SEMANA revela salvamento de voto que pone en líos a Petro en la Comisión de Acusación por irregularidades en su campaña: lo respaldan dos congresistas, una del Pacto Histórico Semana

Las cuentas del presidente Gustavo Petro frente a la investigación que adelanta en su contra la Comisión de Acusación de la Cámara, por presuntas irregularidades en su campaña en 2022, cambiaron en un abrir y cerrar de ojos, a menos de 20 días de cerrar esta legislatura, y sin calcularlo políticamente.

El mandatario contemplaba que el caso más escandaloso y sonado en los últimos años en su contra terminaría archivado. Pero, tal y como están las cosas, es casi imposible que ocurra.

De los tres congresistas e investigadores (Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo) que llevan su caso, los dos últimos cambiaron de posición y, si nada extraordinario ocurre, se opondrán al auto de Alirio Uribe que pidió proferir decisión inhibitoria en favor de Petro; es decir, que lo absuelvan por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de topes o límites de gasto de su campaña.

SEMANA tiene en su poder el documento con el que Gloria Arizabaleta, congresista del Pacto Histórico, proyecta salvar su voto y se opone, con argumentos jurídicos y técnicos, a que Petro sea inhibido de la investigación.

Arizabaleta llegó a la Cámara en la lista del Pacto por el Valle, fue esposa de Roy Barreras y ha respaldado políticamente desde el Legislativo las reformas del Gobierno. Pero es abogada, fue fiscal durante muchos años y conoce como pocos el derecho penal. En otras palabras, sus actuaciones parecen ir más allá de sus ideales.

“El triunvirato investigador debe disponer la vinculación formal al proceso del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego mediante la recepción a indagatoria. La diligencia deberá ser citada en los términos del Artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y se garantizará al investigado el ejercicio pleno del derecho a la defensa, su derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, entre otros”, solicitó en el proyecto salvamento de voto.

Y consideró ordenar la recepción del testimonio de Juan Carlos Lemus porque fue auditor de la campaña presidencial. Su declaración –a juicio de Arizabaleta– esclarecerá los alcances del préstamo que Fecode le hizo a la campaña por 500 millones de pesos y cuyo dinero no fue reportado a Cuentas Claras.

Pidió la declaración del abogado principal de las campañas políticas del Pacto Histórico en 2022, Jonathan Ramírez Nieves, quien tendrá que explicar la estructura jurídica de la campaña, los contratos celebrados con proveedores y la cadena de decisiones financieras. Y las declaraciones de Ingenial Media S. A. S., la empresa que pagó dinero a los testigos electorales; Supergiros; Jer S. A. y Matrix Giros y Servicios S. A. S. por el mismo tema.

Gloria Arizabaleta estimó que, contrario a lo que decidió el Consejo Nacional Electoral en su sanción administrativa contra la campaña presidencial de Petro, la Comisión de Investigación debe llamar a declarar al representante legal de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi). “Su testimonio versará sobre los términos del contrato de fletamento aéreo del 1 de junio de 2022, las razones técnicas y contables de la expedición de las notas crédito NC31 y NC32, y la liquidación final de los servicios efectivamente prestados a la campaña”, dice el proyecto de salvamento de voto.

SEMANA conoció algunos de los argumentos de la parlamentaria que la llevaron a no respaldar la propuesta de inhibir a Gustavo Petro de su responsabilidad por lo ocurrido en la campaña.

Uno de ellos: el cheque que giró Fecode a la campaña por 500 millones de pesos. “Fecode es una persona jurídica de derecho privado que, en su calidad de organización sindical, tiene vedada de manera absoluta la realización de aportes a campañas presidenciales”, explicó.

Una vez el dinero estuvo en poder de Dagoberto Quiroga, entonces representante de Colombia Humana, “se giró a la sociedad Ingenial Media S. A. S., empresa con la que Colombia Humana suscribió un contrato para la implementación del esquema integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones del 29 de mayo de 2022. Esta denominación, aparentemente técnica, contenía el pago a los testigos electorales durante la primera vuelta presidencial”.

