Violación de menores, pornografía infantil y contrabando de medicamentos: el caso de David Allami Infobae

David Ariel Allami se convirtió en uno de tantos símbolos del atentado a la AMIA. Acudió a asistir a los heridos aquel 18 de abril de 1994. “Yo tenía una oficina a cien metros del edificio de la AMIA y escuchamos una explosión muy fuerte. Pensamos que había sido una caja de electricidad o algo así”, afirmó en una entrevista, años atrás. Fue fotografiado entre los escombros por una agencia extranjera, en una imagen que recorrió el mundo. Años más tarde se convertiría en una figura sumamente respetada dentro de la comunidad judía ortodoxa, con el rol de sofer, el escriba de textos sagrados como la Torá.

Hoy, con 59 años, Allami está preso en el penal de Ezeiza. Tiene condenas que datan de los últimos meses. La última fue dictada este jueves. Pactó una pena de tres años en suspenso en el Tribunal Oral en lo Económico N°1. El delito: contrabando de medicamentos.

La pena anterior es la que lo mantiene en la cárcel. A fines de diciembre pasado, Allami fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de abuso de menores con acceso carnal, agravado por la guarda de la víctima, en concurso real con pornografía infantil y corrupción de menores.

Las víctimas eran dos chicos de la comunidad religiosa que Allami integraba, hermanos entre sí. Tenían doce y catorce años al momento de los hechos denunciados.

“Una debilidad”

Los hechos ocurrieron en 2013, principalmente en el domicilio de Allami, en el límite entre el Once y el Abasto. Fueron denunciados por los hermanos once años después. Allí, declararon. “David Ariel Allami valiéndose de su condición de sofer –escriba de la Torá y otros textos-, cargo que ostenta desde el año 2011 dentro de la comunidad judía, logró a partir del respeto y confianza espiritual de aquel cargo jerárquico, generar y perpetrar los abusos sobre nosotros", aseguraron las víctimas, en un relato incluido en los fundamentos de la condena firmada por el Tribunal N°16 a los que accedió Infobae.

Allami tenía un vínculo con el padre de ambos chicos. Un día, en una consulta religiosa, el padre le aseguró que el mayor de los hermanos tenía “problemas de escoliosis”. Allami, allí, aseguró ser “kinesiólogo” y que podría tratarlo.

Él declaró en la Justicia que mantuvo “de quince a veinte sesiones”, encuentros semanales de treinta a cuarenta minutos de duración. En una de estas sesiones, el acusado le “refirió que tenía algo en el pene, que podía ser diabetes y que no quería que mi papá se enterara, por lo que lo iba a revisar en la habitación de arriba”. Los abusos comenzaron poco después.

Al menos uno de los niños fue fotografiado desnudo, no en la casa de Allami, sino “en el templo”, donde la familia concurría. Allí, en “una cama con un colchón con un plástico, hizo que me sacara la ropa”. “Me exhibió imágenes desde su celular de otros chicos a los que atendía y estaban desnudos, para luego proceder a tomarme fotografías sin ropa, ello con la excusa de que quería ver la evolución de mi espalda”, continuó el relato.

Allami, por su parte, negó las acusaciones. “Son falsas y mentiras, yo soy inocente, no soy un abusador, no soy kinesiólogo, ni masajista”, afirmó. También, redujo el conflicto a una deuda de 50 mil dólares con el padre de las víctimas tras un negocio fallido. El fiscal acusador Fernando Fiszer encontró llamativo “el encono” de Allami con la madre de los hermanos.

Las víctimas declararon ante peritos del Cuerpo Médico Forense. Los análisis determinaron que los relatos eran creíbles y “descartaron indicadores compatibles con la fabulación”, según la condena. Se hallaron, también, “signos y síntomas compatibles con la exposición a eventos traumáticos de naturaleza sexual”.

La propia comunidad religiosa jugó un rol en el caso. En un teléfono incautado, se encontró un diálogo entre Allami y otro referente religioso, al que el acusado le dijo que “todos tenemos o tuvimos en algún momento una debilidad”, un dato que los jueces consideraron determinante. El líder con el que Allami dialogaba habría sido anoticiado de los abusos por la propia familia de las víctimas.

Los hermanos fueron querellantes en el caso. En su alegato, sus abogados afirmaron: “Allami, a pesar de haber vulnerado sexualmente a los chicos, siguió hostigando a la familia para que no hagan la denuncia” e instó al otro líder a “mandar un mensaje fuerte a la madre para silenciar los hechos”. La condena, si no prosperan posibles apelaciones, se considerará cumplida el 26 de octubre de 2047 a la medianoche.

El misterioso europeo

La condena firmada esta semana, en la que Allami pactó por Zoom una pena de tres años en suspenso ante el juez Diego García Berro, detalla el mecanismo del contrabando de medicamentos. Allí, la organización que Allami integró se aprovechó del Régimen Especial de Envíos de Asistencia y Salvamento, establecido en el Código Aduanero, que exime de pagar impuestos a material importado para aliviar una catástrofe. Esta mercadería “pese a su carácter donativo que fuera declarado con fines sanitarios, se encontraba destinada a ser comercializada en el mercado local”, asegura el fallo.

Allami fue considerado un partícipe secundario, acusado de encontrar compradores para los remedios y realizar gestiones. Junto a él fue condenado una mujer de 41 años, oriunda de Catamarca, con domicilio en la zona de Recreo, acusada de ser la principal operadora del principal acusado, un europeo llamado Konstantin Orlov, muerto meses atrás.

Orlov tuvo tres DNI distintos en Argentina, domicilios en Catamarca, en CABA, hasta pagó un monotributo. Fue socio de la catamarqueña: ambos crearon en agosto de 2020, plena pandemia, una empresa llamada “Centro de Innovación Brasil Armenia Argentina”.

Orlov, precisamente, se vinculaba a “‘Armenia Artsakh Fund’, entidad utilizada para simular la donación e invocar indebidamente el régimen especial que posibilitó el ingreso de la mercadería sin tributar”. El europeo, por otra parte, “mantenía vínculos con funcionarios del Ministerio de Salud de Catamarca”.