El Índice de Paz México y el aumento en la población encarcelada en el país El Financiero

En 2025, México registró la mayor mejora en paz de al menos una década: la tasa de homicidios cayó 22.7%, lo que representa casi 7,000 muertes menos respecto al año anterior, el mayor descenso en un solo año del que se tiene registro. Sin embargo, como detallamos en la decimotercera edición del Índice de Paz México, publicada esta semana, este avance se produjo en paralelo a otro fenómeno que merece atención: el incremento más pronunciado en la población carcelaria del país en años recientes.

Las mejoras en paz parecen haberse apoyado, al menos en parte, en una postura de mayor aplicación de la ley bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que contribuyó a un aumento notable en arrestos y detenciones. Sin embargo, la magnitud de ese incremento plantea una pregunta de fondo: la supresión de la violencia mediante la aplicación de la fuerza puede generar ganancias reales en el corto plazo, pero no aborda por sí sola las condiciones estructurales que dan origen al crimen organizado y la inseguridad, y sus costos —tanto económicos como institucionales— son significativos.

La población penitenciaria de México se disparó en 2025, aumentando en casi 21,000 personas para llegar a más de 256,000 al cierre de diciembre: la cifra más alta registrada al final de un año. El incremento ha continuado en 2026; los registros oficiales muestran más de 260,000 personas privadas de libertad al término de febrero, distribuidas en las 276 prisiones locales y federales del país. Como se aprecia en la siguiente gráfica, el aumento comenzó con fuerza poco después del inicio de la presidencia de Sheinbaum.

El incremento coincidió con una reconfiguración más amplia de la política de seguridad tras el cambio de gobierno federal. La estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum, presentada en octubre de 2024, puso un renovado énfasis en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la ampliación de la inteligencia, el mejoramiento de la capacidad investigativa y una mayor coordinación entre las instituciones federales. El objetivo declarado fue reducir homicidios, secuestros y extorsiones, sin regresar formalmente al enfoque militarizado de administraciones anteriores. En la práctica, esto se tradujo en un aumento notable de arrestos y detenciones a lo largo del año.

Se ha señalado que el nombramiento de Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reflejó la intención de Sheinbaum de colocar la policía, la inteligencia y la capacidad investigativa en el centro de su estrategia nacional. Este enfoque más operativo, acompañado de esfuerzos por otorgar a la Secretaría mayor control sobre la investigación y la inteligencia, parece haber permitido al gobierno federal identificar objetivos con mayor rapidez y coordinar arrestos de manera más eficaz entre las distintas dependencias. Como señaló un análisis reciente, gran parte del aparato de seguridad pasa hoy por Harfuch.

El aumento en las detenciones también se desarrolló en un contexto de creciente presión externa por parte de Estados Unidos. La administración Trump exigió a México actuar con mayor rapidez contra personas sospechosas de vínculos con los cárteles —incluidos políticos— y acelerar las acciones contra objetivos transfronterizos prioritarios, bajo la amenaza de ampliar los aranceles a las exportaciones mexicanas. Esta presión añadió una dimensión diplomática a la estrategia de seguridad interior de México, en particular en los estados fronterizos.

Una de las manifestaciones más visibles de este giro fue el lanzamiento de la Operación Frontera Norte el 5 de febrero de 2025, días después de que el presidente Trump amenazara con un arancel de 25% a las importaciones mexicanas y poco después de que ambos países alcanzaran un acuerdo bilateral para suspender temporalmente esas medidas. La operación tuvo como objetivo al crimen organizado en los estados del norte del país, con foco en el narcotráfico, el tráfico de armas y las redes criminales. Los resultados fueron inmediatos: en los primeros dos días las autoridades reportaron 111 detenciones, y para finales de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad informó que la operación había derivado en la detención de 10,379 personas, además de la confiscación de miles de armas de fuego.

Las dinámicas institucionales del sistema de justicia pudieron haber reforzado estas tendencias. Tras la reforma judicial de 2024, que introdujo la elección directa de jueces a partir de 2025, los ingresos a los centros penitenciarios superaron con creces a las liberaciones durante el año. Se ha sugerido que el proceso electoral pudo haber favorecido a candidatos percibidos como menos propensos a autorizar libertades, al tiempo que incrementó la influencia política en las decisiones sobre prisión preventiva y sentencias. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la reforma podría debilitar la independencia judicial y socavar las garantías del debido proceso, aunque la contribución precisa de este factor al incremento general en los encarcelamientos sigue siendo difícil de aislar.

El aumento pronunciado tiene implicaciones económicas significativas. Las estimaciones de costos actuales basadas en la metodología del Índice de Paz México sugieren que el costo indirecto del encarcelamiento —medido como el ingreso laboral perdido valuado al salario mínimo— asciende a aproximadamente 13,000 millones de pesos anuales. Esta cifra refleja los niveles de encarcelamiento al inicio de 2025 y no captura plenamente el impacto financiero del aumento registrado durante el resto del año. Un análisis preliminar indica que alojar a 21,000 internos adicionales implicaría al menos 1,000 millones de pesos adicionales en producción económica perdida anualmente, solo por concepto de trabajo no realizado, sin incluir los costos directos de procesar e internar a los infractores dentro del sistema judicial y del aparato de seguridad interna.

La magnitud de la población carcelaria de México la coloca en una posición destacada a nivel internacional. De acuerdo con el World Prison Brief, México cuenta actualmente con la novena mayor población penitenciaria del mundo en términos absolutos. En términos per cápita ocupa el lugar 82 a nivel mundial, con aproximadamente 192 internos por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera con creces el promedio global de alrededor de 140 por cada 100,000. Además, el sistema opera por encima de su capacidad, con una tasa de ocupación del 115%, lo que apunta a una presión creciente sobre la infraestructura y los recursos disponibles.

La relación entre el aumento en las detenciones y la mejora en los indicadores de paz plantea una pregunta importante sobre la sostenibilidad de los avances. La comprensión del IEP sobre la paz abarca no solo la ausencia de violencia, sino también la solidez de las instituciones y las normas que la sustentan. La supresión de la violencia mediante la aplicación de la fuerza puede apoyar ganancias en el corto plazo, pero no aborda por sí sola las condiciones estructurales que dan origen al crimen organizado y la inseguridad.

El sistema de justicia de México sigue siendo una restricción crítica en este sentido. El país cuenta con un promedio de apenas dos jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes —una séptima parte del promedio mundial—, lo que contribuye a acumulaciones significativas de casos, altos niveles de impunidad y un elevado número de procesados sin sentencia, quienes ya representan el 42.4% de la población penitenciaria.

Si México podrá consolidar las mejoras recientes en materia de paz dependerá no solo de la eficacia de la aplicación de la ley, sino de la capacidad de su arquitectura judicial e institucional para procesar, adjudicar y, en última instancia, reducir los factores que subyacen a la violencia.

Alex Vedovi es el coordinador e investigador principal del Índice de Paz México 2026, producido por el Instituto para la Economía y la Paz. Es Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.