Por lo anterior, “se puede señalar que la triangulación de recursos a través de Fecode para Colombia Humana y luego para Ingenial Media, y finalmente a los testigos electorales, constituye, conforme a las reglas de la experiencia, un mecanismo de ingeniería financiera orientado a desviar el origen real del aporte y a eludir el reporte a Cuentas Claras”.

Y añadió: “El rastreo de este instrumento de pago revela una cadena de intermediaciones diseñada para alejar visualmente los recursos de la fuente prohibida y disimular su vinculación real con la campaña presidencial”, estimó Arizabaleta.

En el auto de salvamento de voto también quedó consignada la inconformidad de la representante Gloria Arizabaleta por la operación de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) y la alteración de las facturas en la campaña.

Recordó que el Pacto Histórico contrató el servicio aéreo para movilizar al entonces candidato presidencial a nivel nacional con dicha empresa. “El Consejo Nacional Electoral evidenció discrepancia sustancial entre los valores reportados por concepto de transporte aéreo y los valores reales de los fletamentos. Sadi expidió facturas originales y, con posterioridad, las anuló mediante las notas de crédito NC31 y NC32, emitiendo facturas sustitutivas de valores sustancialmente menores”, se lee.

Según el documento, la comparación entre los registros de la Aeronáutica Civil, que certifica los vuelos operados efectivamente, las rutas, las fechas, las aeronaves y las facturas presentadas al CNE, “ofrece un elemento de prueba objetivo de que los valores reportados no corresponden a la realidad”. Los valores ocultados por ese concepto fueron: 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y 962 millones en la segunda.

Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña, y María Lucía Soto, auditora, le dijeron al CNE que dichas anulaciones de facturas no correspondieron a maniobras irregulares. Sin embargo, la investigadora y congresista Arizabaleta determinó que “si se hubiera tratado de simples errores de digitación o aplicación incorrecta de tarifas, las correcciones habrían producido ajustes tanto al alza como en la baja del precio. El hecho de que todas las correcciones resulten en valores inferiores requiere una explicación técnica que la instrucción deberá obtener bajo la vinculación formal del sindicado”.

Otro de los temas que no convence a la congresista es el aporte de 600 millones de la Unión Sindical Obrera a la campaña Petro Presidente. Entre el 8 y el 9 de junio de 2022, días antes de la segunda vuelta electoral, se aprobó mediante proposición interna en la USO el giro del dinero para “reforzar la segunda vuelta electoral”.

Pero, según Gloria Arizabaleta, “ese aporte no aparece en el sistema Cuentas Claras, lo que configura una omisión deliberada de información contable ante la autoridad electoral. La proximidad temporal entre la asamblea de la USO (8 y 9 de mayo) y la segunda vuelta (19 de junio) excluye cualquier hipótesis razonable de que los recursos no hayan alcanzado a ser utilizados. Evidencia de que se trataba de recursos destinados a cubrir gastos para esa jornada específica”.

Tras analizar el material probatorio, la parlamentaria Arizabaleta también analizó la posible responsabilidad de Gustavo Petro, en calidad de candidato, frente a los hechos ocurridos en su campaña. Su concepto no es favorable para el jefe de Estado.

“La contribución del candidato –aforado a la estructura financiera de la campaña– no se expresa necesariamente en la firma de cheques o en la gestión directa de contratos, sino en las decisiones estratégicas de nivel superior. Es decir, en la determinación de las prioridades del gasto, la elección de los miembros del equipo directivo de la campaña, la definición de los objetivos logísticos, como la estructura de testigos electorales, y la tolerancia frente a irregularidades de las que tenía o debía tener conocimiento”.

Actualmente, el congresista Alirio Uribe insiste en sostener su auto para inhibir a Gustavo Petro, mientras que Gloria Arizabaleta radicó su salvamento de voto donde considera que el presidente debe ser investigado formalmente en la Comisión de Acusación. Wilmer Carrillo, al parecer, respaldaría la postura de Arizabaleta. Si eso ocurre, la votación sería 2-1 y el primer mandatario no podría librarse de esta investigación penal en su contra.