El secretario de Hacienda y su detente SDP Noticias

“Las crisis financieras son castigos particularmente severos para los países que confunden propaganda con política pública”.

Carmen Reinhart

“Gobernar no consiste en negar la realidad, sino en impedir que la realidad termine negándote a ti”.

Pierre Rosanvallon

La Secretaría de Hacienda celebró esta semana que S&P Global Ratings mantuviera la calificación soberana de México en grado de inversión. Lo anunció casi con fanfarrias patrióticas, como si el país hubiera recibido una medalla económica y no una advertencia de terapia intensiva. El pequeño detalle que intentaron esconder debajo del escritorio es que la calificadora degradó la perspectiva de “estable” a “negativa”. Traducido del lenguaje tecnocrático al español de la vida real: todavía no te desconectan, pero ya llamaron al oncólogo.

Y no fue únicamente México. La misma agencia también deterioró específicamente la perspectiva de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, junto con varias de sus subsidiarias. El mensaje es brutal: el problema no es una variable aislada; es la estructura completa del modelo económico de la llamada Cuarta Transformación. Un modelo que confundió gasto político con desarrollo, propaganda con inversión y lealtad ideológica con sostenibilidad financiera.

Hacienda intenta vender el episodio como un trámite menor. Algo pasajero. Una nube técnica en el horizonte. Pero los mercados no funcionan con mañaneras motivacionales ni con discursos de plaza pública. Funcionan con números. Y los números de México empiezan a parecerse demasiado a esos edificios que por fuera siguen pintados, aunque por dentro ya tengan grietas en los cimientos.

El diagnóstico de S&P no cayó del cielo ni es producto de una conspiración neoliberal intergaláctica. La calificadora habló de bajo crecimiento, déficits fiscales elevados, incremento sostenido de la deuda y contingencias derivadas del rescate permanente de Pemex. Exactamente los mismos problemas que economistas, analistas y organismos internacionales llevan años señalando mientras desde Palacio se respondía con estampitas ideológicas y patriotismo performático.

La deuda pública es quizá el dato más demoledor. En 2018 rondaba los 10.5 billones de pesos. Para 2026 ya supera los 20 billones estimados. Duplicar la deuda en menos de una década mientras se presume austeridad republicana tiene algo de comedia involuntaria. Una especie de alcohólico financiero que vacía la botella mientras da conferencias sobre sobriedad fiscal.

Peor todavía: el costo financiero de esa deuda consume alrededor de 1.5 billones de pesos anuales. Dinero que no se destina a infraestructura productiva, hospitales, seguridad o educación. Dinero que simplemente se evapora pagando intereses. El país entero trabajando para cubrir el mínimo de la tarjeta gubernamental.

Y ahí aparece la parte más delicada del asunto: la confianza. Esa palabra que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, utilizó casi como acto de fe. “Yo confío”, dijo, respecto a revertir la perspectiva negativa. Lo preocupante es precisamente eso: que el técnico ya hable como predicador.

Yo también confío en que México gane el Mundial de 2026. El problema es que ni las finanzas públicas ni el futbol internacional se corrigen con optimismo. Se corrigen con estructura, disciplina, inversión y resultados. Y cuando uno revisa las variables reales —crecimiento mediocre, inversión debilitada, incertidumbre jurídica, déficit elevado, Pemex convertido en barril sin fondo y megaproyectos que siguen drenando recursos públicos— por momentos parece estadísticamente más viable levantar la Copa del Mundo que recuperar la perspectiva crediticia.

Porque lo verdaderamente alarmante no es la degradación en sí misma. Lo alarmante es la incapacidad política para corregir las causas que la provocaron. Reducir déficits implicaría recortar gasto. Contener deuda exigiría abandonar la lógica electoral permanente. Fortalecer la confianza requeriría ofrecer algo que esta administración ha dinamitado sistemáticamente: certidumbre institucional.

Ningún inversionista serio coloca capital a largo plazo en un país donde el Poder Judicial terminó convertido en espectáculo de acordeones, militancia y operación política. El dinero podrá tolerar populismo; lo que no tolera es incertidumbre jurídica. Ahí está una de las claves que el oficialismo sigue sin entender: las calificadoras no evalúan discursos soberanistas; evalúan capacidad estatal.

Y mientras el país hace agua, el gobierno continúa alimentando elefantes blancos que devoran recursos fiscales como tragamonedas averiadas. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, las transferencias permanentes a Pemex, los subsidios disfrazados de desarrollo regional. Obras concebidas más como monumentos políticos que como proyectos financieramente sostenibles.

La tragedia es que México todavía podría corregir el rumbo. Pero eso exigiría exactamente las decisiones que la 4T no quiere tomar: recortar gasto clientelar, abandonar proyectos inviables, reconstruir contrapesos institucionales y aceptar que la disciplina fiscal no es neoliberalismo maligno sino simple supervivencia estatal.

Por eso todo esto recuerda inevitablemente a los peores días de la pandemia. Aquella mezcla letal entre soberbia política y negación técnica. Andrés Manuel López Obrador enseñando estampitas religiosas como “detente” frente al Covid mientras Hugo López-Gatell repetía que no había nada de qué preocuparse… hasta que hubo cientos de miles de muertos.

Ahora el “detente” ya no es sanitario sino financiero. Ya no se trata de contagios, sino de deuda, déficits y deterioro estructural. Pero la lógica es idéntica: negar la magnitud del problema mientras el problema sigue creciendo.

La decisión de S&P tampoco apareció en el vacío. Fitch Ratings ya había rebajado la nota soberana de México en 2020. Moody’s Ratings también modificó perspectivas en años recientes. Y no, no fue una herencia tardía del peñismo como suele argumentar el obradorismo para explicar cualquier desastre contemporáneo, desde el crecimiento mediocre hasta los baches lunares. De hecho, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, México alcanzó algunas de las calificaciones crediticias más altas de las últimas décadas. El deterioro coincide temporalmente con la consolidación del modelo económico de la 4T. Los datos son incómodos, pero tienen la grosera costumbre de existir.

La ironía final es devastadora. Durante años el obradorismo construyó su narrativa sobre la idea de que primero eran los pobres. Y hoy, después de déficits históricos, deuda disparada y crecimiento mediocre, México corre el riesgo de terminar exactamente donde suelen terminar los experimentos populistas mal administrados: con menos crecimiento, menos inversión, menos margen fiscal y más vulnerabilidad para los mismos pobres que prometieron proteger.

Giro de la Perinola

Diversos modelos de inteligencia artificial calculan que México tiene entre 1% y 2% de probabilidades de ganar el Mundial de 2026. Viendo las finanzas públicas, quizá Hacienda debería empezar a trabajar más en el mediocampo que en la perspectiva crediticia.