Gustavo Petro acusó a expresidente del Senado de sabotear ley que proponía reducir impuestos a empresas en Colombia Infobae
El presidente Gustavo Petro acusó al expresidente del Senado de la República Efraín Cepeda de sabotear la ley que proponía una reducción de impuestos para las empresas productivas.
A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado respondió a una publicación de un usuario que asegura que el impuesto de renta a las empresas en Colombia se encuentra actualmente en 35% y fue establecido durante el gobierno de Iván Duque, bajo la gestión del entonces ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien ahora es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.
El usuario indicó que sectores de la extrema derecha han señalado que el impuesto de renta es demasiado alto y responsabilizan al presidente Gustavo Petro por esa situación
Por este motivo, el mandatario indicó que el Gobierno buscaba, a través de la ley presentada al Congreso, reducir los impuestos a las empresas productivas y aumentar los impuestos a los dividendos con el objetivo de fortalecer a estas compañías.
La ley no fue aprobada en el recinto y el presidente acusó al líder del Partido Conservador, Efraín Cepeda, de supuestamente sabotearla.
“En la ley financiera saboteada por Efraín Cepeda y sus amigos el gobierno proponía bajar el impuesto a las empresas productivas y aumentar el impuesto a dividendos para fortalecerlas (sic)”, indicó el jefe de Estado.
Según Gustavo Petro, en la propuesta solicitaron una rebaja sustancial en los impuestos a las pequeñas empresas con el propósito de mejorar la capacidad de inversión en el sector.
“Pedimos una rebaja más sustancial a las pequeñas empresas. Mejorar la capacidad de inversión en su misma de la empresa productiva es sustancial (sic)”, aseveró el presidente Petro.
Los impuestos a las empresas en Colombia han generado debate en el territorio nacional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que tanto el presidente Gustavo Petro como Iván Cepeda “acaban” con la empresa privada y la estatal.
Álvaro Uribe indicó que la empresa privada en Colombia enfrenta dificultades para generar empleo. El expresidente atribuyó esta situación al uso de los impuestos y a los problemas de inseguridad en el país, factores que, según él, limitan la creación de puestos de trabajo.
“La empresa privada colombiana, de todos los tamaños, desde las tiendas hasta las más grandes, están generando desempleo, no pueden invertir por los impuestos y la inseguridad, y no pueden generar nuevos empleos (sic)”, indicó el líder del Centro Democrático.
Quejas de empresas colombianas
La Corte Constitucional decidió suspender parcialmente el cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para organizaciones sin ánimo de lucro y empresas en liquidación. Este gravamen fue implementado por el Gobierno Petro tras la emergencia económica decretada para atender a los departamentos afectados por la temporada de lluvias.
El anuncio generó reacciones en distintos sectores. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, expresó que, si bien se introducen algunas exclusiones relevantes, la medida no resuelve los problemas estructurales del impuesto, al que considera inconstitucional y perjudicial para el tejido empresarial.
Cabal puntualizó que la exención temporal beneficia a universidades, copropiedades, conjuntos residenciales y organizaciones sin ánimo de lucro o en proceso de liquidación, pero mantiene la carga tributaria sobre las empresas con capital que supera el umbral fijado, así como sobre las prestadoras de servicios públicos fuera de las zonas declaradas en emergencia. Según su criterio, esto podría impactar las tarifas de los usuarios finales.
Cabal agregó: “En un entorno caracterizado por altos costos laborales, elevada carga tributaria, inflación y tasas de interés altas, este impuesto incrementa el riesgo de descapitalización empresarial, comprometiendo la sostenibilidad de las compañías y afectando la actividad económica en general”.
Solicitó al Congreso y al próximo gobierno “adoptar un compromiso claro con un escudo fiscal que proteja la inversión, evite la imposición de tributos confiscatorios y garantice un entorno en el que las empresas puedan operar con un mínimo vital que asegure su sostenibilidad”.
Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, calificó la suspensión como “un alivio parcial, no una decisión definitiva”.
Considera que la Corte corrige una inequidad para las entidades sin ánimo de lucro, aunque advierte que muchas empresas todavía enfrentan dificultades de liquidez y un entorno legal incierto.
