La estabilidad tributaria como motor del desarrollo de las energías renovables Infobae
En un país atravesado históricamente por la inestabilidad económica y la volatilidad regulatoria, existen pocas políticas públicas que hayan logrado sostener continuidad, consenso político y resultados concretos. El régimen de promoción de energías renovables es, probablemente, una de las pocas experiencias exitosas en materia energética.
Por eso resulta relevante la media sanción de la prórroga de la estabilidad tributaria prevista en la Ley 27.191, incorporada en el paquete de medidas vinculadas al ordenamiento del sistema energético, aprobado en la última sesión de la Cámara de Diputados.
La discusión sobre energía en la Argentina suele quedar atrapada entre subsidios, tarifas y urgencias fiscales. Pero el desarrollo del sector requiere una mirada más estratégica con el foco puesto en la transición energética. Implica pensar cómo diversificar la matriz y aprovechar las ventajas competitivas que tiene nuestro país, para atraer inversiones privadas y generar más empleo. En ese marco, las energías renovables no sólo amplían la oferta de generación limpia, sino que también son la base para nuevas industrias estratégicas, como el hidrógeno verde.
El proceso comenzó en 1998 cuando se declaró de interés nacional la generación eléctrica de origen eólico y solar. Luego, en el 2006, se sancionó la Ley 26.190 que creó el régimen de promoción y fijó como objetivo alcanzar un 8% de participación renovable en el mercado eléctrico nacional.
Pero en el 2015 la realidad mostraba un atraso evidente: las inversiones quedaban solo en promesas y la energía generada con fuentes renovables representaba menos del 2% de la matriz eléctrica nacional. Ese mismo año, el Congreso sancionó la Ley 27.191, ampliando el régimen y elevando la meta al 20% para 2025.
El verdadero punto de inflexión llegó durante la presidencia de Mauricio Macri, con la reglamentación de dicha ley a través del decreto 531/16. Las rondas del programa RenovAr, la renegociación de contratos del GENREN y la creación del Mercado a Término de Energías Renovables permitieron transformar una ley con buenas intenciones en una política pública con instrumentos concretos para atraer inversiones y desarrollar el sector.
Los resultados fueron contundentes. La participación de energías renovables se triplicó entre el 2016 y el 2019 y continuó creciendo hasta alcanzar cerca del 20% actual, en línea con el ambicioso objetivo establecido en la ley.
Además, es un sector que produce un enorme impacto federal. La Patagonia posee los mejores vientos del mundo para el desarrollo eólico. El NOA cuenta con niveles excepcionales de radiación solar. Cuyo combina condiciones privilegiadas para proyectos solares y eólicos. Y otras regiones presentan oportunidades en biomasa, biogás e hidroelectricidad.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) también puede convertirse en una herramienta decisiva para consolidar esta nueva etapa de expansión del sector. La combinación entre estabilidad tributaria, seguridad jurídica y disponibilidad de recursos naturales abre oportunidades concretas para proyectos de escala internacional. Entre ellos se destacan “El Quemado”, el desarrollo solar impulsado por YPF en Mendoza junto a empresas internacionales, y el Parque Eólico de Olavarría, desarrollado por PCR y Acindar.
Hoy, la provincia de Buenos Aires cuenta con decenas de parques eólicos en funcionamiento, especialmente en el sur bonaerense, una región que se perfila como uno de los polos con mayor potencial para nuevas inversiones.
Consolidar reglas estables implica comprender que el desarrollo de sectores estratégicos requiere alinear los incentivos correctos y ofrecer previsibilidad en el largo plazo.
Tenemos recursos naturales extraordinarios. Lo que muchas veces nos faltó fue continuidad en las normas y estabilidad tributaria. Sostener el régimen de promoción de energías renovables es, justamente, una manera de empezar a corregir ese problema.
