Neuroderechos: la mente como último santuario humano Infobae

La bioética moderna nació para proteger a la persona de su instrumentalización biomédica, científica y tecnológica, especialmente cuando su cuerpo era reducido a material disponible para experimentar, decidir, manipular o comercializar. Pero el siglo XXI desplazó esa frontera del cuerpo a la mente, no sólo como ámbito de intervención, sino como último refugio de la persona frente al poder. Ya no se trata sólo de quién puede intervenir sobre el organismo, sino de quién puede acceder, registrar, modificar o comercializar la interioridad humana.

La neurotecnología, interfaces cerebro-computadora, estimulación cerebral profunda, sensores neuronales, wearables de consumo capaces de captar actividad cerebral, neurodispositivos de bienestar e IA aplicada a neurodatos, promete avances terapéuticos extraordinarios como tratar Parkinson, epilepsia, depresión resistente, parálisis, trastornos motores y del sueño o pérdida del habla. Sería moralmente irresponsable negar ese potencial. Pero la misma herramienta que aliviaría sufrimientos también habilitaría una forma inédita de dominio, como vigilancia mental, manipulación emocional, perfilamiento cognitivo, explotación comercial de neurodatos y eventual alteración de la identidad personal.

Aquí emergen los neuroderechos, entendidos como privacidad mental, integridad psíquica, libertad cognitiva, identidad personal y justicia neurotecnológica. Marcello Ienca y Roberto Andorno (2017) advirtieron tempranamente que los avances en neurociencia podían afectar derechos humanos como privacidad, libertad de pensamiento, integridad mental, no discriminación y debido proceso. Porque el derecho moderno protege la expresión del pensamiento, pero no imaginó suficientemente la posible captura tecnológica del pensamiento en su fase pre-expresiva. Rafael Yuste y Sara Goering, entre otros (2017), propusieron cuatro prioridades éticas decisivas a resguardar en neurotecnología: privacidad, identidad, agencia e igualdad. Nita Farahany (2023) formuló el problema como una batalla por el derecho a pensar sin que sea expuesto al control comercial, laboral, estatal o judicial.

El punto es que un neurodato no equivale a una dirección, compra, búsqueda en internet o preferencia de consumo, sino que puede revelar estados internos que el propio sujeto desconoce, no controla o no desea expresar, como atención, fatiga, estrés, emoción, impulsividad, predisposiciones o vulnerabilidades. Por eso el consentimiento informado, sea específico, amplio o dinámico, debe reforzarse en su límite y finalidad, revocabilidad y transparencia, prohibiendo usos secundarios y con protección especial para niños, trabajadores, pacientes, personas institucionalizadas y sujetos bajo dependencia económica, educativa o clínica.

UNESCO (2025) adoptó una recomendación global sobre la ética de la neurotecnología, advirtiendo respecto de privacidad mental, consentimiento explícito, usos laborales, protección de niños y riesgos comerciales, subrayando que las aplicaciones no terapéuticas deben ser tratadas con especial cautela. OCDE (2019) adoptó una recomendación sobre innovación responsable en neurotecnología, orientando a gobiernos y actores innovadores a anticipar riesgos éticos y sociales, y a proteger los datos cerebrales. Chile, mediante la Ley 21.383 (2021), fue pionero al proteger la integridad mental frente al uso de neurotecnologías y al introducir en su ordenamiento jurídico la noción de datos neuronales y de neurotecnologías, así como la necesidad de consentimiento escrito y sistemas de registro. Luego, la discusión ya no es ciencia ficción, sino jurídica, bioética y de política pública.

El riesgo no es sólo para la medicina. Una empresa podría medir fatiga, atención o productividad; una escuela podría clasificar alumnos según rendimiento cerebral; una aseguradora podría inferir predisposiciones; un Estado podría invocar seguridad pública; una plataforma podría optimizar la manipulación emocional del consumidor. Todo bajo palabras amables como bienestar, eficiencia, prevención, personalización y seguridad; ya que actualmente, las formas de dominación comienzan cuando el poder se presenta como protección.

