Juzgan desde este lunes en Málaga a un cura por abusar de cuatro mujeres, tras sedarlas, y grabarlas inconscientes Infobae

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar esta semana a un cura al que la Fiscalía acusa de presuntamente abusar de varias mujeres con las que tenía una relación de amistad --hay cuatro denunciantes--, tras sedarlas, y también por grabarlas en esos momentos en los que estaban inconscientes. La Fiscalía pide inicialmente una pena de 72 años de cárcel.

Está previsto que la vista oral comience este lunes y se prolongue los días 27, 28 y 29, han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han precisado que la fecha del interrogatorio del acusado será fijada a lo largo del desarrollo del juicio, en el que se prevé la declaración de 16 testigos, entre ellos las denunciantes de los supuestos abusos.

Además, también comparecerá a lo largo de los días de juicio previstos una veintena de policías nacionales y tendrá lugar la declaración pericial de médicos forenses y de agentes propuestos por las acusaciones --la Fiscalía y cuatro acusaciones particulares en representación de las víctimas-- y la defensa.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, el acusado era desde agosto de 2017 párroco de las localidades de Ardales y Carratraca y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora. Antes, había pertenecido cuatro años a la orden de los Padres Trinitarios, continuando luego en el Seminario, hasta que fue ordenado diácono y presbítero en junio de 2016 y junio de 2017, respectivamente.

En el ámbito de estos ambientes y actividades de tipo religiosas, entabló amistad con las cuatro víctimas en diferentes fechas, aunque según señala la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, estas relaciones se mantuvieron hasta 2023, momento en el que salieron a la luz los hechos que ahora se enjuician.

La acusación pública señala en este escrito cómo actuaba con las mujeres y cómo aprovechaba la relación de "fuerte" amistad y de carácter "íntimo", así como la "confianza" entre ambos, "amparada por la condición de religioso del acusado", que llevaba a que estas frecuente pernoctara en los domicilios en los que iba residiendo o vinculados con él.

El ministerio fiscal relata que el procesado, sin que ellas se percataran, supuestamente les suministraba "una sustancia desconocida --con toda probabilidad éxtasis líquido o "alegría"--, lo que las hacía sumirse "en una profunda situación de somnolencia", en la que "no eran consciente de nada de lo que le pudiera ocurrir" y con lo que evitaba "cualquier defensa".

De esta forma, dice la Fiscalía, el acusado supuestamente se aseguraba "la ejecución de lo que previamente había planeado hacer" y con la intención "de satisfacer sus deseos sexuales", realizaba supuestos actos de esta índole "sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima, ya que se encontraba privada de consciencia".

Además, dichas actuaciones eran presuntamente grabadas y fotografiadas por parte del acusado, sostiene esta acusación, que incide en la "evidente intención de vulnerar su intimidad" en esas ocasiones en las que, "sin el consentimiento", las víctimas eran grabadas en situaciones cotidianas de intimidad, de espaldas o en la playa en bikini.

Según el ministerio público, en estas grabaciones se pueden ver los actos que supuestamente realizaba el acusado y permiten también precisar las fechas en que sucedieron. En uno de los casos, la víctima acudió a él por la difícil situación que atravesaba y en todos las mujeres han sufrido daño psíquico y moral que le ha originado un trastorno.

El fiscal señala que las perjudicadas "no fueron conscientes ni tuvieron conocimiento en ningún momento de los hechos" por lo que continuaban su relación de amistad y confianza con el acusado, hasta que en las Navidades 2022-2023, "la pareja sentimental" del acusado en el domicilio parroquial "en el que cohabitaban en Melilla", encontró, casualmente, un disco duro con las imágenes.

La mujer intentó ponerlo en conocimiento de las autoridades religiosas de Melilla y Málaga, bien personalmente, bien a través de correos electrónicos, "sin que dichas autoridades tuvieran a bien escucharla, o colaborar con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o tomar medida alguna, más allá de trasladar al acusado a las parroquias de El Burgo y Yunquera", dice la Fiscalía.

Ante esta situación, optó por denunciar los hechos, en agosto de 2023, ante la Policía Nacional, a la que entregó copia del material encontrado y, según señala la acusación pública, "fue en ese momento cuando todas las víctimas tuvieron conocimiento de la situación ya relatada".

Por estos hechos, la Fiscalía le acusa de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos delitos de lesiones. Además de los 72 años de prisión, pide que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicar con las víctimas durante diez años y la medida de libertad vigilada por el mismo tiempo.

Asimismo, esta acusación solicita que el acusado pague una indemnización total de 1,2 millones de euros, de forma que abone a cada una de las cuatro víctimas 300.000 euros por las secuelas psíquicas sufridas y los daños morales. Para la Fiscalía, de esas cantidades debe responder como responsable civil subsidiario la Diócesis de Málaga.

Al respecto, el obispo, Jose Antonio Satué, expresó el pasado viernes en rueda de prensa que los abogados del Obispado "van a defender que a la Diócesis no se le debería exigir tal responsabilidad porque no ha propiciado ni se ha favorecido ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote".

Pero, aseveró que "aunque los tribunales exoneren a la Diócesis de esta responsabilidad civil subsidiaria, y en el caso de que se demostrase que el sacerdote es culpable, esta, avanzando por el camino iniciado por la Iglesia, está dispuesta a colaborar también económicamente en la reparación de los daños producidos". Además, expresó la "colaboración con la justicia" y su "confianza en los tribunales".

"La Iglesia católica y, por supuesto, también nuestra Diócesis de Málaga, ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes, incluso cuando los tribunales no obligan", manifestó el obispo, quien pidió "perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en esta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir".