Ataque armado en casa de Rocha Moya no cambia protocolos de seguridad del gobernador con licencia, informa Yeraldine Bonilla Infobae
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, asegura que Rubén Rocha Moya permanece en el estado y que no ha solicitado reforzar su protección, a pesar del ataque con armas de fuego contra una de sus viviendas en la colonia Las Quintas de Culiacán.
Asimismo, aclaró que su último contacto con el gobernador con licencia ocurrió el día en que asumió el cargo, cuando él la felicitó por teléfono. Desde ese momento, no ha existido comunicación directa ni se ha recibido alguna petición relacionada con seguridad a través de la Secretaría de Seguridad Pública.
“La última llamada que tuve con él fue el día de mi toma de protesta para felicitarme y desearme éxito en mi gobernatura interina”, comparte la mandataria durante una reunión con medios.
El inmueble atacado llevaba una década deshabitado
Según las investigaciones, la vivienda permanecía desocupada desde hacía aproximadamente 10 años al momento del ataque, por lo que solo recogieron casquillos percutidos en el sitio y no reportaron personas lesionadas.
Bonilla Valverde subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya había abordado el incidente durante la conferencia matutina, donde se confirmó la ausencia de heridos y el abandono del inmueble. El secretario de Seguridad también ratificó esta información.
“Ese tema ya lo mencionó la presidenta de la República en la mañanera. Esa casa está deshabitada desde hace 10 años y no hubo lesionados”, precisó la gobernadora.
Actualmente, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer si existe participación de algún grupo delictivo en el ataque armado. El caso se discute y monitorea en la Mesa de Seguridad estatal.
Respecto al paradero del gobernador con licencia, Bonilla Valverde es enfática: “Ya lo dijo también el día de ayer en la mañanera la presidenta, el gobernador con licencia sigue aquí en el estado de Sinaloa”.
El proceso que llevó a la licencia
El Congreso de Sinaloa aprobó el 2 de mayo la licencia temporal de Rocha Moya con 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. La separación del cargo se formalizó un día después de que el propio gobernador la solicitara, el 1 de mayo.
La solicitud llegó tras el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el 29 de abril reveló cargos formales contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa. Los delitos imputados incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, con penas mínimas de 40 años.
¿Qué implica la solicitud de detención provisional?
La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que lo que presentó Washington no fue una solicitud formal de extradición, sino una petición de detención provisional bajo el marco del Tratado de Extradición bilateral. La diferencia es sustancial: el proceso de extradición propiamente dicho solo arranca cuando Estados Unidos entrega la solicitud formal con pruebas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
A partir de esa detención provisional, el gobierno estadounidense tiene 60 días para presentar la documentación formal —que incluye copia certificada de la orden de aprehensión, pruebas que vinculen al acusado con los delitos y documentos legalizados conforme a la ley mexicana. Si vence ese plazo sin la entrega requerida, la detención debe concluir, aunque la extradición puede reactivarse si los documentos se presentan posteriormente.
La FGR determinó que la solicitud estadounidense “no cuenta con elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes” y abrió su propia investigación para recabar información. La Cancillería también cuestionó la forma en que se dieron a conocer los cargos, dado que los tratados prevén confidencialidad, y envió una carta de extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos.
La posición de Sheinbaum y el debate sobre las pruebas
La presidenta Sheinbaum ha sostenido que México solo procedería si Estados Unidos presenta pruebas claras. Analistas señalan que la acusación se sustenta principalmente en los testimonios de Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán, hijos de “El Chapo” y testigos colaboradores en ese país, quienes acusan directamente a Rocha Moya de haberles entregado dinero.
El propio gobernador con licencia calificó los señalamientos de “falsos y dolosos” y argumentó que la acusación viola la soberanía de México y ataca al movimiento de Morena. La discusión pública gira en torno a si las pruebas que eventualmente presente Washington serán suficientes para que las autoridades mexicanas procedan.
