¿La elección de Rubén Rocha Moya fue una “narcoelección”? Esto dijeron PRI, PAN y PRD ante la CIDH Infobae
Lo que la oposición denunció en 2021 ante organismos internacionales regresa hoy con nueva fuerza. Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya reactivaron un expediente que señalaba presunta intervención del crimen organizado en la elección que lo llevó al poder en Sinaloa.
La denuncia que llegó hasta Washington
En agosto de 2021, dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD viajaron a Washington para entregar un expediente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento acusaba una presunta “narcoelección” en Sinaloa.
Según los señalamientos, en diversas regiones del estado se registraron robo de urnas, bloqueos carreteros y presencia de grupos armados que habrían buscado inhibir la participación electoral o favorecer a Morena. Candidatos y equipos de campaña también denunciaron haber sido retenidos o amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado durante los días previos y posteriores a los comicios.
¿Qué resolvieron las autoridades en ese momento?
La CIDH recibió la documentación pero no emitió resolución para invalidar la elección ni abrió un procedimiento contra Rocha Moya. Las autoridades electorales de Sinaloa validaron los resultados y le entregaron la constancia de mayoría. El Tribunal Electoral reconoció diversos incidentes violentos durante la jornada, pero concluyó que no eran suficientes para anular los comicios.
Rocha Moya asumió el gobierno de Sinaloa.
Por qué resurge el tema en 2026
El expediente volvió al centro de la polémica luego de que la FGR retomara investigaciones sobre posibles vínculos entre actores políticos y grupos criminales en el proceso electoral de 2021, en el marco del caso Ismael El Mayo Zambada.
Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos van en la misma línea: señalan que Rocha Moya habría recibido respaldo del Cártel de Sinaloa, específicamente de Los Chapitos, durante la campaña de 2021, a cambio de protección institucional, filtración de información y facilidades para el tráfico de drogas. Los cargos incluyen narcotráfico, conspiración criminal, portación de armas y lavado de dinero.
Lo que Estados Unidos dice hoy sobre aquella elección
Según el Departamento de Justicia estadounidense, habrían existido reuniones entre operadores políticos y líderes criminales para garantizar protección al cártel a cambio de apoyo electoral y control territorial en Sinaloa. Señalamientos que, de comprobarse, convertirían aquella jornada electoral en exactamente lo que la oposición denunció hace cinco años.
El caso es inédito en México: es la primera vez que un gobernador en funciones enfrenta una solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos. La acusación llegó días después de que la FGR investigara la presencia ilegal de agentes de la CIA en operativos antinarcóticos en Chihuahua —otro caso que tensó la relación bilateral—, lo que algunos analistas leen como una escalada en la presión estadounidense sobre funcionarios mexicanos.
El gobierno de Sheinbaum ha sostenido que la solicitud carece de pruebas suficientes para proceder y ha reafirmado el principio de soberanía nacional. La oposición, mientras tanto, ha recurrido a Washington para exigir acciones —un camino que la Constitución mexicana no contempla—. Rocha Moya, por su parte, ha negado todas las acusaciones.
Los tiempos, las coincidencias y las versiones encontradas quedan sobre la mesa. Los hechos aún están por definirse.
