Pase de grado sin reprobar en educación básica; expertos alertan grave riesgo al aprendizaje Entrelineas

Consultados por EL UNIVERSAL, especialistas en temas educativos advierten que flexibilizar la educación básica para que no haya reprobados, así como el pase de grado, no resuelve los rezagos acumulados tras la pandemia y podría profundizar las deficiencias en lectura, escritura y matemáticas, sin estrategias de recuperación académica.

Hacer que esos años, primaria y secundaria, no sea posible reprobar elimina señales de alerta e incentivos institucionales para generar apoyos tempranos, consideran expertos.

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el modelo de evaluación escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) vigente desde 2023, el cual limita la reprobación de alumnos en educación básica y flexibiliza el pase de estudiantes de primaria y secundaria al siguiente grado escolar.

Lo anterior, incluso con rezagos académicos y en un contexto donde dos de cada tres alumnos no dominan operaciones matemáticas básicas y cinco de cada 10 no alcanzan niveles mínimos de comprensión lectora.

El pasado 7 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó el modelo de evaluación escolar aplicado por la SEP desde hace tres años, bajo el cual la reprobación de alumnos en educación básica debe aplicarse solamente en casos excepcionales.

Los ministros concluyeron que la SEP sí puede definir las reglas para evaluar, acreditar y promover a estudiantes de primaria y secundaria.

La SEP ha sostenido que el esquema busca evitar que la reprobación provoque abandono escolar, estigmatización o afectaciones emocionales en niñas, niños y adolescentes; aunque expertos señalan que promover estudiantes sin garantizar aprendizajes mínimos puede trasladar los rezagos de un grado a otro.

Para Erik Avilés, director general del organismo civil Mexicanos Primero en Michoacán, la resolución de la Corte “deja firme un modelo de evaluación que nació enfermo de diagnóstico”, al validar un sistema que flexibiliza la reprobación en medio de una crisis de aprendizaje.

“Es una declaración de política pública que dice, implícitamente, que el Estado mexicano prefiere que los niños y niñas avancen en los documentos escolares aunque no avancen en el conocimiento. Aprobar sin aprender no es garantizar el derecho a la educación; es garantizar la ficción de la educación”, sostiene.

Aunque aclara que “nadie en el activismo educativo serio defiende la reprobación como castigo”, advierte que eliminar señales de alerta impide identificar a estudiantes que necesitan apoyo académico.

“El nuevo modelo aprobado y ahora blindado por la Corte diluye esas señales. Un alumno que avanza de grado sin haber consolidado competencias básicas es un alumno condenado a acumular deudas de aprendizaje”, afirma.

Sobre la eliminación de la asistencia como criterio automático de no acreditación, reconoce que existen estudiantes que faltan a clases por pobreza o problemas familiares; sin embargo, sostiene que la solución no es invisibilizar el problema.

“La respuesta correcta no es borrar el registro del ausentismo; es atacar sus causas con becas, transporte, comedores y servicios sociales”, apunta.

También cuestiona el esquema que permite a estudiantes de secundaria avanzar con hasta cuatro materias no acreditadas sujetas a regularización, pues las escuelas carecen de condiciones para brindar ese acompañamiento. “El proceso de regularización ocurre en escuelas donde los grupos tienen 40 o más estudiantes y donde las tutorías académicas son, en la mayoría de los planteles, una promesa vacía”, advierte.

Añade que dar mayor peso al criterio docente puede ser positivo frente a los exámenes únicos, pero subraya que ello requiere maestros con tiempo y condiciones adecuadas para realizar evaluaciones formativas.

Asimismo, considera especialmente delicada la acreditación automática en preescolar y primer grado de primaria, debido a que son etapas clave para detectar problemas tempranos de lectoescritura y pensamiento lógico-matemático.

“Hacer que esos años sean irreprobables elimina señales de alerta e incentivos institucionales para generar apoyos tempranos”, afirma. Avilés sostiene además que reducir el abandono escolar requiere políticas integrales de apoyo social y no sólo flexibilizar los criterios de evaluación.

“Lo que sí reduce el abandono escolar son las transferencias condicionadas robustas, el acceso a alimentación escolar, los programas de detección temprana de violencia intrafamiliar, los sicólogos y trabajadores sociales en las escuelas”, indica.

También advierte que las consecuencias podrían ser más graves para niñas y adolescentes en contextos de pobreza o comunidades rurales e indígenas, donde la desvinculación escolar suele acelerarse cuando el aprendizaje pierde significado.

En el mismo sentido, Paulina Amozurrutia, fundadora y coordinadora nacional de la organización civil Educación con Rumbo, sostiene que una educación de calidad debe basarse en evidencia científica y mecanismos de evaluación que permitan detectar rezagos y fortalecer el aprendizaje.

“La evaluación permite que el alumno identifique su nivel de aprendizaje y fortalezca sus puntos de mejora. Quitarle valía y no tomarla como punto indispensable para el cambio de ciclo escolar agranda la brecha educativa en nuestro país”, afirma.

También menciona que la asistencia escolar debería seguir siendo un componente relevante dentro de la evaluación integral, debido a que el ausentismo afecta tanto el desempeño individual como el desarrollo pedagógico de los grupos. “Al quitar estos requisitos como parte de una evaluación integral y del acceso a los siguientes grados escolares, no mejora la calidad educativa; por el contrario, la entorpece”, sostiene.

Amozurrutia considera que la prioridad debería centrarse en programas de regularización académica, capacitación docente y ajustes curriculares y del calendario escolar para atender los rezagos acumulados.

“Estas determinaciones son más una decisión política que pedagógica”, agrega.

Con información de El Universal