Líderes sociales piden garantias y diálogos “urgentes” con la UNP tras masacre en Norte de Santander

El asesinato del líder social Freiman Velásquez, en el que también fueron víctimas sus escoltas (adscritos a la Unidad Nacional de Protección) y otros acompañantes del hombre que estaba siendo protegido por las amenazas de los grupos armados en Norte de Santander sigue generando indignación en el país.

Luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) asumió su responsabilidad en esta masacre, la Unidad Nacional de Líderes Sociales se pronunció para pedir garantías y comunicaciones “urgentes” con el director de la UNP para que su seguridad sea garantizada.

Para el gremio, lo registrado con Velásquez es una muestra de la necesidad de que las nuevas estrategias y software que serán implementados deben ser presentados previamente a los protegidos, puesto que se desconoce cómo el grupo armado sabía la ubicación del líder social asesinado.

“La presente comunicación surge luego de diferentes espacios de conversación, análisis y articulación sostenidos durante los últimos días con sindicatos del sector de protección, organizaciones sociales y de derechos humanos, periodistas, beneficiarios del Sistema Nacional de Protección, sectores jurídicos, liderazgos territoriales, actores institucionales y distintos sectores políticos y sociales que hoy comparten la necesidad de abrir escenarios de diálogo, concertación y construcción conjunta alrededor de la actual discusión pública relacionada con las nuevas herramientas tecnológicas y mecanismos de control implementados o proyectados dentro de la Unidad Nacional de Protección”.

La unidad pidió que no existan banderas políticas en la discusión, puesto que lo más importante es garantizar la vida de las personas que están expuestas a diferentes peligros en el territorio nacional.

“Hoy nos encontramos frente a una discusión profundamente constitucional, institucional y humanitaria que involucra temas relacionados con privacidad, protección de datos sensibles, confianza institucional, seguridad estatal y garantías reforzadas para líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y personas con riesgo extraordinario o extremo reconocido por el propio Estado colombiano”.

El gremio de líderes sociales afirmó estar de acuerdo con la actualización del sistema de protección que se maneja actualmente; sin embargo, piden que el software sea programado bajo principios claros que sean previamente divulgados.

“Cualquier transformación tecnológica dentro de dicho sistema debe construirse bajo principios claros de legalidad, proporcionalidad, transparencia, participación y garantías verificables, particularmente en un país con antecedentes históricamente delicados relacionados con interceptaciones ilegales, seguimientos indebidos, infiltraciones institucionales y filtración de información sensible”.

El gremio pide que la discusión no se enfoque en desinformación o alarmismo, sino que exista una discusión legítima en la que quede claro que no se puede confundir la protección con vigilancia institucional, por lo que pide abrir una mesa técnica e institucional de trabajo que permita construir conjuntamente garantías, protocolos de confianza, mecanismos de transparencia y escenarios legítimos de articulación alrededor de las transformaciones tecnológicas del sistema.

“Esta comunicación representa una invitación seria, respetuosa y responsable al diálogo institucional. Consideramos que el momento exige mediación, coordinación técnica y construcción conjunta”.

El gremio conformado por miles de líderes sociales anunció que está unido para ayudar a que la capacidad operativa de la UNP sea superior; sin embargo, resalta que para ello la confianza entre las partes debe existir.

Por último, la Unidad Nacional de Líderes Sociales pidió que la respuesta de la UNP sea rápida, puesto que para ellos, que están expuestos a los riesgos del conflicto interno.

“La presente solicitud institucional es elevada formalmente por la Unidad Nacional de Líderes Sociales, pero recoge además preocupaciones, reflexiones y consensos construidos en distintos espacios previos de conversación y articulación con organizaciones sociales y de derechos humanos, sectores políticos y periodísticos, liderazgos territoriales y diversos actores institucionales que consideran necesario abrir escenarios inmediatos de diálogo y construcción conjunta alrededor de este debate”, es como termina el comunicado.