El joven teniente ucraniano contestó demasiado, así que sus carceleros rusos le dieron una paliza. Según Alexei (apodo ficticio), un antiguo médico de la enfermería de la prisión rusa donde acabó ingresado, le quedaron “heridas extensas y hematomas que se le infectaron en las nalgas y la parte posterior de los muslos”.
Tras negársele la atención médica adecuada, falleció en octubre de 2022. Su cuerpo gangrenoso probablemente fue enterrado en una tumba sin nombre. Alexei nunca pudo averiguar su nombre.
Miles de soldados y civiles ucranianos han sido sometidos a violencia física y psicológica en centros de detención en Rusia y en la Ucrania ocupada, según nueve testimonios recogidos por la AFP —entre ellos, de funcionarios de prisiones rusos como Alexei— e informes de ONG y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la que Rusia es miembro.
Antiguos presos y familiares de detenidos han descrito cómo hombres fuertes fueron “quebrantados como perros”.
Tres ex funcionarios de prisiones, que desde entonces han huido de Rusia, confirmaron la violencia y los abusos, y uno de ellos afirmó que sus superiores les habían dado “carta blanca” para cometerlos.

La AFP pudo hablar directamente con uno de ellos y Gulagu.net, que documenta los abusos en el sistema penitenciario ruso, le dio acceso a los testimonios de otros dos. Sus declaraciones no solo ponen de manifiesto la magnitud de la violencia, sino también los esfuerzos sistemáticos de Moscú por ocultarla.
Utilizando documentos oficiales, la AFP pudo verificar la identidad de los oficiales —cuyos nombres hemos cambiado por razones de seguridad— y las prisiones en las que prestaron servicio.
El activista ruso Vladimir Osechkin, director de Gulagu.net —que significa “No al Gulag”—, afirmó que el “sistema de tortura y crueldad” está controlado conjuntamente por el todopoderoso servicio de seguridad FSB y las autoridades penitenciarias, con la complicidad de los órganos judiciales.
Nueve de cada diez prisioneros ucranianos afirmaron haber sido maltratados, y el 42% declaró haber sido víctima de violencia sexual, según un informe de la OSCE de octubre que cita a funcionarios ucranianos.
Muchos ucranianos también aparecen demacrados al ser liberados tras los intercambios de prisioneros. Y, al igual que en los gulags de Stalin, la mayoría se ven privados de todo contacto con el mundo exterior.
“Te quitan todo”, dijo Yaroslav Rumyantsev, de 30 años, un ex soldado ucraniano que sobrevivió tres años y tres meses en cautiverio. “Consiguen cambiar tu forma de pensar y hacerte creer que ya nadie te espera”.
Al menos 143 ucranianos, entre ellos seis civiles, han muerto en cárceles rusas en los últimos cuatro años, según informó la Fiscalía de Ucrania a la AFP.
La violencia contra los prisioneros ha sido común desde que estalló la guerra entre Kiev y los separatistas respaldados por Moscú en el este en 2014. Pero aumentó enormemente después de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, según Ucrania.
Según el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, en febrero había unos 7.000 prisioneros de guerra ucranianos en manos rusas. Otros 15.378 civiles han sido “detenidos ilegalmente”, según datos enviados a la AFP por la oficina ucraniana de derechos humanos.
El presidente ruso, Vladimir Putin, insistió el año pasado en que Moscú trataba a los prisioneros “humanamente”. La administración penitenciaria rusa no respondió a las preguntas que la AFP formuló a sus funcionarios.

