sinaloa, el sur de Michoacán y el norte de Veracruz. Son el resultado de cuatro décadas de reducción sostenida de precipitaciones en una región que al mismo tiempo concentra la mayor apuesta industrial del país. Los sobreexplotación de acuíferos en el norte es fuerte. Baja California Sur encabeza con -75.3%, Sonora con -54.5%, Chihuahua con -53.6%, Sinaloa con -52.3% y Durango con -49.3%.

La cancelación del proyecto de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, valorado en 1,400 millones de dólares, anticipó la tensión que hoy enfrentan las inversiones industriales en zonas con escasez hídrica. El 76% de los ciudadanos votó en consulta popular (Marzo 2020) en contra de destinar agua escasa a producción industrial mientras sus comunidades la racionaban. La presión del nearshoring sobre acuíferos del norte es hoy mucho mayor que entonces, e industrias intensivas en agua como semiconductores y alimentos reconsideran sus ubicaciones ante la escasez crítica en la región. Esta es la contradicción que define el momento. México apuesta su modelo de desarrollo en el norte, y el norte no tiene el agua que ese modelo requiere. Lo que hace diferente a 2026 es el cambio de marco de los últimos doce meses y cómo obliga a todos los actores a reposicionarse.

En 2024, la presidenta Sheinbaum presentó el Plan Nacional Hídrico 2024–2030 declarando: “El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho.” El gobierno comprometió 20,000 millones de pesos en 2025 para infraestructura hídrica, la inversión pública más significativa en el sector en décadas. En diciembre de 2025, el Congreso aprobó la primera Ley General de Aguas en 33 años. La ley reconoce el agua como derecho humano y bien estratégico, crea el Registro Nacional del Agua, prohíbe la transmisión especulativa de concesiones entre privados e introduce la responsabilidad hídrica para todos los actores. CONAGUA comenzó 2026 revisando más de 536,000 títulos de concesión. El 28 de abril venció el primer plazo de regularización.

Semanas antes, el conflicto con Estados Unidos por el Tratado de Aguas de 1944 había convertido el agua en un asunto de política exterior con consecuencias arancelarias. Trump amenazó con un 5% de sobrecargo a productos mexicanos por déficit acumulado en la entrega de agua del Río Bravo. Sheinbaum negoció con firmeza. En diciembre ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo para liberar 249,163 millones de metros cúbicos. La exposición de la fragilidad hídrica de la cuenca del Río Bravo, justo en los mismos estados que hoy siguen en sequía extrema, quedó documentada para siempre en el expediente de la relación bilateral.

El agua pasó de ser un tema sectorial a tema de soberanía, competitividad y política exterior. Ningún informe técnico había logrado esa visibilidad. La geopolítica sí.

Las cifras de fondo no han cambiado con la recuperación parcial de las presas. Más de 35 millones de mexicanos siguen sin acceso adecuado al agua. Un tercio de los hogares con tubería no recibe agua diariamente. La disponibilidad per cápita cayó de 17,742 metros cúbicos por habitante a 3,656 en siete décadas, con proyección de solo 3,285 para 2030. El 40% del agua distribuida se pierde en fugas antes de llegar a una llave. El estrés hídrico amenaza hasta el 31% del PIB nacional. Estas cifras describen una estructura.

El 2026 ofrece una ventana política y regulatoria, con voluntad ejecutiva demostrada, una ley nueva que obliga a repensar cómo se asigna y gestiona el recurso, y un contexto de inversión que hace imposible seguir tratando el agua como un insumo secundario. Esa ventana tiene un plazo. Los 180 días que las entidades federativas tienen para armonizar su legislación con la ley federal están corriendo. Los reglamentos operativos se construyen ahora.

La oportunidad para el sector privado y el sistema financiero está precisamente ahí. El riesgo hídrico ya no es un riesgo ambiental periférico, es un riesgo regulatorio, un riesgo de crédito y, en el norte del país, un riesgo de licencia social para operar. Los modelos de crédito para acceso domiciliario al agua existen, funcionan y tienen tasas de repago altas. Las cooperativas en las regiones con mayor estrés hídrico conocen a sus clientes mejor que cualquier banco comercial. El capital privado puede ser parte estructural de la solución.

Hay un ángulo que la conversación económica sobre el agua suele ignorar. Las mujeres son quienes más horas pierden cuando el suministro falla, quienes reorganizan el presupuesto familiar cuando el garrafón sube y quienes terminan destinando parte creciente de sus ingresos al pago de pipas de agua, un gasto ya insostenible para millones de hogares y pequeñas empresas. Esta dependencia no solo afecta la economía familiar, también golpea la productividad, obliga a destinar recursos a sobrevivir en lugar de invertir, emprender o crecer. Son además quienes más necesitan que una institución financiera las trate como sujetas de crédito para conectar su casa a la red. Cualquier estrategia hídrica que no las incluya deliberadamente está resolviendo solo la mitad del problema.

El Cutzamala en recuperación, el norte en tensión, una ley nueva en implementación, el agua en la agenda de política exterior, 35 millones de mexicanos sin acceso adecuado, y un modelo de desarrollo industrial que choca con la disponibilidad hídrica de la región donde quiere crecer. Este es el mapa situacional.

El año del agua en México no fue 2024, cuando las presas tocaron fondo, ni 2025, cuando las lluvias devolvieron el aliento al centro del país. El año del agua en México es este, 2026, cuando el marco cambió, la oportunidad está abierta y el costo de no actuar ya tiene nombre y coordenadas.