Sheinbaum y la herencia envenenada de AMLO El Imparcial
Eduardo Ruiz-Healy
El pasado 29 de abril, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros ocho funcionarios estatales y un senador, todos morenistas, de conspirar para introducir a Estados Unidos fentanilo y otras drogas, y solicitó a México su detención con fines de extradición.
No era la primera vez que Rocha aparecía vinculado al narcotráfico. El 25 de julio de 2024, en la misma finca donde fue secuestrado el ex líder de ese cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien pasó de ser secretario de Salud de Rocha a su rival político. En ese lugar supuestamente iba a verse con ellos Rocha. La ex fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, armó un montaje y, con un video de una gasolinera, intentó hacer creer que Cuén había muerto en un asalto callejero.
El 20 de octubre de 2024, con Claudia Sheinbaum ya como presidenta, la FGR desmontó esa versión con pruebas científicas y solicitó la detención de Quiñones y de varios de sus peritos. Ese mismo día el juez de control Alejandro Díaz, del Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, rechazó las órdenes de aprehensión. Hasta hoy, nadie ha ido a la cárcel por este caso.
Otro asunto que AMLO le heredó a su sucesora es el caso del almirante y secretario de Marina del sexenio pasado, José Rafael Ojeda Durán. Con él al frente, la Secretaría tomó el control operativo de puertos y aduanas. En septiembre de 2025, la FGR informó que Ojeda había denunciado a sus propios sobrinos por el delito de huachicol. Era una excelente historia: Un almirante que denuncia a los suyos.
Pero, antier, la propia FGR reconoció que esa denuncia nunca existió formalmente, que fue sólo una charla privada de Ojeda con el entonces fiscal Alejandro Gertz, sin ratificación escrita ni valor jurídico. El que denunció a los sobrinos ante Ojeda fue el contralmirante Rubén Fernando Guerrero Alcántar, a quien asesinaron en noviembre de 2024. Su asesinato permanece sin resolver.
En ambos casos, la Presidenta tiene tres posibilidades. Primera: Judicializar los casos, permitir que la FGR procese a Rocha Moya, transparentar el expediente Ojeda y recomponer la relación con EE.UU, a costa de reconocer implícitamente que su antecesor protegió a funcionarios vinculados al crimen organizado. Segunda: Mantener su línea de soberanía, rechazar las peticiones de la SDNY por injerencia extranjera y asumir el deterioro de la relación bilateral con los EE.UU en plena renegociación del T-MEC. Tercera: Entregar a piezas menores, como algunos de los acusados por la SDNY, procesar a los sobrinos del almirante y a la ex fiscal de Sinaloa y a sus peritos, y proteger a Rocha Moya y Ojeda el mayor tiempo posible. Es la más peligrosa: EE.UU afirma tener grabaciones que, de filtrarse, serían prueba de un encubrimiento institucional.
Al final de su Gobierno, López Obrador le dejó a la Presidenta los casos de un Gobernador acusado de narcotráfico por una fiscalía estadounidense y de un almirante cuya supuesta integridad fue una operación de comunicación política. Es una herencia envenenada que ahora ella tiene que resolver.
Eduardo Ruiz-Healy
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