Comisionada de CEARV busca frenar acciones judiciales en medio de investigaciones por corrupción MPV
La titular del organismo de atención a víctimas enfrenta múltiples investigaciones y un conflicto abierto con autoridades judiciales, mientras intenta evitar posibles órdenes en su contra.
En un escenario marcado por tensiones institucionales y acusaciones cruzadas, Eva Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) en Morelos, promovió un juicio de amparo con el objetivo de impedir cualquier acción judicial en su contra, incluyendo órdenes de aprehensión, comparecencia o presentación.
Sin embargo, el intento legal no prosperó. El Juzgado Sexto de Distrito desechó la solicitud al detectar que ya existía otro amparo promovido por la misma funcionaria, bajo los mismos términos y contra los mismos actos. Este detalle, aparentemente técnico, revela una estrategia jurídica reiterada que, lejos de fortalecer su defensa, terminó por debilitarla en esta etapa.
El contexto es complejo. De acuerdo con declaraciones del fiscal especializado en combate a la corrupción, Leonel Díaz Rogel, la comisionada es objeto de al menos siete carpetas de investigación. Las indagatorias giran en torno a presuntas omisiones en el cumplimiento de sus funciones, particularmente en lo relacionado con la atención y garantía de derechos de las víctimas del delito.
Y es que, como subrayó el propio fiscal en declaraciones retomadas por El Universal, las denuncias provienen directamente de personas afectadas por delitos, quienes acusan falta de respuesta institucional. “Las víctimas requieren atención”, insistió, dejando entrever que la problemática no es menor, sino estructural.
Pero el caso no se limita a una sola línea de investigación. En paralelo, se ha desarrollado un conflicto abierto entre la funcionaria y el propio fiscal. Picazo Hernández presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Díaz Rogel y su hijo, Leonel Díaz Grajales, a quienes señaló de integrar una presunta red de abogados que asesoraba a víctimas para gestionar indemnizaciones y, posteriormente, exigir comisiones de hasta el 25%.
No obstante, esta acusación fue rápidamente desestimada. Según información oficial de la propia FGR, citada en distintos reportes periodísticos, la denuncia fue desechada el mismo día de su presentación por carecer de una narrativa detallada y de pruebas suficientes. Además, la autoridad federal determinó que no tenía competencia para investigar los hechos planteados.
Este cruce de señalamientos dibuja un panorama enrarecido. Por un lado, una institución encargada de proteger a víctimas enfrenta cuestionamientos sobre su desempeño; por otro, sus propios funcionarios se ven envueltos en disputas legales que, inevitablemente, erosionan la confianza pública.
Especialistas en derecho consultados por diversos medios nacionales coinciden en que el uso del amparo en estos casos es una herramienta legítima, pero también advierten que su reiteración sin sustento sólido puede interpretarse como una medida dilatoria. Además, subrayan que cuando existen múltiples investigaciones en curso, el proceso judicial tiende a avanzar con mayor rigor.
La situación, en suma, deja una sensación incómoda. En un sistema que debería priorizar la protección de las víctimas, el foco parece haberse desplazado hacia disputas internas y estrategias legales. Y mientras tanto, quienes esperan justicia continúan en segundo plano.
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