CNT denuncia a Almeida por presunta prevaricación y discriminación en el proceso de regularización de migrantes Infobae
La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto de CNT y Regularización Ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández por presunta prevaricación e irregularidades en la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno.
La denuncia, firmada por el secretario general del sindicato, Pablo Redondo Jiménez y a la que tuvo acceso Europa Press, solicita que acuerde la apertura de la correspondiente investigación y ejercite las acciones penales de los delitos que se denuncian ante la autoridad judicial que resulte competente.
El sindicato sostiene que el Ayuntamiento habría obstaculizado "el acceso de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular a los certificados de vulnerabilidad exigidos para tramitar su regularización extraordinaria antes del próximo 30 de junio".
El escrito atribuye a los responsables municipales posibles delitos de denegación discriminatoria de prestación pública, recogido en el artículo 511 del Código Penal, y de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404.
Además del alcalde, la denuncia incluye como presuntos responsables al concejal delegado de Políticas Sociales, José Fernández Sánchez; a la coordinadora general de Políticas Sociales, Raquel Muros Delgado; a la directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, María Consolación Alfaro Moreno; y a la jefa del Departamento de Coordinación y Programación de la Atención Social Primaria, María Pilar Benito Pecharromán.
TRABAS BUROCRÁTICAS
Según la denuncia, los protocolos implantados por el Ayuntamiento desde finales de abril habrían introducido "trabas burocráticas adicionales" para acceder a los servicios sociales municipales y obtener el certificado de vulnerabilidad necesario para completar el proceso de regularización.
La CNT sostiene que dichas medidas afectaron especialmente a personas migrantes con dificultades idiomáticas, problemas de acceso digital o sin recursos económicos, provocando retrasos que podrían dejar fuera del proceso a numerosos solicitantes.
El Gobierno aprobó el pasado 15 de abril de 2026 el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes mediante el Real Decreto 316/2026. Entre los requisitos establecidos figura la acreditación de situación de vulnerabilidad a través de servicios sociales públicos o entidades colaboradoras autorizadas.
La denuncia señala que, tras la entrada en vigor de la norma, los centros de servicios sociales municipales de Madrid no recibieron instrucciones claras durante varios días pese al fuerte aumento de solicitudes.
Posteriormente, el 21 de abril, los trabajadores sociales recibieron órdenes para cancelar citas previamente organizadas y derivar las solicitudes al sistema de Registro General del Ayuntamiento. Según el sindicato denunciante, este nuevo procedimiento añadió barreras administrativas y retrasó el acceso a los informes necesarios para la regularización.
ALMEIDA NIEGA QUE HAYA COMETIDO DELITO ALGUNO
Almeida, por su parte, ha trasladado en un acto con prensa en Carabanchel que, aunque no conoce la denuncia, sí está seguro de que tanto él como el delegado Fernández no han cometido ilícito penal alguno y que esto le "parece más bien una maniobra de propaganda por parte de la CNT".
Lo sustenta en que no le consta siquiera que CNT se haya dirigido de cualquier manera al Ayuntamiento de Madrid instando a que acometiera cualquier tipo de actuación en relación con el proceso de regularización.
"Este es un Estado de Derecho, que acudan a la Fiscalía, pero conviene acudir a la Fiscalía no para obtener un titular, sino cuando verdaderamente se pueda haber producido un ilícito penal. E insisto, estoy seguro de que ni el delegado ni yo hemos cometido ese ilícito penal. Así que tranquilidad total y absoluta", ha contestado a los periodistas.
EL SINDICATO SE REFIERE A UNAS DECLARACIONES DE ALMEIDA
El documento de CNT también cita declaraciones realizadas por Martínez-Almeida el 16 de abril tras la Junta de Gobierno municipal. Según la denuncia, el alcalde aseguró públicamente que el Ayuntamiento "no iba a colaborar" con el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo central.
La CNT considera que esas manifestaciones reflejan "una voluntad política de obstaculizar el procedimiento" y relaciona dichas declaraciones con los protocolos posteriores implantados en servicios sociales.
La denuncia subraya además que el Ayuntamiento conocía previamente la situación de saturación de los servicios sociales municipales. El escrito recoge datos internos que reflejarían esperas medias de hasta 36 días para obtener cita en servicios sociales y demoras superiores a los 50 días en algunos distritos como Villaverde, Hortaleza o San Blas-Canillejas.
Pese a ello, el sindicato sostiene que el consistorio no adoptó medidas extraordinarias de refuerzo de personal para afrontar el incremento de solicitudes derivado del proceso de regularización.
DILIGENCIAS
La CNT solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación, reclame los protocolos internos elaborados en abril y tome declaración tanto a los responsables políticos como a trabajadores sociales y personas migrantes afectadas.
Entre las diligencias solicitadas figuran requerimientos al Ayuntamiento para que aporte comunicaciones internas, datos sobre citas anuladas y estadísticas de emisión de certificados de vulnerabilidad.
Asimismo, el sindicato pide investigar quién elaboró y ordenó aplicar los protocolos denunciados y por qué dichos documentos carecían, según la denuncia, de firma oficial.
