El Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo por la deuda de la coparticipación Infobae
El Ministerio de Economía nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron la cancelación de la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. Este entendimiento contempla la transferencia de una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses, que regulariza los fondos pendientes y restablece la normalidad en las cuentas fiscales porteñas.
El proceso de negociación entre el Gobierno central y la Ciudad comenzó tras los retrasos en las transferencias que debían realizarse en cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre de 2024. Ese pacto se produjo bajo la supervisión de la Justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reconociera a la Ciudad un coeficiente del 1,55 en la distribución de la coparticipación, sumando ese porcentaje al 1,4% ya transferido automáticamente. Así, el coeficiente total para la Ciudad ascendía al 2,95%.
La CSJN dictó una medida cautelar a fines de 2022 que establecía la obligación del Gobierno nacional de transferir estos fondos de manera diaria a través del Banco Nación. Pese a esa orden, la administración de Alberto Fernández no realizó los pagos correspondientes en tiempo y forma. La Ciudad aceptó, a solicitud del Ejecutivo nacional, que las transferencias se hicieran semanalmente desde el Tesoro nacional, aunque esa modalidad tampoco garantizó la regularidad de los envíos.
En los primeros meses posteriores al acuerdo de septiembre de 2024, el Gobierno nacional cumplió con el pago de los fondos comprometidos. Sin embargo, a partir de julio, los pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló una deuda significativa. Este atraso llevó a nuevas instancias de diálogo entre los equipos técnicos y políticos de ambas jurisdicciones.
La resolución de este conflicto se consolidó cuando el Gobierno nacional se comprometió a transferir a la Ciudad una cartera de bonos con vencimiento en siete meses, cubriendo así la deuda acumulada durante el último año. El acuerdo excluye la deuda anterior generada durante la gestión de Alberto Fernández, cuya cancelación sigue en disputa.
El conflicto por la coparticipación tuvo su origen en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 735/2020, una reducción del porcentaje asignado a la Ciudad de Buenos Aires del 3,5% al 2,32%. Más tarde, el Congreso nacional sancionó la Ley 27.606, que redujo aún más ese coeficiente al 1,40% básico, sumando un monto fijo destinado a Seguridad.
Esta medida generó un reclamo inmediato de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró inconstitucional la quita de recursos. La disputa escaló al ámbito judicial, hasta que la CSJN resolvió a favor de la Ciudad, estableciendo el coeficiente del 1,55%. No obstante, la administración nacional anterior no acató el fallo y no transfirió los fondos según lo dictado por la Justicia.
La normalización de la deuda actual forma parte del presupuesto 2026 de la Ciudad, que ya contemplaba la posibilidad de un acuerdo para regularizar los pagos atrasados. El entendimiento alcanzado ahora no incluye el pago de los 6.000 millones de dólares que la Ciudad reclama por la quita de recursos desde 2020. Este monto corresponde a fondos no transferidos tras la reducción intempestiva del coeficiente de coparticipación implementada por el gobierno anterior.
Las negociaciones recientes se desarrollaron en un clima de diálogo técnico y político, permitiendo que ambas partes llegaran a una solución para la deuda generada durante el último año. Esta regularización no pone fin al reclamo por el resto de los fondos, que continúan en disputa judicial y administrativa.
Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires mantienen vigente el reclamo por la cancelación de los recursos que consideran legítimos desde la reducción dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia. El monto de esa deuda, estimado en 6.000 millones de dólares, sigue sin resolución y representa un punto de tensión persistente entre ambas administraciones.
El acuerdo actual se limita exclusivamente al pasivo generado a partir de los retrasos en las transferencias posteriores al acuerdo de septiembre de 2024. La transferencia de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses constituye el mecanismo elegido por el Gobierno nacional para cumplir con este compromiso. Las partes destacaron el carácter constructivo del diálogo que permitió arribar a esta solución en el corto plazo.
La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, sigue evaluando alternativas legales y administrativas para obtener la cancelación total de la deuda acumulada desde la reducción de la coparticipación en 2020. El conflicto, que tuvo origen en una medida considerada inconstitucional por la administración porteña, permanece abierto en lo que respecta a los fondos anteriores a 2024.
El entendimiento alcanzado en las últimas horas representa un paso relevante en la normalización de las cuentas fiscales de la Ciudad, aunque no pone punto final a las controversias surgidas en torno a la distribución de la coparticipación federal de impuestos. El Gobierno nacional y la Ciudad continúan negociando para resolver los aspectos pendientes y evitar nuevos conflictos en el futuro.
