Comunidades indígenas de Guerrero denuncian “guerra de exterminio” en su contra por Los Ardillos: exigen desarticular al grupo criminal Infobae

Las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron que enfrentan una “guerra de exterminio” impulsada por el grupo criminal Los Ardillos, el cual realizó de manera reciente ataques armados y con explosivos que provocaron el desplazamiento forzado de más de dos mil habitantes en varias comunidades del municipio de Chilapa.

Durante una conferencia de prensa, como parte de la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-S), cientos de habitantes y autoridades indígenas acusaron indiferencia por parte del gobierno federal y estatal ante sus exigencias de justicia por los ataques, esto debido a las afirmaciones de que se trata de un conflicto entre grupos criminales.

“Nosotras y nosotros solo vemos que la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) se empeña en sonreír a las cámaras, así como hacía Peña Nieto (…) Sheinbaum ya miente descaradamente sobre la guerra de exterminio en nuestra contra, usando de pretexto a un grupo delincuencial para proteger a Evelyn Salgado, que no ha tenido la capacidad de detener la violencia en el estado. Al contrario, ha pactado con los grupos delincuenciales", dijo una de las mujeres indígenas.

Acusan complicidad y corrupción política para permitir el desplazamiento

Las comunidades señalaron a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carvalho Chino, y a la gobernadora Evelyn Salgado por presuntamente pactar con Los Ardillos y desviar recursos públicos que estaban destinados para ellos.

Denunciaron que estos recursos municipales alimentan la compra de armas y municiones para el grupo criminal, mientras los pueblos indígenas continúan desprotegidos y sin acceso a fondos federales. Asimismo, acusaron a Carvalho Chino de poner los recursos económicos del municipio a disposición de Los Ardillos, y de negarse a dialogar con organizaciones no reconocidas por el Estado.

Respecto a las declaraciones realizadas por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sobre que el origen del conflicto era una disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos, la comunidad indígena acusó que la narrativa busca criminalizar a las propias comunidades acusándolas de ser responsables de la violencia o de atacar sus propios territorios.

Luego de que se desplegó un equipo con autoridades federales y estatales para atender a las familias desplazadas de Chilapa en días pasados, las comunidades exigieron que se lleven a cabo acciones para desarticular al grupo criminal Los Ardillos, ya que continúan operando en impunidad.

“Ustedes, que dicen que ya les reportaron que todo está bien y que ya hay paz. Miente, porque los asesinos siguen estando libres, porque no han sido detenidos, porque no hay investigación ni un mínimo esfuerzo por llegar a la verdad”, acusó una de las mujeres.

Denuncia de violencia, desplazamientos y omisión gubernamental

Los representantes relataron que, entre el 6 y el 12 de mayo, las comunidades de Tula, Alcozacán y Acatlán sufrieron ataques armados y con explosivos perpetrados por Los Ardillos. Estos hechos provocaron el desplazamiento forzado de más de dos mil personas, además de múltiples asesinatos y desapariciones.

En el manifiesto se expuso que las autoridades federales, estatales y municipales han respondido con indiferencia y simulación. Criticaron que solo se acercan a la región en periodos electorales o cuando la tragedia se convierte en noticia nacional.

Rechazo a la militarización y exigencia de soluciones reales

Las comunidades rechazaron la instalación de un cuartel militar en Alcozacán, señalando que la presencia de fuerzas armadas no ha garantizado la seguridad de la población. En lugar de militarización, exigieron la creación de cinco bases de operaciones interinstitucionales en los caminos entre Alcozacán y los municipios donde Los Ardillos han perpetrado ataques.

Reclamaron que cualquier medida de seguridad debe acordarse con las comunidades y no imponerse desde el exterior. Demandaron respeto a la autodeterminación y a las formas propias de organización política, social y cultural, tal como lo establece el artículo segundo de la Constitución Mexicana.

Exigencias de derechos y recursos

El manifiesto incluyó una larga lista de demandas históricas insatisfechas, como lo es el acceso a fondos federales del ramo 33, la construcción de un centro de salud ampliado y una escuela con maestros estables y capacitados. Asimismo, exigieron la creación de un mercado interno, la instalación de un banco de bienestar y torres de transmisión para su radio comunitaria.

Pidieron que se restablezca el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, especialmente para Plácido Galindo y otros activistas amenazados. Demandaron apoyo directo a las familias de las 81 personas asesinadas y 25 desaparecidas en los últimos años, así como la inscripción en programas de vivienda de la CONAVI.

Finalmente, advirtieron que la guerra que sostiene Los Ardillos busca el despojo total de las tierras y la expulsión de las comunidades originarias, por lo que exigieron que sean detenidos sus integrantes y desarticulada la organización criminal.