Ministro de Trabajo acusó a Abelardo de la Espriella de ser “cómplice” de los privados tras fallo del Consejo de Estado: “¡Ahí está pintado el tigre!” Infobae
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó críticas contra el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026, norma mediante la cual el Gobierno reglamentó el traslado de recursos hacia Colpensiones.
A través de una publicación en su cuenta de X, Sanguino señaló a De la Espriella como uno de los demandantes del decreto y cuestionó su actuación frente a la medida cautelar adoptada por el alto tribunal. El ministro vinculó la demanda con la defensa de los fondos privados de pensiones y afirmó que el abogado actuaba en contra de los intereses de trabajadores y pensionados.
“¡Ahí está pintado el tigre! El candidato presidencial Abelardo De La Espriella es uno de los demandantes del decreto 415 del 2026 y uno de los que solicitó su suspensión. Como toda la derecha política, se revela como lo que es: un enemigo de los derechos de los trabajadores y pensionados", escribió el funcionario.
Y agregó: “Se comporta como un cómplice de los fondos privados que quieren seguir capturando ilegalmente los ahorros de los trabajadores que han decidido trasladarse a @Colpensiones de quien se declara con esto como su perseguidor”.
En otra publicación en X, Sanguino respondió a los cuestionamientos sobre la disponibilidad de los recursos destinados al pago de las pensiones de quienes realizaron el traslado hacia el régimen público. El funcionario sostuvo que el debate no se centra en la existencia del dinero, sino en la administración de esos recursos mientras Colpensiones asume el pago de las mesadas.
“Aquí el debate no es si la plata ‘existe’. Claro que existe. El problema es otro: hoy Colpensiones está pagando pensiones de miles de personas trasladadas al RPM, mientras los recursos que deberían financiarlas siguen en poder de las AFP”, indicó.
El ministro agregó que, a su juicio, no corresponde que el Estado asuma las obligaciones pensionales mientras los fondos privados mantengan bajo su administración los recursos de los afiliados.
“No es serio defender que el Estado asuma las obligaciones y el sector privado conserve los recursos. La discusión es de justicia, coherencia financiera y sostenibilidad del sistema pensional. Es un absoluto e inocultable descaro!”, afirmó.
Tras conocerse la decisión judicial, el jefe de la cartera laboral hizo un llamado a los ciudadanos que buscan trasladar sus ahorros desde los fondos privados hacia Colpensiones para que interpongan acciones de tutela de manera masiva. El ministro calificó la iniciativa como una “tutelatón” y sostuvo que el objetivo es que los jueces ordenen el traslado efectivo de los recursos.
En declaraciones públicas conocidas por Blu Radio, Sanguino afirmó: “Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón, para que los jueces de la República le ordenen a los fondos privados, como ha ocurrido en el pasado, que una vez la persona se traslade, se traslada con sus recursos, porque los dueños de esos recursos son los trabajadores”.
El Ministerio de Trabajo también anunció que el Gobierno impulsará otras acciones jurídicas para garantizar el traslado de los recursos hacia Colpensiones. Según explicó el ministro, el Estado cuenta con los recursos suficientes para asumir el pago de las pensiones de quienes ya cumplieron los requisitos y realizaron el cambio de régimen, aunque el traslado efectivo del dinero todavía no se haya concretado.
Consejo de Estado aclaró que las pensiones “no están en riesgo”
Luego de las declaraciones del Gobierno nacional, el Consejo de Estado emitió un comunicado el 12 de mayo en el que aclaró el alcance de la decisión judicial y rechazó interpretaciones según las cuales la suspensión del decreto impediría el pago de pensiones.
“Los Ministerios de Trabajo y Hacienda, junto con Colpensiones, dijeron públicamente que una decisión judicial impedía pagar las pensiones. El Consejo de Estado aclara que eso no corresponde a la realidad”, señaló el alto tribunal.
La corporación explicó que la decisión adoptada el 11 de mayo de 2026 suspendió temporalmente el decreto 415 porque el Gobierno habría excedido sus facultades reglamentarias al modificar el destino de los recursos pensionales, asunto que, según indicó, corresponde exclusivamente al Congreso de la República.
“¿Qué significa esto para los pensionados? El dinero existe, está disponible y sigue generando rendimientos. Lo único que se suspendió temporalmente es a dónde se destina ese dinero, no su existencia ni su seguridad. Por eso las pensiones no están en riesgo”, indicó el Consejo de Estado.