Carta blanca
Sergei era miembro de las fuerzas especiales penitenciarias rusas “Spetsnaz”, asignadas a las cárceles donde se retenía a ucranianos tras la invasión.
“Antes de la primera misión, el jefe de nuestro grupo territorial reunió al personal y les comunicó que las normas vigentes ya no se aplicarían en el trato con los prisioneros de guerra. En otras palabras, nos dio carta blanca para usar la fuerza física sin restricciones. Y nadie sería responsabilizado”, declaró Sergei a la AFP. “El jefe nos dijo: ‘Sean severos, no teman a nada más’”.
Opuesto a la guerra, Sergei afirmó que se negaba a participar en la violencia y renunció al servicio militar ese mismo año, abandonando Rusia. “No habría podido vivir con eso y mirar a mis hijos a los ojos”, declaró.
Pero muchos de sus colegas estaban encantados de tener la oportunidad de usar “toda la violencia que quisieran”, añadió.
La Fiscalía ucraniana afirma haber localizado a presos ucranianos en al menos 201 centros de detención repartidos por 49 regiones rusas, algunas tan lejanas como el Lejano Oriente. Muchos otros se encuentran detenidos en 116 lugares del este de Ucrania, territorio ocupado.
El infante de marina ucraniano Yaroslav Rumyantsev fue hecho prisionero en Mariúpol en mayo de 2022 cuando, tras una de las batallas más feroces de la guerra, las tropas atrincheradas en la planta de Azovstal se vieron obligadas a rendirse.
En un principio, estuvo recluido brevemente en la prisión de Olenivka, en la región de Donetsk, donde una explosión mató al menos a 50 prisioneros ucranianos e hirió a decenas más en julio de 2022.
Posteriormente fue trasladado junto con unos 250 prisioneros al Centro de Detención Preventiva Número 2 en Taganrog, en el suroeste de Rusia, un lugar considerado uno de los peores centros de tortura.
Atados y con los ojos vendados, fueron recibidos por un “comité de recepción” de carceleros que los golpearon por todos lados con porras al entrar, una forma tristemente célebre de abuso utilizada en los “campos de filtración” de Chechenia durante la última guerra en la pequeña república del Cáucaso.
La violencia nunca cesó. Rumyantsev afirmó que los prisioneros quedaron reducidos a acobardarse como animales “golpeados”. “Hombres que defendían su tierra, que iban al gimnasio —hombres fuertes— fueron quebrantados como perros. Los destruyeron”.

Según un informe de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, publicado en septiembre y basado en el testimonio de antiguos prisioneros ucranianos, los métodos de tortura incluían violaciones, simulacros de ejecución, ahorcamientos simulados y descargas eléctricas, incluso en los genitales.
Según informaron, los presos también fueron obligados a permanecer en posiciones dolorosas y a someterse a intensos ejercicios físicos.
El ex funcionario de prisiones Vitali afirmó que se animaba a los reclusos rusos comunes a participar en la violencia, cuyo objetivo era obtener confesiones falsas. El activista ruso Osechkin afirmó que la tortura también se utilizaba para obtener información militar y obligar a los detenidos ucranianos a colaborar.
La comida también se utiliza para doblegar y deshumanizar a los prisioneros. Rumyantsev contó que, en ocasiones, le daban “exactamente dos minutos” para engullir la comida como un animal, bajo la amenaza de recibir más palizas.
Un ex prisionero declaró a Human Rights Watch que tenía tanta hambre que acabó comiendo cucarachas que atrapaba en su celda. Otros presos devoraban ratones crudos.
A esto se sumaban los castigos constantes y las numerosas normas destinadas a someter a los prisioneros, como la prohibición de mirar a los guardias a los ojos.
Rumyantsev recuerda haber tenido que permanecer de pie en grupo durante 16 horas seguidas sin poder ir al baño. “Los chicos se orinaban en los pantalones”, dijo. Luego vinieron los “experimentos”, como cuando sus carceleros les ordenaron que se tomaran de las manos y les aplicaron electricidad para ver “cuántas personas sentirían el dolor”.

