Polémica por tierras en Vichada salpica a Paloma Valencia: familiar rompió el silencio tras fallo que declaró baldías 6.000 hectáreas Infobae
La discusión por la propiedad de unas tierras en el departamento del Vichada volvió a poner en el centro del debate político a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, luego de que saliera a la luz un pronunciamiento de uno de sus familiares sobre un proceso judicial relacionado con cerca de 6.000 hectáreas que, años después de haber sido adquiridas, terminaron siendo consideradas terrenos baldíos por decisión de la justicia colombiana.
En medio de la controversia, Nicolás Laserna decidió divulgar un comunicado en el que explicó su versión de los hechos, marcando distancia frente a cualquier vínculo político con la dirigente del Centro Democrático. En su declaración, aseguró que aunque existe un parentesco familiar, la hoy candidata presidencial no tuvo participación alguna en la compra del predio ni en los procesos judiciales posteriores. “Primo de la madre de la candidata presidencial Paloma Valencia, quien no ha tenido relación ni incidencia alguna en la adquisición del predio Buenavista ni tampoco en las decisiones judiciales adoptadas por los jueces de la República”.
El caso generó ruido en escenarios políticos y administrativos, especialmente porque, según trascendió, la propia Valencia consultó ante entidades del Gobierno de Gustavo Petro detalles sobre la situación jurídica del terreno y el estado del expediente relacionado con su familiar.
De acuerdo con la reconstrucción entregada por Laserna, la historia comenzó en 2003, cuando adquirió el predio Buenavista mediante un contrato de compraventa celebrado con Milciades Burgos, a quien describió como un colono del Vichada que había ocupado y trabajado esas tierras desde 1976.
“Colono del Vichada, quien había iniciado la posesión del inmueble desde el año 1976, ejerciéndola de buena fe, de manera quieta, pacífica, pública e ininterrumpida”. Laserna detalló además que el predio lo adquirió mediante un contrato de compraventa celebrado en 2003 con Milciades Burgos. “La negociación fue realizada de manera libre y voluntaria, sin que existiera vicio alguno de consentimiento”.
Según explicó, cada hectárea fue pagada a 80.000 pesos. Más de una década después, en abril de 2014, presentó una demanda de pertenencia ante el juzgado correspondiente en Puerto Carreño, proceso en el que inicialmente obtuvo un fallo favorable que reconoció la adquisición del dominio del inmueble por prescripción extraordinaria. Sin embargo, el panorama cambió años más tarde.
En 2019, la Agencia Nacional de Tierras promovió una acción de tutela contra esa decisión judicial. La entidad argumentó que el caso debía revisarse a la luz de nuevos criterios fijados por la Corte Constitucional, especialmente tras la sentencia T-488 de 2014, que introdujo una interpretación distinta sobre la naturaleza jurídica de ciertos predios rurales.
Esa postura terminó siendo respaldada por el Tribunal Superior de Villavicencio y posteriormente por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, instancias que concluyeron que el predio debía regresar a su condición de baldío. Frente a ese desenlace, Laserna sostuvo que en los últimos meses su nombre ha sido expuesto públicamente de manera que, según él, no refleja el contexto jurídico bajo el cual actuó cuando realizó la compra.
“Resulta indispensable precisar que las afirmaciones realizadas en algunos escenarios públicos y mediáticos, orientadas a presentar la adquisición del predio Buenavista como un comportamiento ilícito, irregular o contrario a la moralidad por parte de Nicolás Laserna Serna, desconocen abiertamente el contexto normativo y jurisprudencial vigente para la época en que ocurrieron los hechos y en que fue adoptada la decisión judicial que declaró la pertenencia del predio, conforme a la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que estuvo vigente durante aproximadamente 80 años”.
Finalmente, Laserna reconoció que la devolución del predio sí se materializó y aseguró que la entrega fue realizada de forma voluntaria ante la Agencia Nacional de Tierras el pasado 5 de mayo de 2026. No obstante, afirmó que durante ese procedimiento hubo una utilización política de la información.
“Diligencia que fue aprovechada por servidores públicos con intereses políticos para publicar información inexacta y tergiversada. Fueron los jueces de la República de Colombia los que decidieron que el predio Buenavista retornara a su naturaleza de baldío y, por lo tanto, la decisión no fue proferida por los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, quienes se limitaron, conforme a sus funciones a cumplir lo ordenado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia”.
