Aplazar elección judicial a 2028: las diferencias entre la reforma original y la nueva propuesta Siete24.mx
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal y local, en un intento por simplificar el proceso electoral y corregir las complicaciones detectadas en la inédita jornada de 2025.
Dicha propuesta representa un ajuste importante respecto al modelo original de elección judicial impulsado durante el sexenio pasado, el cual planteaba renovar gradualmente cargos del Poder Judicial mediante voto ciudadano en procesos separados de las elecciones ordinarias.
¿Qué cambia con la nueva propuesta?
Uno de los cambios centrales es el aplazamiento de la elección judicial prevista para 2027. De aprobarse la reforma, la jornada se movería a junio de 2028 para coincidir con otros procesos electorales y facilitar la operación logística del Instituto Nacional Electoral.
La mandataria explicó que el objetivo no es reducir costos, sino hacer más sencilla la votación para los ciudadanos ante la complejidad que implicaría elegir simultáneamente gubernaturas, diputados, alcaldías y cargos judiciales en 2027.
La iniciativa también plantea reducir el número de candidaturas.
Por ejemplo, las postulaciones para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial bajarían de 45 a 30 y las del Tribunal Electoral de 63 a 42.
Otro cambio relevante es la simplificación de la boleta electoral.
A diferencia del esquema aplicado en 2025 criticado por el alto número de nombres y la dificultad para identificar perfiles ahora se propone que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado por especialidad.
¿Cómo era el modelo original de elección judicial?
La reforma judicial aprobada en 2024 estableció, por primera vez en la historia de México, la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
El argumento principal fue democratizar al Poder Judicial y combatir privilegios, corrupción y nepotismo.
En ese modelo, las candidaturas serían propuestas por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mientras que los ciudadanos elegirían directamente a los integrantes de tribunales y juzgados federales y locales.
Sin embargo, la primera experiencia electoral de 2025 dejó cuestionamientos por la baja participación ciudadana cercana al 13 por ciento y por la complejidad de las boletas, además de dudas sobre el nivel de información disponible para evaluar a cientos de aspirantes.
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¿Qué otros ajustes contempla la iniciativa?
La nueva propuesta incorpora la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión.
Su función sería homologar criterios de evaluación y revisar requisitos formales de las candidaturas, incluyendo posibles exámenes de conocimientos.
Además, se abre la posibilidad de que la elección judicial coincida con una eventual consulta de revocación de mandato y que las casillas se instalen en los mismos centros de votación que las elecciones ordinarias, aunque manteniendo la prohibición de participación de partidos políticos en la promoción de candidatos judiciales.
Cabe mencionar que ahora la discusión comenzará en el Congreso, donde la mayoría de legisladores son afiliados al partido oficial.
ARH
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