El activista ruso de derechos humanos Osechkin, de 44 años, que vive en Francia bajo protección policial, afirmó que a menudo se hace “invisible” a los presos ucranianos dentro del sistema penitenciario, e incluso ha documentado casos en los que se les cambian los nombres.
Además, con frecuencia los mantienen separados. Alexei, ex médico de prisiones, afirmó conocer el caso de una cárcel entera que había sido vaciada para poder recluir a ucranianos sin testigos de los malos tratos que sufrían.
También se han implementado prácticas para ocultar la identidad de los torturadores. Sergei, el oficial de las fuerzas especiales “Spetsnaz”, afirmó que los miembros de su unidad no llevaban números de identificación ni cámaras corporales cuando estaban con prisioneros de guerra ucranianos.
Según él, tampoco se rellenaban los registros de intervención. “No había ningún informe sobre el uso de la fuerza física después de las misiones. Hacían lo que les daba la gana, dando rienda suelta a sus impulsos sádicos“.
Privar a los presos de comunicación con el mundo exterior también supone un castigo para sus familias.
Artem Kravtsova, hijo de Natalia Kravtsova y miembro de la brigada nacionalista ucraniana Azov, fue hecho prisionero en Mariúpol en mayo de 2022. Un año después, la Cruz Roja confirmó que estaba detenido. Desde entonces, este hombre de 52 años no ha vuelto a saber nada de él. Ella no está segura de que Artem, de 33 años, siga vivo. Con cada anuncio de un intercambio de prisioneros, Kravtsova siente una esperanza que luego se desvanece. “Aunque por fuera parezcas tranquila, por dentro ardes”, dijo.
Los intercambios se han convertido en acontecimientos importantes para las familias de los desaparecidos. Muchas viajan para recibir a los prisioneros que regresan con la esperanza de obtener información sobre sus seres queridos.
Cuando se localiza a un detenido, a veces es posible utilizar la plataforma en línea de la administración penitenciaria rusa para escribirle.
Pero para ello se necesita un número de teléfono en Rusia. Una activista rusa declaró a la AFP que ha permitido que diez ucranianos utilicen su número para escribir a sus familiares.
Ella se cartea con presos políticos rusos, quienes le transmitieron información sobre 15 ucranianos cuyas familias no tenían noticias de ellos.
Roumyantsev, el infante de marina, recibió solo una carta poco antes de su intercambio. Fue la única vez que lloró en prisión. “Vi esas primeras palabras de cariño... y se me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba temblando y mi amigo me puso la mano en el hombro y me dijo: ‘Eso significa que sigues siendo un ser humano’”.
La maestra Olga Baranevska, de 62 años, desapareció en la ciudad ocupada de Melitopol en mayo de 2024 tras negarse a cooperar con las autoridades rusas. Su hija Aksinia Bobruiko, refugiada en Alemania, tardó dos meses en enterarse de que su madre, que padece graves problemas de salud, estaba en prisión. Fue condenada a seis años de cárcel en noviembre de 2024 por “posesión” de explosivos, cargos que, según su familia, fueron inventados. Su hija pudo averiguar por medio de la gente que estaba allí que seguía viva, pero poco más.
Bobruiko ahora ayuda a documentar las penurias de otros civiles detenidos a través del proyecto “Tsyvilni v Poloni”, que significa “Civiles en cautiverio”, y trabaja con una ONG llamada “Numo, Sestry!” o “¡Vamos, hermanas!”.
Fue creada por la ex prisionera Liudmyla Guseynova, quien vivió un infierno a manos de sus carceleros durante tres años y 13 días. La mujer de 64 años dirigía un albergue infantil en la Donetsk ocupada cuando fue arrestada en 2019 por separatistas prorrusos por apoyar a Kiev. Tras su detención en una tristemente célebre prisión de la ciudad de Izolyatsia, Guseynova permaneció recluida en un calabozo en aislamiento durante 50 días. La filmaban constantemente y tenía que permanecer de pie todo el día bajo amenaza de castigo. Sus guardias le ponían una bolsa de tela en la cabeza y la sometían a diversas humillaciones, según relató.

Los presos, tanto hombres como mujeres, eran obligados regularmente a “entretener” a los soldados que estaban de permiso.
Posteriormente fue trasladada al Centro de Detención Preventiva Número 5 en Donetsk, donde compartió una celda pequeña y sucia con alrededor de 20 presos comunes.
Según ella, las condiciones eran “espantosas”, con un simple agujero en el inodoro y colchones sucios “llenos de insectos”. Muchos detenidos padecían VIH, tuberculosis y dermatitis.
Un día la llevaron ante un investigador que “se tapó la nariz con un pañuelo porque mi cuerpo apestaba muchísimo. Le dijo a otro investigador: ‘No te acerques a ella, ¿acaso no ves que está llena de chinches?’”
Los responsables de este “sistema de tortura y esclavitud” deben rendir cuentas ante un tribunal internacional, declaró el activista de derechos humanos Vladimir Osechkin.
“Los encontraremos y los castigaremos a todos”, prometió Sergei, el oficial de las fuerzas especiales penitenciarias rusas convertido en denunciante.
(AFP)
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