La Cláusula de Exclusión Mexicanos Contra La Corrupción
Se ha interpretado que nadie como Sheinbaum ha colaborado con Estados Unidos en materia de crimen organizado. Muy a menudo se cita la entrega de más de 90 presuntos criminales al gobierno vecino, sin ningún proceso de extradición de por medio, como muestra de buena voluntad, aunque hay muchos otros ejemplos.
No sabíamos, hasta hace tres semanas, que se destapó el escándalo de Rocha Moya, que la colaboración tenía una cláusula de exclusión: los llamados narcopolíticos.
Con la presidenta a la cabeza, todo Morena -funcionarios del gabinete, legisladores, gobernadores, presidentes municipales y nomenklatura de Morena- han dicho que no hay indicios y mucho menos pruebas contundentes de que los 10 ilustres sinaloenses señalados por EU estén involucrados con el crimen organizado. Por eso no hay, que sepamos, investigación contra ellos.
Con respecto a las elecciones de 2021, cuyas corruptelas relata a detalle la petición de extradición, se ha querido culpar al INE, y en particular a Lorenzo Córdova, de que nunca las impugnó cuando, uno, no era su tarea y dos, la presidenta del tribunal estatal era ni más ni menos que la hermana de uno de los hoy señalados, el senador morenista Enrique Insunza.
También se ha exonerado al exgobernador Rocha de su participación en el crimen de Héctor Melesio Cuén, cuyo asesinato inicialmente fue reportado por la fiscalía local como un intento de robo y que, tras la carta del “Mayo” Zambada, se supo que fue un homicidio relacionado con una reunión a la que no acudió Rocha.
Sí, hoy se les congelaron las cuentas “preventivamente” a los señalados por EU. No entro al debate de si los tiempos del congelamiento permitieron a los presuntos inculpados sacar su dinero, pero sí a por qué si se les presume inocentes, los dejan sin activos bancarios.
No entro al debate de si los tiempos del congelamiento permitieron a los presuntos inculpados sacar su dinero
Además, la presidenta niega una y otra vez el conocimiento de que la CIA participe en operativos contra los cárteles o algunos de sus integrantes a pesar de los muchos reportajes de México y el extranjero que atestiguan lo contrario.
Por ejemplo, afirma no haber sabido de la extracción del Mayo Zambada de territorio nacional con un piloto estadounidense que despegó de territorio mexicano y aterrizó en Nuevo México. Tampoco supo de la participación de la CIA del operativo cerca del AIFA en contra de un integrante del Cártel de Sinaloa conocido como el Payín
Desde luego se denuesta al NYT y a CNN por reportajes que aseguran la participación activa de la CIA en territorio mexicano o, para ser más precisa, de una “operación selectiva facilitada por agentes de la CIA, operando en México como parte de una campaña para desmantelar redes criminales”.
Lo mismo hace con los periodistas y comentócratas de nuestro país a los que acusa de ser de derecha, vendepatrias y querer que EU intervenga en territorio mexicano.
Démosle el beneficio de la duda.
Pero preguntémosle por qué en el caso de Chihuahua no hay que creerle a la gobernadora que ella no estaba enterada del acompañamiento de dos (o cuatro) integrantes de la CIA en el desmantelamiento del narcolaboratorio y que la Secretaría de la Defensa tenía conocimiento y estuvo en el lugar de los hechos.
¿Han reparado acaso en que todo personal de la CIA en territorio nacional tiene que ser autorizado por el gobierno federal y no por el estatal? ¿Acaso el gobierno mexicano no está encargado de vigilar las actividades de esos agentes? Se antoja imposible que ninguna dependencia del gobierno federal estuviese enterada del operativo Chihuahua amén de que el ejército estuvo presente.
¿Acaso el gobierno mexicano no está encargado de vigilar las actividades de esos agentes?
Preguntemos por qué la FGR llamó inmediatamente a 50 funcionarios del gobierno de Chihuahua a declarar, pero a ninguno de los involucrados en la petición de extradición o a otros funcionarios del estado de Sinaloa no mencionados en esa petición. En este caso no se pidieron: pruebas, pruebas, pruebas.
Preguntémonos por qué se pide juicio político a la gobernadora de Chihuahua, pero nunca se puso en la mesa la misma petición contra el gobernador con licencia de Sinaloa y el todavía senador Insunza.
Preguntémonos por qué en el caso de Maru Campos se asume que hay pruebas como para pedir un juicio político, pero no se pide contundencia en las mismas.
Preguntémonos por qué se convoca a una marcha en Chihuahua -por cierto fallida- organizada desde el centro y con la cúpula de Morena para defender la soberanía, pero se impide poner una manta en contra de Rocha Moya y asociados en el primer cuadro de la capital.
Preguntémonos por qué se le da protección al gobernador y no a la gobernadora en cuyo estado más de un funcionario se juega la vida tratando de perseguir al crimen organizado.
Preguntémonos por qué en el caso de Rocha Moya se hace caso a las palabras del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena de que “por el bien de todos, más vale que seamos respetuosos de la presunción de inocencia, porque puede afectarnos a cualquiera”. ¿Para Rocha sí, para Maru Campos no?
Preguntémonos, finalmente, por qué los morenistas han pasado tantas leyes en contra de la presunción de inocencia, como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. ¿Será para tener un arma contra la oposición?
La respuesta a todas estas preguntas es sólo una: la utilización discrecional de los aparatos del Estado y de justicia en contra de los opositores.
En un caso se quiere procesar a una gobernadora que persigue al crimen organizado. En el otro se protege a quien colabora con el crimen organizado.
Una promesa más que ha sido incumplida en los años que lleva la 4T entre nosotros: “nunca más se utilizará la justicia con fines políticos”. Bueno, sí, pero con la cláusula de exclusión para los de casa.
