La perversión de la palabra soberanía El Imparcial
Durante el régimen mexicano previo al periodo democrático, se crearon herramientas legales para castigar a quienes retaban al poder calificando la disolución social como delito, promulgándose en septiembre de 1941 se pretendía combatir el espionaje y castigar a quienes colaboraran con gobiernos extranjeros. La Segunda Guerra Mundial sacudía el escenario geopolítico y México no era ajeno a los intereses en aquel conflicto, con los años aquella disposición fue aprovechada para reprimir.
Notoriamente anticonstitucional y poseedora de una redacción confusa: “Bajo el texto estricto del artículo 145 del Código Penal Federal, se consideraba que se ‘perturbaba el orden público’ (o el ‘reposo público’ en su redacción inicial) cuando la difusión de ideas o propaganda política tendía a producir rebelión, sedición, asonada, motín o escándalos” (Memoria política de México: Selección de textos y documentos, Dora Alicia Carmona Dávila).
En 1951 la legislación se endureció deliberadamente para criminalizar el derecho a la manifestación y a la huelga, incontables personajes políticos, intelectuales y líderes gremiales fueron sometidos.
En 1946 se creó otra norma que cerró la pinza autoritaria, la Ley Electoral que instituyó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, esta entidad supeditaba todo a la Secretaría de Gobernación encargándose de negar el registro o retirar la personalidad jurídica a los partidos, controlando a la oposición y secuestrando facultades discrecionales en materia electoral.
Se centralizó por primera vez todo el sistema electoral en el Poder Ejecutivo federal, quitándole el control de las casillas a los municipios y estados para dárselo a la Federación, provocando la clandestinidad y la asfixia democrática que en algunos casos llevó a estallidos de violencia.
Con estas herramientas aunadas al aparato administrativo y judicial, el régimen ahogó cualquier manifestación democrática y aseguró su permanencia en el poder, el Gobierno mexicano conservaba el poder y la fuerza pero no la legitimidad.
Hoy, de forma conspirativa, Ricardo Monreal propone una ley para anular elecciones bajo una causal irracional, dudosa y que nadie ha solicitado:
“En el texto de la iniciativa relacionada con cambios a la Carta Magna, se indica que el objetivo es adicionar un inciso D al artículo 41 constitucional para permitir la anulación de votaciones cuando se comprueba que haya existido “intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”. (La
Jornada, 23 de mayo 2026).
Contextos distintos y épocas diferentes pero objetivos comunes, esta propuesta y las legislaciones del siglo pasado coinciden en buscar a toda costa la permanencia de Morena en el poder, amenazados por una derrota se acude a la legislación y se derriba una elección adversa, el desatino argumenta la “soberanía” al igual que en el antiguo artículo 145 bis:
“Comete el delito de disolución social, el extranjero o nacional mexicano, que en forma hablada o escrita, o por medio de símbolos o cualquiera otra forma, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción, de cualquier Gobierno extranjero, que afecten el reposo público o la soberanía del Estado Mexicano”. Tienen la mayoría espuria para aprobarla, dueños del INE y el Tribunal electoral para avalarlo.
La ambigüedad conceptual subyace en las legislaciones, esto es deliberado, lo que se busca es criminalizar lo que ellos consideren peligroso para su continuidad, saben que la derrota los pone en peligro y advierten que la libertad es enemiga y hay que suprimirla.
“Aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen libertad ni seguridad”. Carta de Benjamín Franklin en nombre de la Asamblea de Pennsylvania.