No se trata sólo de privacidad informática, sino de impedir reducir a la persona a su cerebro, órgano del cual está dotada, como también de cuerpo, memoria, vínculos, responsabilidad y libertad. Reducirlo a patrones neuronales medibles equivale a sustituir la antropología moral por una fisiología de la conducta. Y cuando la persona se vuelve dato cerebral, deviene medible, clasificable, optimizable, monetizable y gobernable.

Además, la neurotecnología introduce una dificultad que la bioética clásica no resuelve por completo. Porque no sólo afecta decisiones autónomas, sino también las condiciones que posibilitan la autonomía. No es una mera elección de un tratamiento, sino de tecnologías capaces de intervenir sobre memoria, atención, deseo, emoción, agencia e identidad. Por eso no basta el simple consentimiento, sino evaluar si aquello sobre lo que se consiente erosiona su futura capacidad de consentir libremente.

Frente a esto, la Ética del Límite recuerda que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable, ni todo consentimiento formal valida prácticas atravesadas por asimetría o manipulación. Su exigencia central es que el poder técnico se autolimite ante la última reserva de la persona, su interioridad.

Así, la mente no debe tratarse como territorio disponible para extracción, modificación o explotación sin una justificación moral proporcional, terapéutica, transparente, reversible y orientada al bien de la persona concreta.

Para ello, pueden establecerse cinco criterios. 1) Inviolabilidad de la interioridad: debe existir una zona mental no disponible para el Estado, el mercado, el empleador, la escuela ni la industria médica. Sin interioridad no hay conciencia; sin conciencia no hay deliberación; sin deliberación no hay libertad; sin libertad no hay responsabilidad moral. 2) Finalidad terapéutica estricta: las neurotecnologías captadoras o moduladoras de actividad cerebral deben admitirse prioritariamente para curar, aliviar o rehabilitar; no para vigilar, disciplinar, vender, clasificar o aumentar rendimiento. 3) Mínima captación neuroinformacional: no debe recolectarse más información cerebral que la estrictamente necesaria, ni conservarse, transferirse o reutilizarse sin consentimiento específico. A diferencia de la economía digital, no debe capturarse todo para luego decidir qué hacer, sino justificar previamente cada dato obtenido. 4) No manipulación de la agencia: ninguna tecnología debe alterar preferencias, emociones, decisiones o disposiciones conductuales sin justificación clínica robusta y consentimiento reforzado. La agencia humana no puede convertirse en variable de ingeniería social. 5) Justicia neurotecnológica: los beneficios terapéuticos no deben quedar reservados a élites para evitar una nueva desigualdad antropológica entre mejorados y no mejorados.

Estos criterios permiten distinguir lo terapéuticamente legítimo de lo expansivamente abusivo. Una interfaz que reestablece la comunicación a una persona paralizada o una estimulación cerebral que reduce temblores incapacitantes, es distinto a dispositivos orientados a medir productividad laboral, disciplinar alumnos, manipular consumidores o explotar emociones.

Por eso una legislación seria debería reconocer los neurodatos como datos ultrasensibles, prohibir su uso laboral para vigilancia de productividad, restringir severamente su empleo no terapéutico en menores, exigir evaluación bioética independiente, garantizar transparencia algorítmica y sancionar todo uso discriminatorio, manipulativo o comercial no consentido. El debate sobre neuroderechos, incluyendo estudios como Minding Rights: Mapping Ethical and Legal Foundations of ‘Neurorights’ (2023), que aspiran a ordenar conceptualmente privacidad e integridad mental más libertad cognitiva, muestra que no se trata de multiplicar derechos como consignas, sino de fundarlos filosóficamente para que puedan operar jurídicamente.

Ese es el núcleo de la Ética del Límite y el signo de una civilización madura. No hacer todo lo posible, sino limitar el poder para que el otro pueda existir como tal.

Los neuroderechos no son una moda jurídica, sino la respuesta bioética a la colonización de la mente. El cuerpo ya fue objeto de disputa, ahora es la conciencia. Y allí debe afirmarse una frontera infranqueable. La mente no es una mina de datos, el cerebro no es una plataforma comercial, el pensamiento no es propiedad de terceros y la identidad personal no puede convertirse en experimento de mercado o del Estado. Donde comienza la interioridad del otro, el poder debe detenerse.